Proyecto de ley sobre declaración de necesidad de la Reforma Constitucional

21 de octubre de 1993
44ª Reunión – 17ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 3863 a 3880

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: algunos de los que me precedieron en el uso de la palabra dijeron que éste es un debate histórico. Al tomar la palabra, yo me siento partícipe de este debate histórico. No sé si esta iniciativa por la cual proponemos la declaración de la necesidad de la reforma constitucional terminará con la reforma efectiva de la Constitución. Sólo intentamos dar el primer paso; hay muchos pasos siguientes y los sabemos difíciles. Pero si no se llegara a concretar aquello a lo que aspiramos, de todos modos quedaremos muy satisfechos por haber intentado dos veces, en lo que va de este siglo, una reforma de la Constitución siguiendo las pautas, los caminos y los mecanismos que prevé la propia Constitución Nacional.
Quiero dejar en claro, señor presidente, que nosotros hemos seguido y vamos a seguir el camino de la Constitución para promover su reforma. Bajo ningún punto de vista vamos a violar su letra ni su espíritu. Y si estamos aquí, debatiendo la reforma de la Constitución, lo hacemos no por un capricho personal ni por una circunstancia oportunista, sino siguiendo el mandato de nuestro partido. En primer término, por vía de su Consejo Nacional, y luego con la ratificación —hace pocos días— del Congreso Nacional del partido, que nuestro bloque hizo suya oportunamente.
Lo hacemos con la convicción firme, hoy más firme que nunca, como peronistas, de que al promover la reforma estamos cumpliendo con un mandato histórico que nos legara el fundador de nuestro partido. Porque siempre se entendió que ser peronista es, también, ser reformista. Y reformista no sólo en lo que hace a las grandes transformaciones del país, sino también en lo que hace a sus leyes fundamentales, entre ellas, la Constitución Nacional.
Por eso, señor presidente, no podemos admitir, bajo ningún punto de vista, que se nos vengan a endilgar propósitos subalternos o mezquinos a la hora de juzgar nuestra reforma. No nos creemos los poseedores de la verdad; podemos estar equivocados. Podemos no haber elegido los mejores textos; podemos no haber elegido el mejor momento. Podemos a juicio de algunos, haber equivocado algunos pasos. Pero lo que nunca vamos a admitir es que se ponga en duda la buena fe que nos anima al impulsar esta reforma.
Es por esto que rechazamos y repudiamos estas expresiones agraviantes que, en algunos casos, han venido de algunos que han pretendido ver en esta reforma propósitos pequeños o mezquinos, cuando nosotros tenemos toda una tradición en materia reformista, tradición que se enraíza en los comienzos mismos de la historia del peronismo
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Oraldo N. Britos.
Sr. Menem. — No vamos a responder a tantos agravios porque en definitiva, creo que este debate —dejando a salvo algunos episodios desafortunados— ha tenido nivel y jerarquía y, en última instancia, no agravia el que quiere sino el que puede y tiene con qué agraviar.
Nosotros, como bloque justicialista, hemos impulsado la necesidad de la reforma constitucional tomando como base un proyecto que elaborara nuestro movimiento, que en su momento encomendó a una comisión de juristas del partido la redacción de una propuesta, ratificada luego por el Consejo Nacional del Movimiento Nacional Justicialista y que nuestro bloque tomó como suya.
Esta propuesta fue enriquecida a través de una larga labor que demandó varios meses, que necesitó de arduas negociaciones entre todos los integrantes del bloque y que, en algunos momentos, nos llevó a ríspidas discusiones. Pero fue un trabajo hecho de buena fe, realizado con convicción democrática y patriótica.
Fueron varios meses de trabajo. Por eso no puedo aceptar desde ningún punto de vista que se diga que hay improvisación. ¿Improvisación de qué, si en definitiva el texto que propusieron los juristas de nuestro partido no hizo más que recoger años de experiencia en materia de propuestas de reformas de la Constitución? Fueron horas de trabajo dentro y fuera del partido, inclusive realizando largas y arduas tareas junto con integrantes del principal partido opositor.
Nadie me ha contado esta historia; he sido partícipe. Porque junto con destacados dirigentes de la Unión Cívica Radical en su momento —cuando el radicalismo convocó a una reforma— participé en las tareas de elaborar un proyecto de reforma de la Constitución.
Por eso hoy como justicialista e integrante de este bloque me siento moralmente legitimado para ocupar esta banca con que me ha honrado el pueblo de mi provincia para venir a exponer la necesidad de la reforma constitucional.
Aquí se ha hablado con términos grandilocuentes acerca de que se quiere manosear la Constitución Nacional. Se ha dicho que promover esta reforma constituye un verdadero golpe de Estado. ¡Qué forma particular de hacer un golpe de Estado, desde una banca y con la Constitución en la mano, tratando de actualizarla a la luz del día y luego de muchos meses de trabajo! ¡Se dijo que va a provocar la división de los argentinos!
Y este debate, por las circunstancias que tiene la vida política, empezó antes de un proceso electoral y está culminando después de producida la elección. Los resultados del 3 de octubre nos dan hoy más fuerza que nunca —creo que así lo sienten los integrantes de mi bloque— para formular que esta idea de la reforma de la Constitución cuenta con el aval de la gran mayoría del pueblo argentino.
Cuando luego de muchas postergaciones tuvimos que afrontar aquel debate del 7 de septiembre, hasta algunos propios integrantes de nuestro partido, nos decían ¡Qué imprudencia! ¡Hacer un debate de la necesidad de la reforma de la Constitución antes de un acto electoral! ¡Darle oportunidad a la oposición para que puedan descargar todas sus baterías de crítica contra el gobierno, darles pantallas, espacios en la prensa y en las radios para que hablen o expongan en contra del gobierno de la Nación!
Nosotros no le tuvimos miedo a ese debate. No tuvimos miedo de que pudiera influir en el resultado electoral. Más aún: apostamos fuerte cuando aceptamos el debate antes de la elección porque sabíamos que si los resultados iban a ser como nosotros presumíamos, porque sentíamos el apoyo de la gente, hoy íbamos a venir aún con más autoridad que antes a decir por qué queremos la reforma de la Constitución.
Es claro: el resultado del 3 de octubre puede admitir distintas lecturas. He visto por ahí que, de acuerdo con la opinión de un destacado dirigente del radicalismo, la elección habría sido perdida por el justicialismo porque él dice que sólo hemos obtenido el cuarenta y tres por ciento de los votos, con lo cual hubo un cincuenta y siete por ciento en contra. Está bien, es una forma muy particular de leer los resultados de las elecciones.
Pero nosotros estamos seguros de que ese cuarenta y tres por ciento marca a fuego una diferencia en el favor de la gente, no sólo hacia un programa de gobierno sino también hacia el proyecto de reforma de la Constitución. Ninguno de los que votaron en el país el 3 de octubre pasado ignoraba que nosotros, dentro de nuestro programa de gobierno, impulsábamos la reforma constitucional. Concretamente, lo estábamos haciendo.
El tema de la reforma no lo planteamos hoy por primera vez. Dije que viene desde el nacimiento mismo del peronismo. Hicimos la reforma de 1949, tantas veces citada en este debate. Incluimos el tema de la reforma en nuestra plataforma electoral de 1983 y volvimos a hacerlo en nuestra plataforma electoral de 1989, cuando dijimos expresamente que la reforma constitucional es el pacto institucional para el gran proyecto nacional. Pero antes que eso hubo manifestaciones muy concretas del peronismo en favor de la reforma.
Aquí se citó varias veces la opinión del general Perón cuando en 1974, en un célebre discurso al anunciar el Plan Trienal dijo: “… La realidad de nuestra sociedad y aspiraciones proyectadas al siglo XXI tendrá que plasmarse en una nueva Carta Magna, a través de una reforma constitucional. Esta reforma deberá receptar en normas jurídicas el sentimiento de revolución pacífica que anida en todos nosotros, dentro de nuestra tradición y de nuestras costumbres. Ese fue el espíritu humanista con que se encaró la reforma constitucional de 1949, cuyos principios asentados en la esencia misma de la realidad cultural, política, social y económica de la Nación deberán revisarse pues, como la Constitución deberá perdurar en el tiempo, debe incluir el sentido de la evolución del mundo en el que nos tocará vivir en el año 2000. Queremos que se afiance la unión nacional como paso necesario para avanzar decididamente en el camino de la unidad continental…”
Es por eso que cuando la Unión Cívica Radical, desde el gobierno, impulsó la reforma de la Constitución, nosotros no dudamos un instante en aceptar este desafío y nos pusimos a disposición para trabajar en ello. Nunca pusimos obstáculos, nunca hicimos especulaciones de tipo electoralista pensando que un partido que inobjetablemente ganó las elecciones de 1983 y 1985 podía tener, tal como se avizoraba en ese tiempo, para varios años de gobierno.
Recuerdo que en 1986, cuando empezó este movimiento en favor de la reforma de la Constitución, se nos consultó acerca de si la íbamos a apoyar o no. Y lo dijimos expresamente, escribimos artículos, participamos en debates, asistimos a reuniones sin el menor egoísmo.
En ese momento, el partido gobernante fue apoyado por los abrumadores resultados electorales de 1985, que únicamente no les fueron favorables en dos provincias, ya que no triunfaron ni en La Rioja ni en Formosa. A excepción de estas dos provincias el triunfo electoral en todo el país fue tan abrumador que se pensaba que les daba pie para fundar la segunda República, como se empezó a hablar en ese momento. Una segunda República que tenía como eje, como impulsor, al entonces presidente de la Nación.
Cuando en ese tiempo se nos consultó si estábamos de acuerdo con la reforma yo respondí afirmativamente. Al respecto debo señalar que en este tema, en esta historia, todos hemos venido dejando en las declaraciones a la prensa, en los programas, en los diarios, algo así como las huellas digitales respecto de nuestra posición en materia de la reforma constitucional. No debemos ser flacos de memoria, debemos rescatar lo señalado, no para hacer reproche alguno —yo aquí no voy a hacer ningún reproche a nadie— sino para recordar posiciones en un aporte a la verdad histórica de la cual tanto se ha hablado y también para fundamentar por qué estamos en este proyecto de reforma.
En ese tiempo, señor presidente, con fecha 5 de noviembre de 1986 periodistas del diario “La Nación” me solicitaron una entrevista; no sólo a mí sino a varios entre los que se encontraba el doctor de la Rúa. En esa oportunidad dije expresamente: “Como justicialista no puedo menos que proclamar firmemente mi posición favorable a la necesidad y oportunidad de encarar esta magna tarea sin dilación, aunque con grandeza de objetivos. Nuestro movimiento siempre ha considerado que la Constitución, además de traducir la visión de una realidad política cultural y económica, constituye sustancialmente un programa de acción. En este sentido resulta obvio que la Constitución vigente respondió a las doctrinas imperantes en el mundo occidental durante la primera mitad del siglo XIX, cuando regía el más crudo liberalismo, así como a la necesidad de aprehender los singulares perfiles de la situación institucional y social que vivía en ese momento nuestro país”.
Más adelante, y referido concretamente al tema que parece que constituye la divisoria de las aguas respecto de la reforma, se me preguntaba sobre la temática de la posible reelección del entonces victorioso presidente Alfonsín, a lo que yo respondía de la siguiente manera: “En cuanto al tema de la reelección presidencial, que es el que ha suscitado suspicacias y especulaciones de política partidaria, no tengo ninguna duda de que debemos admitirla.
La circunstancia de que el partido gobernante no parece disponer de otro candidato con posibilidades para las próximas elecciones presidenciales como lo es el doctor Raúl Alfonsín, no debe ser determinante, ni para que los radicales impulsen la reforma con ese propósito ni para que la oposición rechace una disposición semejante. Mucho menos lo podemos hacer los justicialistas porque en la Constitución de 1949 se admitía expresamente la reelección. De todos modos (decía yo) se trata de un tema menor frente a los grandes objetivos que debe perseguir la reforma de nuestra Ley Fundamental”.
¿Cómo, entonces, señor presidente, se nos puede venir a decir ahora que estamos impulsando la reforma nada más que por la reelección, cuando nosotros claramente nos pronunciamos a favor de la reforma y de la reelección en el momento de mayor gloria del gobierno de la Unión Cívica Radical, en oportunidad en que parecía que se iban a “comer” todas las elecciones?
Por eso no puedo admitir esta crítica mezquina que quiere subalternizar nuestros propósitos en favor de una actualización de nuestra Ley Fundamental.
Casi siempre, cuando se habla de la reforma de la Constitución se hace referencia a la necesidad y a la oportunidad de la reforma. Parece que son —lo decía yo en algunas conferencias— las dos coordenadas cartesianas en las cuales se encuadra toda la discusión de la reforma constitucional: la necesidad, por un lado, y la oportunidad, por el otro.
En realidad, el artículo 30 de la Constitución tantas veces mencionado sólo habla de la necesidad de la reforma; no se refiere a la oportunidad. La oportunidad fue un agregado posterior. Y en esto coincido con el tantas veces citado Vanossi que dice que cuando hay necesidad la oportunidad pasa a un segundo plano, porque si algo es necesario no lo es para el futuro sino para hoy, para el aquí y ahora, como se suele decir. Nadie va a prever lo que puede ser necesario dentro de diez años. Sin embargo, este tema de la oportunidad ha sido el argumento, el pretexto tantas veces utilizado en nuestro país para oponerse cada vez que se quiso hacer algún cambio fundamental. Ya me voy a referir en concreto al tema de la oportunidad.
Pero quiero decir que últimamente, además de la necesidad, que es el único requisito que marca la Constitución, además de la oportunidad, que fue agregada para parar alguna reforma, se empezaron a sumar otros requisitos. Se comenzó a hablar, por ejemplo, de urgencia. Cuando explicábamos que además de necesaria es oportuna la reforma, muchos dijeron; Ah, pero no es urgente. ¿Qué urgencia hay para reformar la Constitución? Acá mismo alguien habló de la urgencia. Se dice que no hay urgencia, como si la Constitución en su artículo 30 hablara del requisito de la urgencia.
Después se habló de que antes de reformar la Constitución hay que cumplirla, como si el artículo 30 dijera que antes de reformarla hay que tener el certificado de haberla cumplido. Luego se dijo que antes de reformarla hay que ver si están solucionados todos los problemas de la comunidad, porque ¿cómo se puede hablar de la reforma si hay problemas de cloacas, de agua potable, de vivienda? No, no podemos pensar en la reforma, se dijo, como si mientras nosotros habláramos de la reforma se parara la vida de todo el país y se dejaron de hacer los trabajos públicos.
Últimamente, también se habla del consenso. Es decir que además de tener que acreditar la urgencia, que no existen otros problemas y, en fin, todo lo que he venido diciendo, se requiere algún tipo de consenso distinto del que marca la Constitución. Luego me referiré en particular al tema del consenso. Sólo quiero decir que realmente éstos son meros pretextos para oponerse a la reforma de la Constitución.
En algún momento alguien podría haber dicho con un lenguaje pintoresco: “Esto es pura cháchara”, porque realmente lo único que cuenta aquí es la necesidad de la reforma de la Constitución. Y si hablamos de la necesidad creo que el discurso no puede ser muy largo porque aquí todos se postulan reformistas. No escuché a nadie ( … ) debo decir algunas excepciones, muy pocas, allá veo a los integrantes del Pacto Autonomista Liberal que realmente siempre han dicho que no eran reformistas, aunque ahora han participado en la reforma de la Constitución de la provincia a la que representan. (Risas.) Pero una cosa parece ser la provincia y otra cosa la Nación.
Sr. Romero Feris. — Hubo consenso y ahí están los resultados.
Sr. Menem. — Ha sido una mera referencia.
Sr. Aguirre Lanari. — Fue por unanimidad.
Sr. Menem. — Parece que cuando conviene hay que hacer la reforma y cuando no conviene, no. Aquí todos se proclaman reformistas, pero a la hora de querer impulsar la reforma marcan una diferencia. El señor senador por Catamarca lo explicó con un lenguaje muy sutil. Él dijo: “Depende de las circunstancias”; y claro que es así. Parece ser que la circunstancia se da únicamente cuando el que hace la reforma es el radicalismo; cuando la quiere hacer el justicialismo esa circunstancia no se da.
Ayer lo interrumpían al señor senador Figueroa cuando no se explicaba cómo era posible que cuando el justicialismo quería reformar la Constitución de Santiago del Estero el radicalismo no le daba la reelección y, en cambio, cuando se hizo la reforma en Córdoba, el radicalismo votó en favor de la reelección. Un señor senador de la bancada radical dijo que las circunstancias eran distintas. ¿Por qué en un lado sí y en otro no? (Risas). La circunstancia distinta es que en Santiago del Estero gobernaba el justicialismo y en Córdoba el radicalismo. Aquí está la divisoria de las aguas. El radicalismo, por obra de una gracia especial, por algún óleo carismático, es el único que puede encarar la reforma de la Constitución. Si lo hacen ellos, está bien; si lo hace el justicialismo es porque persigue únicamente un propósito reeleccionista.
Por eso, señor presidente, quiero decir que no podemos subalternizar con este tipo de argumentos la necesidad de la reforma.
Parece obvio que luego de ciento cuarenta años nuestra Constitución tenga que recibir algunas reformas que la pongan a tono con nuestro tiempo. Negar la necesidad de la reforma es como negar lo que ha pasado en estos ciento cuarenta años; es negar los cambios en el país y en el mundo; es negar que el tejido social es distinto; es negar que han nacido nuevas formas de poder en el país y en el mundo; es negar la revolución industrial, la revolución tecnológica, los nuevos espacios de poder en el orden internacional y, en definitiva, los cambios que se han producido. Fíjense que cuando se sancionó nuestra Constitución no se conocían ni el comunismo ni el gran capitalismo, o sea los dos polos que se dividieron el poder hegemónico del mundo, por supuesto antes de la conquista del desierto, ni todo lo que hace a los cambios introducidos por la técnica en el mundo —las aplicaciones de la electricidad, la teoría de la relatividad, los grandes descubrimientos hechos por la revolución intelectual y técnica producida entre 1895 y 1905—; como ya dije, no había surgido el gran capitalismo ni se había instaurado ese régimen comunista…
— Suena la campanilla.
Sr. Presidente (Britos). — Ruego a los señores senadores no conversar en las bancas, porque de lo contrario no podemos escuchar.
Sr. Menem. —… ni se había instaurado ese régimen comunista —repito— que cambió el mapa del mundo. Es claro, algunos dirán: “¿y esto qué tiene que ver con la Constitución?” Tiene mucho que ver.
Alberdi decía que la Constitución es la carta de navegación de la Confederación Argentina, y la carta de navegación no puede ser la misma en 1993 que en el mundo de 1853. El destino de esta gran nave es el mismo, pero los rumbos o caminos para llegar a él son los que han cambiado. No hemos arriado ninguna de nuestras banderas, que están ahí, en los mástiles. Posiblemente hayamos cambiado algunos mástiles porque el tiempo también ha influido para ello, pero las banderas siguen siendo las mismas.
Los principios que animan e informan la vida a bordo de esta gran nave siguen siendo los mismos, es decir los principios pétreos de la convivencia, la libertad y la igualdad.
Si no cambiamos o adecuamos la carta de navegación a la realidad actual, esa gran nave puede llegar a escorar, a encallar o, Dios no lo permita, a estrellarse si es que no sabemos llevarla por el rumbo que marcan los tiempos.
Por eso, señor presidente, cuando elaboramos el primer documento de nuestro partido referido a la necesidad de reforma constitucional, expresamos en términos concretos cuáles eran las necesidades o las razones por las cuales considerábamos que era necesario modificar parcialmente la Constitución Nacional. Y hablábamos de consolidar el ejercicio de la democracia, ampliar la participación política y social, asegurar la reforma del Estado, garantizar el gobierno republicano, perfeccionar la función legislativa, afianzar la administración de Justicia, recrear el control de poderes, restablecer el equilibrio federal, instrumentar la regionalización interior y posibilitar la integración latinoamericana.
Teníamos objetivos claros y concretos, que podrán compartirse o no, los cuales ya fueron desarrollados por quienes me precedieron en el uso de la palabra. Por ejemplo, el miembro informante lo hizo en forma extensa, por lo cual no voy a hacerlo yo para incurrir en inútiles repeticiones. Pero reitero: teníamos objetivos claros y concretos.
En consecuencia, una vez más debemos rechazar aquello de la supuesta improvisación con que habríamos encarado esta reforma de la Constitución.
También se habla de la oportunidad de la reforma.
Anteriormente hice todo un relato acerca de la posición de nuestro partido. Ahora, cuando hablamos de la oportunidad de la reforma, debemos recordar que dentro de este sistema de Constitución rígida que tenemos está expresamente autorizado el mecanismo de la reforma, que es el que nosotros estamos observando en este momento. Y, además, es en mérito a este mecanismo que nuestra Constitución fue reformada en todas las oportunidades a las cuales se han referido los que me precedieron en el uso de la palabra y también hubo muchos otros intentos de reforma de la Constitución.
Señor presidente: hay más de sesenta y cinco o setenta proyectos de reforma presentados desde 1865 en adelante por todos los sectores del espectro político nacional —o por casi todos los sectores del espectro político nacional—. Esto quiere decir que el debate sobre la reforma ha estado permanentemente instalado en la discusión de los argentinos; y si ha estado permanentemente instalado debe ser porque realmente siempre se dijo que era necesario actualizar nuestra Carta Magna. Además, el hecho de presentar esos proyectos revelaba que todos, por cierto, consideraban oportuno hacerlo.
Un constitucionalista muy caro a nuestros afectos —y estoy seguro de que también al de muchos de los que están sentados en estas bancas—, me refiero a nuestro ilustre comprovinciano don Joaquín V. González, en su obra “Patria y democracia”, escrita en 1920, expresaba: “Es tiempo de que un espíritu más patriótico que el electoral o partidista inspire a los hombres políticos de la Nación reformas constitucionales de tal naturaleza que hagan dar un paso resuelto hacia adelante y abran más anchas puertas a la incorporación de elementos y formas más democráticas, en particular en lo relativo a la legislación. No puede afirmarse, pues, sin desconocer el empuje vital de las fuerzas creadoras y renovadoras de la vida nacional, que éstas pueden ser encauzadas en un orden de justicia y de solidaridad humana como lo concibieron los autores de la Constitución del 53 sin readaptar su obra a las necesidades de las nuevas estructuras económica y social del país.” Esto lo decía en 1920 Joaquín V. González, el más eximio intérprete de nuestra Constitución Nacional. ¡Qué decir de lo que ocurre desde 1920 en adelante!
Por eso, señor presidente, se habló —y en esto, lamentablemente, se incurre en repeticiones— de los cambios constitucionales ocurridos en todo el mundo, de los cuales nuestra querida Constitución viene siendo una de las pocas excepciones de leyes fundamentales del siglo pasado que no han sido reformadas.
Hoy se recordaron las reformas en trece provincias argentinas. El derecho público provincial siempre ha marcado rumbos en nuestro país y ha sido más rico, más moderno y más anticipativo que el derecho público nacional.
Están también las constituciones de muchos países del mundo, de las naciones más desarrolladas. Se recordaron aquí las veintiséis enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos; las cien enmiendas de la Constitución de la Confederación Helvética; las dos reformas de la Constitución de Francia y de Italia; la de la Constitución de España del 78 y la de Portugal en el 76. Y hace poco tiempo —un mes—, en ocasión de recibir la visita de uno de los dirigentes máximos de la Comunidad Europea, Jacques Delors, hablábamos de este sistema político francés, que tanto le gusta al doctor Alfonsín. Jacques Delors me decía: “Lo que ocurre es que nuestra Constitución ya empezó a mostrar sus primeras arrugas. Hace falta remozarla”. Y la Constitución de Francia tiene sólo treinta y cinco años de vigencia.
Esto me hace recordar también lo que decía Thomas Jefferson en una carta dirigida a un amigo el 12 de julio de 1816, con referencia a la Constitución de los Estados Unidos. Jefferson decía que algunos individuos miran las constituciones con beata reverencia y, como el arca de la alianza, las consideran demasiado santas para ser tocadas. Atribuyen a los individuos de la edad precedente una prudencia sobrehumana, y piensan que lo que aquellos hicieron está por encima de toda enmienda. No soy, ciertamente, abogado de cambios frecuentes y no probados de leyes y constituciones. Creo, en efecto, que las imperfecciones moderadas vale más soportarlas, porque una vez que las hemos descubierto nos adaptamos a ellas y encontramos medios prácticos para corregir sus malos efectos. Pero sé también que las leyes y las instituciones han de ir de la mano con el progreso de la mente humana. A medida que ésta se desarrolló y se hace más ilustrada, que se hacen nuevos descubrimientos, aparecen nuevas verdades, y las maneras y las opiniones cambian con el cambio de las circunstancias, las instituciones han de progresar también y mantener el paso con el tiempo. Con la misma razón podríamos pedirle a un individuo que siga usando la chaqueta que le quedaba bien en su juventud. Esto era dicho por Jefferson, uno de los más grandes juristas y políticos de los Estados Unidos, a sólo veinte años de vigencia de la Constitución de los Estados Unidos de América.
Por eso, señor presidente, hablar hoy de la necesidad y de la oportunidad de la reforma parece un poco innecesario, un poco inoficioso, cuando las razones son tan poderosas. Es como olvidar que cuando se sancionó nuestra Constitución éramos sólo trece provincias, catorce cuando se incorporó Buenos Aires en 1860. Y hoy son veintitrés, más el distrito federal. Es como ignorar que en ese tiempo había en nuestro país solamente un millón 700 mil habitantes y ahora somos treinta y tres millones. Es como ignorar todos los desplazamientos que hubo en materia de migraciones internas y los problemas generados por el cambio desde una economía rural a una economía industrial. Es ignorar todo lo que pasó en nuestro país en los últimos años.
Decía hace algunos momentos que todos se proclaman reformistas pero a la hora de reformar la Constitución empiezan a aparecer los pretextos para no reformarla. Hablan de la oportunidad. Dicen que la reforma es inoportuna. ¡Cuántas leyes hemos parado y demorado en el país con este pretexto, señor presidente! Recuerdo que cuando trabajábamos en el proyecto de ley de matrimonio civil decían que era inoportuno, que íbamos a generar un problema en la sociedad. Ese mismo argumento había sido planteado en 1902, repitiéndose por los años 80, cuando debatimos en esta misma Cámara la reforma a la ley de matrimonio civil.
Y, con este argumento de la oportunidad, ¡cuánto demoramos la sanción, señor presidente!
El prestigioso tratadista inglés, Bentham, ha escrito una obra maravillosa que es el Tratado de los sofismas políticos, y es del siglo pasado. Yo digo que si Bentham hubiera tenido oportunidad de estudiar nuestro proceso de reforma constitucional y lo que se dice respecto de ella, se habría hecho un “picnic”, por todos los sofismas políticos que se utilizan al hablar de la reforma.
Dice Bentham que uno de los sofismas más utilizados es el del porvenir más oportuno.
Según ese sofisma, cuando alguien se quiere oponer a algo y no se anima a discutir el fondo de la cuestión, dice que no es el momento. Incluso, se pronuncia a favor y dice que está bien pero no ahora, sino dejarlo para más adelante. Como dije, es el sofisma del porvenir más oportuno. Con la reforma de la Constitución pasa lo mismo. ¿Cuántos años hace que se viene diciendo que no es la oportunidad, que es mejor dejarla para más adelante?
Ya lo dijo Facundo Zuviría en el mismo momento en que se estaba por sancionar la Constitución de 1853: Todavía están calientes los corazones —algo así, no repito palabras textuales— con motivo de la guerra civil. Hay que esperar para más adelante. En contestación, Huergo le dijo: éste es el momento. El hecho de que haya problemas en las provincias es lo que debe motivar la rápida sanción de una constitución. Ocurre que en algunos países, en algunas naciones las constituciones son la derivación de un orden moral ya establecido; en otros casos, constituyen el origen, la causa de un nuevo orden moral.
Este era el caso de la República Argentina. Desde entonces, siempre que se quiso presentar oposición a un cambio se habló de la oportunidad. Es el sofisma del tiempo más oportuno.
Pero también podemos hablar de otro sofisma; aquel al que Bentham llama de los personalismos injuriosos: depende de quién haga la propuesta. Si la propuesta viene de cierto sector se dice que no, que quienes hacen esa propuesta no son aptos, son hombres peligrosos y, por lo tanto, hay que rechazarla.
Hace un rato, yo recordaba cómo se nos discrimina a quienes integramos nuestro partido a la hora de las propuestas que formulamos. Pero también está el sofisma de los personalismos adulatorios. Los que combaten la medida son virtuosos y prudentes; su desaprobación es una razón suficiente para no ocuparse de ella. Pareciera que al principal partido de la oposición también le gusta acudir a este sofisma de los personalismos adulatorios. La desaprobación de ellos es suficiente como para hacerle la cruz al tema y no dejar que avance en el tiempo. Entonces, pareciera que Bentham hubiera presenciado estos episodios que estamos viviendo.
Ahora bien, además, cuando se buscan pretextos para oponerse a la reforma —y aquí empiezan a agitarse fantasmas— se dice que es peligroso hacerla porque la convención se podría declarar soberana y, ¡vaya a saber lo que va a resolver! Esto es absolutamente falso, ya que la convención constituyente no se puede declarar soberana más allá del marco que le fijamos nosotros al declarar la necesidad de la reforma. Todo lo que se pueda avanzar más allá de este marco que nosotros establecemos al declarar la necesidad de la reforma es lo mismo que actuar sin ley declarativa de la necesidad de la reforma. En nuestro proyecto incluimos una cláusula especial, no porque sea necesaria sino para aventar esos fantasmas que algunos contribuyen a crear como una forma de oponerse a la reforma constitucional. Por ésta se declara nulo de nulidad absoluta todo lo que pudiera disponer la Convención Constituyente al margen de las normas que le fijamos en la ley declarativa de la necesidad de la reforma de la Constitución.
También cuando se argumentan pretextos para oponerse se dice, como mencioné recién, que antes de reformar la Constitución hay que cumplirla. Este es un argumento cautivante. Claro, porque dicen: “¿Para qué la vamos a reformar si hay que cumplirla?”. Lo que pasa es que muchas veces las leyes no se cumplen precisamente porque están desactualizadas, y es esto lo que marca la necesidad de la reforma.
Nuestros constituyentes de 1853 fueron muy sabios. Hicieron una obra magnífica pero no podían predecir este nuevo mundo que hoy vivimos. Si algunas cláusulas de la Constitución hoy no se cumplen es porque quedaron desactualizadas con el transcurso del tiempo.
Existen otros muchos pretextos que se esgrimen para oponerse a la reforma. Voy a referirme ahora al tan remanido tema del consenso.
No recuerdo que en épocas anteriores o con motivo de reformas anteriores se haya hablado tanto del consenso. Ciertamente, se ha dicho mucho sobre este tema y muchos han hablado de él, pero muy pocos explican en qué consiste.
¿Qué es el consenso? ¿Quiénes son sus sujetos? ¿Entre quiénes debe lograrse? ¿Cómo, cuándo, dónde? Se trata de una palabra muy linda, que sugiere la aceptación instantánea.
Cuando el señor senador por Córdoba se refirió a la cuestión, para reforzar sus argumentos en favor del consenso decía que no existe porque hay once senadores de la bancada radical y otros pertenecientes a partidos provinciales que no están de acuerdo con la reforma. Así se le estaba dando al consenso el carácter de unanimidad.
¿A este consenso se refieren, a que es necesaria la unanimidad? Me pregunto el consenso entre quiénes. ¿Entre los partidos políticos? ¿Entre los dirigentes? ¿Entre los legisladores? ¿O el consenso de la gente, de los ciudadanos?
El prestigioso constitucionalista Miguel Padilla, en un artículo publicado el 25 de septiembre en el diario “La Nación”, se pregunta si existe consenso reformista y entre quiénes. Dice que no es necesario que se dé entre los ciudadanos, entre los grupos de poder o el pueblo en general sino que tiene que producirse entre los partidos políticos. Sostiene que estos son los únicos sujetos del consenso y dice que los dos partidos principales han coincidido en la necesidad de la reforma. Hace también una larga referencia acerca de cómo el radicalismo estaba en favor de la reforma. Dice en ese artículo que, sin embargo, en los momentos que corren, la oposición ha dado un paso atrás y, alegando varias circunstancias, se remite a la declaración de la Convención Nacional del partido y opone una frontal negativa a colaborar en el proceso reformista iniciado por el oficialismo. Padilla se pregunta qué explicación atribuir a esa posición del radicalismo. Dice si ello representa un giro de ciento ochenta grados respecto de su bien conocida inclinación reformista. Y responde que no.
Sigue diciendo que el principal partido opositor, cualesquiera fuesen los argumentos que ahora invoquen, sigue tan enamorado de la reforma como lo ha estado desde 1984 en adelante. Lo que sucede, continúa Padilla, es que no hay otra explicación y que por evaluaciones de política coyuntural el radicalismo ha resuelto suspender su previo acuerdo o consenso para participar del proyecto de reforma constitucional hasta que desaparezcan los hechos por ellos alegados.
Entonces, yo vuelvo a preguntarme: ¿entre quiénes es el consenso? ¿Entre los partidos? ¿Entre la dirigencia? ¿Entre los legisladores?
Si es entre los partidos o entre la dirigencia, es evidente que la cosa cambia. Si es entre los partidos, el nuestro tendría que entenderse con el titular de la Unión Cívica Radical. La vez pasada el titular de nuestro partido visitó al presidente de la Unión Cívica Radical.
Cuando se habla de este tema, vulgar o cotidianamente, se me pregunta otra cosa. Me dicen: “¿Van a hablar con Angeloz, con Alfonsín o con De la Rúa? ¿Con quién van a buscar el consenso?”.
Pareciera ser que el poder formal va por un lado y la representatividad del poder real va por otro. Yo me pregunto: ¿hay consenso dentro del propio partido de la oposición…?
Sr. Storani. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Menem. — Cuando termine el pensamiento.
Si el consenso debe ser unanimidad, como se ha interpretado, me parece que tampoco hay consenso dentro del principal partido de la oposición. Veo que hay pronunciamientos de distintos dirigentes que no concuerdan con las declaraciones del Comité Nacional del Partido.
Por otra parte, veo que el gobernador Massaccesi se ha pronunciado en favor de la reforma y me parece que una posición similar también sostiene el gobernador Maestro.
Con respecto a la posición de Angeloz, realmente no sé. Me desconcierta la actitud de Angeloz. La vez pasada un hombre público, en forma muy graciosa, dijo que el hecho de que Angeloz se oponga a la reforma de la Constitución significaría lo mismo Elizabeth Taylor se opusiese al divorcio, cuando ya va por el noveno matrimonio. (Risas. Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Entonces, ¿con quién vamos a hablar?
Sr. Storani. — ¿Por qué no me permite la interrupción, señor senador?
Sr. Menem. — Sí, señor senador.
Sr. Presidente (Britos). — Concedida la interrupción, tiene la palabra el señor senador por Córdoba.
Sr. Storani. — Con el permiso de la Presidencia, debo decir que tengo un gran respeto intelectual por el senador por La Rioja, nuestro presidente provisional, por otra parte. También respeto de la misma manera su versación jurídica.
El importante aplauso que ha arrancado hasta ahora se ha debido a un chiste, que yo también celebro; me pareció excelente.
Señor presidente: quiero recordar que mi partido es centenario y que tiene organismos constituidos perfectamente bien de acuerdo con nuestra carta orgánica, que respetamos a rajatabla.
La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical se reunió en junio y en noviembre del año pasado y en las dos oportunidades consideró el tema de la reforma constitucional y por unanimidad resolvió no hacer lugar a ella, con todos los argumentos que se dieron.
Usted ha mencionado a tres importantes dirigentes que son afiliados a la Unión Cívica Radical y por lo tanto están sometidos a los dictados de la Carta Orgánica y al Tribunal de Disciplina del partido, a pesar de todo lo que pueda hacerse de especulación respecto del dirigente Fulano, por importante que sea. (Risas.) Si a alguno de ellos se le diese por transgredir las resoluciones de la convención, no tenga usted ninguna duda de que la convención de la Unión Cívica Radical sanciona como corresponde, y oportunamente lo hará. No pasa lo mismo en el justicialismo. Yo en esto no quiero meterme porque creo que no me corresponde. (Risas.) Pero hay divergencias manifiestamente importantes respecto de este tema ahora mismo aunque no es del caso entrar en ellas.
Con todo respeto quería indicarle al senador, a quien le agradezco que me haya permitido la interrupción, no para menoscabar su elocuente discurso, que en la Unión Cívica Radical hay autoridad. Precisamente su presidente es uno de nuestros pares, el senador Mario Losada. Concretamente el Comité de la Unión Cívica Radical y la Convención Nacional se han expedido. Los demás son dirigentes de mucha importancia que tienen que someterse a los dictados del partido; y no sólo ellos sino nosotros también.
Sr. Genoud. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Menem. — Estoy en un momento de generosidad. Concedo la interrupción.
Sr. Presidente (Britos). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Mendoza.
Sr. Genoud. — Al senador por La Rioja lo han rehabilitado los aplausos. En este tipo de discusión de carácter institucional nunca he sido amigo de incursionar en la política interna de los partidos políticos cuyos integrantes intervienen en el debate, pero como el senador por La Rioja lo ha hecho con respecto al radicalismo, me creo liberado de este escrúpulo y voy a hacer algo similar con respecto al justicialismo. Porque el senador por Mendoza Bordón es un dirigente importante del justicialismo que le ha dado grandes triunfos electorales a una provincia importante como es Mendoza.
Sr. Branda. — Si lo sabrá usted.
Sr. Genoud. — Del mismo modo, el senador Alberto Rodríguez Saá y su hermano Adolfo Rodríguez Saá también han incorporado a las estadísticas del justicialismo resonantes triunfos electorales en reiteradas oportunidades.
Según tengo entendido, ellos en esta oportunidad —y lo han puesto de manifiesto en su exposición— discrepan con el proyecto oficial de reforma. Sin ir más lejos, el candidato a diputado nacional en primer término por la Capital Federal, Erman González, se ha pronunciado categóricamente en contra del plebiscito, y lo ha hecho en medio de una campaña electoral. De tal modo que es bueno que en los partidos políticos populares como los nuestros existan el disenso y la discrepancia y no la unanimidad, que no suele ser lo más conveniente para el pluralismo democrático.
Sr. Bordón. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Menem. — Sí, señor senador.
Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.
Sr. Bordón. — Aprovecho el momentáneo recreo, señor senador.
En esto creo que tanto Massaccesi como yo hemos sido coherentes. Él ha hecho negociaciones para conseguir la reelección en su provincia y su actitud es similar a nivel nacional. En Mendoza siempre hemos planteado que no hay reforma sin consenso, que es la misma postura que tenemos a nivel nacional. Al menos en eso los dos somos coherentes.
Sr. Presidente (Britos). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Quiero aclararle al señor senador por Mendoza de la bancada radical que cuando me referí al disenso, no sé si aparente o real, de dirigentes de su partido no lo hice con un sentido crítico. Al contrario, me parece bien que haya esa diversidad de opiniones. Pero yo me preguntaba con quién buscar el consenso. Yo tampoco me meto en la interna sino que estoy planteando que dentro de este mapa político se habla tanto del consenso que hay que saber con quiénes y cuándo consensuar. Porque por ahí se dice que recién se podrá consensuar cuando el doctor Alfonsín asuma la presidencia del partido, cosa que creo sucederá en noviembre. Eso es lo que se dice y se me pregunta si será mejor antes o después.
Repito que con esto no quiero incursionar en ninguna interna. Simplemente, estoy planteando todos los condicionantes que se presentan cuando se habla del consenso, y todas las confusiones y dudas que hay cuando se plantea este tema.
Comparto la posición del distinguido colega y amigo, del Senador Fernando de la Rúa sobre esta cuestión. En una amable charla que tuvimos en un canal de televisión yo recordaba un hermoso artículo escrito por el senador de la Rúa cuando en cierta oportunidad requirieron nuestra opinión para el diario “La Nación”.
Sr. Losada. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Menem. — Ya se la concedo, pero déjeme terminar con el pensamiento.
En ese artículo, el senador de la Rúa decía con toda claridad y propiedad que en las Cámaras el consenso está propuesto en las mayorías que exige la Constitución, es decir en las mayorías calificadas.
Lo voy a decir textualmente para evitar malas interpretaciones. Expresa el senador de la Rúa en un artículo publicado en “La Nación” el 6 de noviembre de 1986: “La propia Constitución, al exigir dos tercios de votos de ambas Cámaras para esa declaración, está presuponiendo institucionalmente ese consenso”. Creo que éste es el consenso que exige la Constitución: esa mayoría calificada de los dos tercios. Si se trata de los presentes o del cuerpo, es otro tema. Eso, creo yo, ha sido tan debatido que aburriríamos si volviésemos sobre lo mismo. En este momento quiero valorar la profunda investigación hecha por el senador por Entre Ríos, Alasino, a quien invito a que la publique porque realmente se trata de un trabajo muy profundo y serio que ayuda a interpretar el tema relacionado con los dos tercios de los presentes o de las Cámaras. Pero éste es un problema diferente, repito.
Lo cierto es que el consenso que tanto se reclama está dado ahí. ¿O acaso nuestros Constituyentes no tenían en cuenta el tema del consenso? Claro que sí; por eso exigieron mayoría calificada de dos tercios de ambas Cámaras. Ese es el consenso; no busquemos el pretexto de un consenso afuera. En buena hora si además hay otras fuerzas y otros sectores que apoyan. Pero institucionalmente lo que habilita la reforma es ese consenso al cual hace referencia el artículo 30 de la Constitución Nacional.
Le concedo la interrupción al señor senador por Misiones.
Sr. Presidente (Britos). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Misiones.
Sr. Losada. — No iba a hacer uso de la palabra porque la posición de la Unión Cívica Radical fue expresada por distintos señores senadores y también fue transmitida por la opinión del presidente del nuestro bloque. Pero como ha sido aludido el Comité Nacional de nuestro partido y el senador que está en uso de la palabra ha subestimado a la institución partidaria y a la conducción política de la Unión Cívica Radical, no tengo otra alternativa que decir que lamento muchísimo que quien está hablando en nombre de las instituciones empiece a desjerarquizar a las instituciones que son los partidos políticos. No solamente desjerarquiza a las instituciones sino también a los hombres que tenemos la responsabilidad de conducirlas. Y no solamente formula una subestimación sino que incursiona en la vida interna de la Unión Cívica Radical.
Al próximo presidente de la Unión Cívica Radical lo van a elegir los delegados de nuestro partido, no el gobierno ni el Partido Justicialista. Así que de ninguna manera vamos a aceptar que se esté opinando sobre la vida interna de la Unión Cívica Radical.
Y en cuanto al aspecto del consenso, si el gobierno no encontró interlocutor, seguramente fue porque quería hallar un interlocutor que le dijera que sí, pero no al interlocutor de la Unión Cívica Radical, que siempre supieron dónde estaba. Y la primera vez que el gobierno, o el Partido Justicialista pidió un encuentro para hablar de partido a partido, la Unión Cívica Radical y quien les habla —que tiene una absoluta convicción de convivencia política— aceptaron gustosos ese encuentro, porque ése es el camino de los argentinos. Podemos discrepar o coincidir, pero jamás dejar de hablar entre todos; porque no hablamos bien tuvimos tanto tiempo de proyectos autoritarios. Las argumentaciones son respetables tanto de un lado como del otro, pero para justificar determinada conducta no empecernos por desjerarquizar a los adversarios políticos.
Sr. Presidente (Britos). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Lamento mucho que el señor senador por Misiones haya interpretado tan mal mis palabras. Le sugiero que lea bien la versión taquigráfica porque me parece que entró un poco tarde y no alcanzó a interpretar bien lo que dije. Señalé que hay una autoridad orgánica del partido con la que fue a hablar la autoridad orgánica de nuestro partido. Pero a nivel de consenso, normalmente se nos pregunta si vamos a hablar con Angeloz, Alfonsín o De la Rúa, que son referentes y dirigentes notables dentro del partido radical. Lo que dije no ha sido para desprestigiar a la autoridad partidaria.
Para despejar cualquier duda invito al señor senador por Misiones a que lea o haga buscar mis declaraciones respecto de cuando me preguntaban con quién hay que hablar. En todo momento dije que debía hacérselo con la autoridad orgánicamente elegida por el partido radical; nunca señalé que había que eludir dicha autoridad. No ha sido mi intención incursionar en interna alguna. Simplemente, estoy evaluando con la más absoluta buena fe cuáles son los problemas para buscar el interlocutor en el consenso; todos los problemas que se generan con esta palabra tan difusa que es “consenso” y que nos coloca en una situación muy difícil.
Me pregunto quién es el que interpreta si hay consenso o no; ¿Quién es el juez que va a decidir esto? Aparentemente, no hay una forma numérica de determinarlo si se desprecia el argumento de los dos tercios o no se da el valor que realmente tienen estos dos tercios de los que habla el artículo 30 de nuestra Constitución. Reitero: ¿quién va a determinar si hay consenso o no? Porque, como muy bien dijo el señor senador por Mendoza, aun dentro de nuestro propio partido hay posiciones distintas con respecto al tema de la reforma constitucional. El citado señor senador calificó duramente al plebiscito, que no es otra cosa que una consulta popular, mientras que el gobernador de Río Negro acaba de llamar a una consulta de este tipo para ver si el pueblo se pronuncia a favor de la reforma constitucional o no. Comprenderán que esto a nosotros también nos genera dudas porque se trata de un gobernador que ha ratificado títulos en su provincia en las últimas elecciones; por ello creo que es un referente destacado del partido radical.
Por los motivos expuestos se crean dudas acerca de con quién buscar el consenso que muchos reclaman pero que todavía nadie alcanza a definir con claridad.
Sr. Losada. — Obviamente, no quiero entrar en un debate mano a mano porque la sociedad está observando las posiciones de los distintos bloques políticos.
Le señalo al señor senador por La Rioja que yo no llegué tarde al debate y que lo escuché. El habló de poder formal y poder real, palabritas usadas con mucha mala fe permanentemente. Y si les preguntan con quién hablar; en el caso de que todavía no lo sepan ya no es problema de la Unión Cívica Radical, porque ninguno de esos excelentes dirigentes de nuestro partido los han habilitado para que hablen con ellos y no con el partido. Esta confusión no está en la Unión Cívica Radical ni tampoco en la sociedad. Simplemente hay argumentos para pretender crear una discusión equivocada de lo que es la institución política y la existencia de consenso.
Lamento que ahora el señor senador por La Rioja tenga estas expresiones ya que antes había dicho —y coincidí con él— que había que hablar oficialmente con la Unión Cívica Radical. Por eso me sorprende que en esta ocasión cambie el análisis de la cuestión.
Entiendo que a veces hay que explicar cosas que son muy difíciles de explicar. Pero no debe usarse a la Unión Cívica Radical para pretender justificar argumentaciones que simplemente no son creíbles.
Hecha esta aclaración, no quiero interrumpir más al señor senador en el desarrollo de su exposición. Sólo vuelvo a decir que la Unión Cívica Radical es un partido que tiene la vocación de la convivencia política. Lo dice hoy y lo va a decir siempre, porque la fractura del campo popular de los argentinos ya nos llevó a hechos históricos lamentables. No nos perdamos de vista y tengamos cuidado con los aplausos de un solo lado. El día en que eso empiece a ocurrir, comenzará a haber derrotados, y ésa no es la forma en que se construye la historia.
Sr. Presidente (Britos). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — No quiero profundizar en esta mala interpretación, que sólo puedo atribuir a un especial grado de susceptibilidad de mi distinguido colega. Reitero que en todo momento mi actitud fue de respeto a las autoridades orgánicas de todos los partidos y que sólo me refería a lo que normalmente consultan los medios cuando se habla de la búsqueda de consenso.
Siguiendo con este tema, pregunto hasta dónde se puede exigir el grado de consenso, porque si lo hubiésemos buscado para otras decisiones importantes que se tomaron en este Congreso de la Nación, creo que habríamos dejado de sancionar leyes fundamentales para el país. El señor senador por Mendoza nos ha pasado una larga factura de todo lo que hizo la bancada de la Unión Cívica Radical para sancionar leyes importantes para el país. Así, por ejemplo, nos ha pasado la factura de que nos dieron quórum para aprobar las leyes de reforma del Estado, de emergencia económica, de convertibilidad y los presupuestos. Yo creía que dar quórum y sentarse en las bancas era una obligación que teníamos todos los legisladores. Es cierto que por una razón estratégica a veces también nosotros no hemos dado quórum en algunas oportunidades.
Sr. Storani. — En cincuenta.
Sr. Menem. — No es así, señor senador.
Sr. Storani. — Durante los seis años del presidente Alfonsín.
Sr. Menem. — No es así, señor senador; está muy equivocado.
De todos modos, quiero decir que lo que no se puede hacer es utilizar ese recurso en forma sistemática. No podemos estar detrás de las cortinas o en los pasillos, como ocurrió alguna vez —no en esta Cámara—, esperando que se alcance el quórum para poder sancionar algunas de las leyes más importantes.
Además, quiero recordar —aquí viene lo último pero no lo menos importante, como dicen los ingleses— que las leyes de reforma del Estado y de emergencia económica, entre otras, fueron sancionadas en un período en el que estábamos todavía bajo un acuerdo que habíamos celebrado para la transición con motivo de que el doctor Alfonsín culminó su mandato seis meses antes del período establecido, y de que los candidatos a legisladores que triunfaron en la elección de mayo asumirían sus cargos recién en diciembre.
Al adelantarse la asunción del actual presidente, tuvo que hacerlo con un Poder Legislativo que no reflejaba el resultado de la elección.
Entonces, en ese mismo Senado de la Nación hicimos un convenio que era más que nada un acuerdo entre caballeros, un compromiso político. Decir: “Está bien, vamos a asumir el gobierno”, pero como tendremos un Congreso cuya Cámara de Diputados todavía no reflejará el resultado de las elecciones, la Unión Cívica Radical se compromete a darnos el quórum o a facilitar —como dice el señor senador por Mendoza— la sanción de esas leyes…
Sr. Genoud. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Menem. —…Pero no creo que sea algo que tengamos que agradecerles o tenerlo como un aporte en aras del consenso. Se trató del cumplimiento de un acuerdo político por una situación que no fue generada, precisamente, por el Partido Justicialista.
Sr. Presidente (Britos). — Le han solicitado una interrupción, señor senador, ¿la concede?
Sr. Menem. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Britos). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Mendoza.
Sr. Genoud. — Señor presidente: las últimas palabras del señor senador Menem importan un saludable reconocimiento de que el retiro del entonces presidente Alfonsín estuvo precedido de un acuerdo con el justicialismo que comprendía facilitar la sanción de algunas leyes vitales para quien acababa de asumir la responsabilidad del gobierno. Esta es la estricta realidad que quiero que tengan presente todos los señores senadores que habitualmente sostienen que hubo un presidente que se fugó del poder, que huyó, cuando esto fue fruto de una concertación política que en ese entonces se creyó una correcta salida institucional para el país.
En segundo lugar, cuando me refiero a los proyectos de ley sancionados por el radicalismo o que las bancadas de nuestro partido facilitaron en cuanto a su aprobación, dije que lo habíamos hecho en dos oportunidades a través del quórum: para la ley de emergencia económica y para la ley de reforma del Estado. Pero sólo a título ejemplificativo mencioné más de quince leyes vitales que no sólo votamos sino que gestamos junto con el justicialismo como una manera de contribuir y de apoyar el desarrollo y el progreso del país.
Lo hice como un modo de aclarar una posición crítica del radicalismo a esta reforma constitucional y de acreditar nuestra buena fe política a la hora de ejercer el derecho a la oposición que, por otra parte, es el mandato que cada vez que hay elecciones nos dan los ciudadanos que nos acompañan con su voto.
Sr. Presidente (Britos). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Antes de continuar, quiero aclararle que nunca me expresé en esos términos acerca del doctor Alfonsín…
Sr. Genoud. — Dijo “acordamos”. Y creo que la versión taquigráfica puede verificarlo.
Sr. Menem. — Cuando el doctor Alfonsín decide unilateralmente…
Sr. Presidente (Britos). — Ruego que se dirijan a esta Presidencia.
Sr. Menem. — Sí, señor presidente.
Decía que cuando el doctor Alfonsín decide resignar su cargo antes de cumplir con su mandato, ante esa situación, el justicialismo acordó con gente de la Unión Cívica Radical la forma de hacerlo; pero no se acordó que se fuera antes de finalizar su mandato. Esa fue una decisión unilateral. Lo que se acordó fueron las consecuencias que provocaba ese retiro anticipado, por lo que era necesario precisamente hacer un acuerdo político a tal efecto.
Pero además —estábamos hablando del consenso— no hubo consenso. Si lo hubiéramos esperado, la Ley de Convertibilidad no se habría podido sancionar al igual que otras tantas leyes que fueron necesarias para realizar estas grandes transformaciones y llegar a esta estabilidad que, gracias a Dios, hoy estamos disfrutando en nuestro país.
Entonces también debe entenderse —y así lo dicen algunos autores— que en la democracia la regla del consenso es el predominio de las mayorías; es decir, se maneja por las mayorías, que es lo que decían con tanta claridad Balbín y algunos otros dirigentes radicales y también peronistas, en el sentido de que el que gana, gobierna, y el que pierde, colabora. Pero esto es porque el que gana tiene derecho a fijar la política de gobierno. Para eso hay un respaldo electoral.
Sr. Presidente (Britos). —Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Sánchez. — Señor presidente: se vierten algunas expresiones que quedan en un cono de sombra para el público en general. Se dice: “Yo doy quórum para tratar tal o cual proyecto de ley”. Yo creo, señor presidente, que es obligación dar quórum para el tratamiento de todos los proyectos, y la votación por sí o por no reflejará la postura de los diferentes legisladores o bloques. De manera tal que no podemos venir a pasarnos la factura, como se dice vulgarmente, para decidir si se va a dar quórum o no. Creo que ésta es una vieja y deleznable práctica que viene desde el fondo de la historia, desde aquellas épocas de las componendas que muchas veces hemos anatematizado en este recinto.
Sr. Presidente (Britos). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Un compañero de bancada me está pidiendo que no otorgue más interrupciones para no alargar más el debate. Voy a procurar que así sea.
Estamos en una Cámara federal que representa a las autonomías provinciales. Tenemos que hacer entonces un análisis de los niveles en que puede darse el consenso. Porque, independientemente de la regla de los dos tercios, puedo decir que hay once provincias cuyos dos senadores se han pronunciado en favor de la reforma: Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, Tucumán, Salta, Neuquén, La Rioja y La Pampa. Hay otras nueve provincias que tienen un senador que se ha pronunciado en favor de la reforma: San Luis, San Juan, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, Misiones, Chaco, Chubut, Catamarca, y además la Capital Federal. Hay solo tres provincias cuyos dos senadores se han pronunciado en contra de la reforma: Córdoba, Corrientes y Mendoza. Finalmente, diecinueve o veinte de los veintidós gobernadores —tengamos en cuenta que en Corrientes no ha asumido el nuevo gobernador—, algunos de los cuales son radicales, se han pronunciado en favor de la reforma.
Creo que a la hora de analizar los consensos estos pronunciamientos también son dignos de ser tenidos en cuenta. En consecuencia, señor presidente, creo que hay consenso para la reforma. Y creo que el principal consenso es el de la gente, el consenso del pueblo, el consenso que se nota no sólo a través de las encuestas sino también en los resultados electorales. Y, además, está lo más importante, que es el consenso a nivel institucional, si es que la ley declarativa de la necesidad de la reforma se vota con los dos tercios de los miembros presentes de esta Cámara.
Voy a tratar de acortar mi exposición, porque no quiero demorarme demasiado. No puedo dejar pasar algunos de los conceptos que ha expresado el señor senador por Mendoza respecto del contexto dentro del cual se plantea la reforma. Hace rato se viene hablando, en todos los niveles y en todos los tonos, de la supuesta inseguridad jurídica. Uno de los argumentos principales que esgrime el radicalismo es que no están dadas las condiciones para que opere la reforma constitucional. Dicen que no hay un marco de seguridad jurídica. Yo creo que éste es un argumento fácilmente rebatible. En primer término, tenemos que ver quiénes alegan la falta de seguridad jurídica. Lo hacen miembros del partido que fue gobierno entre 1983 y 1989, época en que, creo, se dio el más alto grado de inseguridad jurídica en la historia del país y de los gobiernos constitucionales.
Había un Poder Judicial conflictuado. En determinado momento, el 90 por ciento de los jueces federales estaba demandando al Estado porque se había afectado la intangibilidad de sus remuneraciones. Había una inflación descontrolada que generaba una total incertidumbre en cuanto al cumplimiento de los contratos. La teoría de la imprevisión fue, realmente, moneda corriente; la indexación era la palabra más utilizada.
¿Qué contrato se mantenía en pie, señor presidente? ¿Quién contrataba con un grado de seguridad de que se iba a cumplir con las prestaciones? ¿Cuántos artilugios se usaban para poder eludir este tema de la desvalorización diaria que sufría nuestra moneda, que también acarreaba inseguridad jurídica, producto de la dilapidación de reservas del Banco Central que quitó todo respaldo a nuestra moneda? El tremendo déficit fiscal y cuasifiscal, que tornaba dudoso el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado llevó, inclusive, a suspender los juicios contra el Estado, los juicios de los jubilados contra los organismos previsionales, lo cual había sido dispuesto por decreto. Se trata de los decretos 2.196/86 y 648/87, del tipo de los que tanto estigmatizan los radicales cuando son dictados por un gobierno justicialista; eran decretos que paralizaban juicios. Nosotros lo hicimos por ley, a través de la Ley de Emergencia del Estado.
Se cambió por decreto el signo monetario. Está bien, nos parece que está bien. No había otra forma de actuar.
Sr. Genoud. — ¿Me concede una interrupción…?
Sr. Menem. — Luego fue convalidado por la Ley de Presupuesto. Hablan de falta de seguridad jurídica quienes en su momento convalidaron la detención de personas por decreto, antes de la declaración del estado de sitio, como ocurrió con los decretos 2.049/85 y 2.052 del mismo año.
Entonces, ellos nos critican la falta de seguridad jurídica. Y nosotros, ¿qué hacemos? Por lo pronto, solucionamos los conflictos y el tema de los juicios que tenían los jueces contra el Estado. Con la estabilidad monetaria se generó la certidumbre en los contratos y, además, renació el crédito. Se produjo el arreglo de la deuda externa a través de la determinación del monto, forma de pago y condiciones. Así, la deuda dejó de pender como una espada de Damocles sobre el sistema económico-financiero del país. Del mismo modo ocurrió con la Ley de Consolidación de Deudas, regularizándose la situación interna, que se presentaba como un volcán a punto de estallar, con la tremenda deuda contraída durante los períodos anteriores.
Sr. Genoud. — ¿Me permite una interrupción…?
Sr. Menem. — Determinación de montos adeudados, fecha, forma de pago y condiciones.
¿Cómo contribuimos nosotros al afianzamiento del Poder Judicial? Sancionamos la correspondiente Ley de Autarquía Financiera a través de la ley 23.853 de 1990. Al respecto, recordaba que la Unión Cívica Radical votó afirmativamente.
Dimos carácter público a las sesiones para prestar acuerdo a los jueces, con el objeto de otorgar una mayor transparencia en ese aspecto. En realidad, se critica a los jueces, al Poder Judicial, pero resulta que antes de la sanción del nuevo Código Procesal Penal más del setenta por ciento de los jueces habían sido designados durante la administración radical. De tal manera que, en todo caso, si había culpas en la selección de los jueces eran compartidas y no exclusivas del actual gobierno.
Sr. Genoud. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Menem. — Cómo no, señor senador.
Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.
Sr. Genoud. — Señor presidente: el señor senador por La Rioja ha incursionado en temas de orden económico, haciendo referencia a la inflación como factor de inseguridad. Es cierto, es un factor de inseguridad que afecta principalmente al orden económico. Se trata de un mal endémico en la Argentina que conocimos con el ministro Rodrigo, que también se dio durante la gestión de Rapanelli y que sufriera asimismo Erman González. Afortunadamente, ha sido conjurado con las últimas medidas económicas.
Pero respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el gobierno radical, debo decir que fueron solamente diez contra los doscientos cincuenta y dos que lleva dictados el actual presidente de la Nación.
De los dos a que hizo referencia el señor senador por La Rioja, el primero fue el que implementó el Plan Austral, que elevó el tipo de cambio y congeló precios y salarios. Este es un caso típico en el que debe utilizarse este medio por cuanto si la medida se hubiese anunciado públicamente hubiera perdido su eficacia, se hubiese producido una corrida en los mercados, bancos y financieras desnaturalizándose así el efecto económico y jurídico que se quería producir.
El único decreto dictado por el doctor Menem que se equipara al que hice alusión es el de la conversión forzosa. Por eso, en este tema no planteamos una objeción fundamental respecto del medio jurídico con que se implementó la medida. Si se hubiese anunciado que todos los plazos fijos iban a convertirse en BONEX seguramente no hubiera quedado un solo centavo en los bancos y financieras del país.
Además, el decreto que puso en vigencia el Plan Austral fue ratificado por ley. Inmediatamente después de haber sido dictado por el Poder Ejecutivo fue remitido el proyecto de ley al Congreso y pasaron algunos meses hasta que se aprobó.
Respecto de la suspensión de los juicios previsionales, es cierto que se hizo por decreto. Pero obsérvese la manera independiente en que funcionaba el Poder Judicial: en menos de treinta días la Corte declaró su inconstitucionalidad. Aquí se ve el equilibrio de poderes dentro de un régimen absolutamente republicano.
A raíz de la declaración de inconstitucionalidad del decreto que suspendía los juicios previsionales, el radicalismo envió un proyecto de ley y derogó el decreto respectivo.
Por otra parte, con relación a las intervenciones, le recuerdo al señor senador por La Rioja que el radicalismo gobernó situaciones altamente conflictivas en algunas provincias y sin embargo no intervino ninguna de ellas.
Sr. Presidente (Britos). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Señor presidente: sobre el tema de los decretos de necesidad y urgencia podríamos exponer una larga teoría. Sólo quiero decirle al señor senador por Mendoza que es cierto que se han sancionado muchos. Pero también es cierto que las necesidades del país así lo exigían.
Por ejemplo, la emergencia económica —que incluso ha sido reconocida por ley— en muchas oportunidades obligó a utilizar estos decretos, que no son un abuso del Poder Ejecutivo, porque precisamente gracias a muchos de ellos —no sé si a todos— hoy gozamos de esta estabilidad económica y de este crecimiento indudable que ha sido prácticamente plebiscitado por el pueblo argentino en las elecciones del 3 de octubre.
Se levantan muchas críticas contra esa forma de legislación, pero lo cierto es que ello ya ha sido sometido a la consideración popular y en las elecciones de 1991 y en las del 3 de octubre pasado ha sido plebiscitado y aprobado por el voto de la voluntad popular, que es la expresión del pueblo manifestada a través de las urnas. (Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías.)
Se ha criticado y se critica la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero se omite decir que el primer proyecto de ampliación de sus integrantes fue suscrito, precisamente, por el doctor Alfonsín en el mensaje que enviara a la Cámara de Diputados en 1987.
Sr. Genoud. — ¿Se aprobó ese proyecto?
Sr. Menem. — No fue aprobado, pero la intención era aprobarlo.
Sr. Genoud. — Pero el radicalismo no lo aprobó.
Sr. Menem. — Por algo lo habrán enviado. Y la verdad es que los argumentos eran contundentes: el número de causas, el aumento de los juzgados federales, la administración de la Corte.
En ese mensaje, el doctor Alfonsín recordaba que ya en el gobierno del doctor Illia se había impulsado la reforma. El doctor Illia había propuesto elevar a once el número de miembros de la Corte Suprema. Finalmente, el Senado aprobó elevarlo a diez; luego no se pudo sancionar la ley a causa del golpe de Estado de 1966.
En 1958 también se elevó el número de miembros de la Corte Suprema. Se propuso que tuviera nueve miembros y, finalmente, quedó en siete.
Todos estos antecedentes son mencionados en el mensaje del doctor Alfonsín al proponer el aumento del número de los miembros de la Corte Suprema.
Pero siempre volvemos a lo mismo: cuando algo lo propone el doctor Alfonsín, es bueno; cuando lo proponemos nosotros, parece que no es bueno.
De cualquier modo hay dos diferencias entre el proyecto de Alfonsín y el nuestro. La primera es que en el proyecto de Alfonsín se reservaban el derecho de nombrar al presidente de la Corte Suprema. La segunda diferencia es que consagraban expresamente el mecanismo que criticaba el señor senador por Mendoza, el per saltum. En ese proyecto se proponían dos recursos: el writ of certiorari, que permitía rechazar in limine los recursos, y también el ya mencionado per saltum, que permitía a la Corte intervenir en causas de gravedad institucional sin observar las reglas comunes de la avocación.
¿Saben qué es lo que genera, sobre todo, la inseguridad jurídica? La invocación permanente de la inseguridad jurídica. Cuando todos los días se dice que hay inseguridad jurídica, finalmente se termina creyendo que la hay y eso tiene un efecto negativo cuando nosotros estamos buscando inversiones.
Yo me pregunto: ¿cuántos juicios se promovieron con motivo de los decretos de necesidad y urgencia? ¿Cuántos juicios llegaron a los tribunales? Son muy pocos. Se han podido mencionar uno o dos casos…
Sr. Genoud. — El caso Peralta.
Sr. Menem. — Efectivamente, el caso Peralta. Quiero hacer una referencia para desvirtuar lo que se ha dicho porque se hace aparecer ante la gente que aquí hay dos Cortes: una Corte anterior que es buena y una actual que es mala; se ha dicho que siempre votan divididas y no es así. De las 7.236 sentencias que se dictaron entre abril de 1990 y abril de 1993, únicamente en once causas los tres miembros de la Corte anterior votaron de una forma y los seis miembros de la Corte nueva votaron de otra. En esos once casos sólo se registran tres de trascendencia institucional. Los otros ocho eran intrascendentes.
Sr. Romero Feris. — El caso de la intervención de Corrientes.
Sr. Genoud. — El caso de las elecciones en Avellaneda.
Sr. Menem. — Y el caso del fiscal Molinas.
En todos los demás casos los votos fueron cruzados, es decir votaban de una misma manera miembros anteriores y actuales. En el caso Peralta, el fallo salió prácticamente en forma unánime y algunos miembros votaron a favor pero con sus propios fundamentos.
De modo tal que esta crítica que se hace de la Corte y del caso Peralta me parece que no tiene mucho andamiaje.
También se atenta contra la seguridad jurídica cuando los máximos niveles del principal partido de la oposición amenazan con revisar todo lo actuado en el área energética por el gobierno; cuando se pone en duda si se van a mantener o no los contratos; cuando el titular del congreso partidario Osvaldo Álvarez Guerrero dice que el radicalismo, de acceder al poder, podría anular contratos. Y esto sí genera inseguridad jurídica. Que se adopten medidas como la que el propio dirigente radical llevó a la práctica cuando hizo la presentación ante la Security Ex Change Commission pidiendo que se paralizara la venta de acciones de YPF con el propósito notorio de hacer fracasar la operación, eso sí genera inseguridad jurídica. Como también la generan ciertas declaraciones como las del hoy tan popular dirigente por Santiago del Estero Zavalía, quien instó a sus seguidores a voltear a Menem, agregando que “si nos tenemos que levantar en armas, nos vamos a levantar en armas contra la política del gobierno nacional”. Y esto sí, señor presidente, genera intranquilidad e inseguridad jurídica.
Para ir terminando debo decir, señor presidente, que todos los contenidos propuestos para la reforma de la Constitución tienen su plena justificación. Desde ningún punto de vista es cierto que nos anime únicamente el propósito reeleccionista. Es claro que hemos planteado la reelección, pero esa posición la hemos mantenido siempre, no es de ahora. Y ello es así, primero, porque entendemos que el tema de reelección sí o reelección no, no es un dogma de la democracia, no es un dogma del sistema republicano y no hace a la esencia del sistema representativo, republicano y federal.
El tema de la reelección es eminentemente de tipo práctico, nuestros constituyentes lo establecieron atendiendo a una situación que se vivía en esos tiempos, pero no porque sea un dogma de la democracia.
En segundo término debemos decir que cuando planteamos el tema de la reelección lo hacemos en forma limitada, porque se hace acortando el mandato presidencial y por una sola vez. De ahí que resulte totalmente falso y hasta mentiroso, diríamos, cuando se habla de que se quiere un poder hegemónico o que se quiere perpetuar a alguien en el poder. ¿Qué perpetuación, señor presidente, con cuatro años y una sola reelección?
En tercer término, es sabido que nunca hablamos de una reelección automática. Desde luego, se abre la posibilidad de que la convención reformadora habilite o decida sobre la posibilidad de una reelección. Pero eso lo tiene que decidir en definitiva el pueblo; primero, se vota la cláusula de reelección o no y en segundo lugar, cuando se presenta la candidatura, el pueblo votará por ella o no. Porque es sabido que en los países que tienen la posibilidad de reelección, a veces los mandatarios son reelegidos y otras no. Observemos lo que pasó en Estados Unidos. Este es un país que tiene cláusula de reelección y a pesar de ello el presidente Bush no fue reelecto.
Debemos decir que sí tiene un rasgo de autoritarismo coartar de antemano la posibilidad de una reelección, pero no que sea el pueblo el que se pronuncie sobre su posibilidad. Y lo dijo muy bien hace un momento uno de mis compañeros que me precedió en el uso de la palabra. Se está hablando de un período de seis años o, en el mejor de los casos, si hay reelección, de dos períodos de cuatro años. Porque a veces seis años pueden resultar demasiado tiempo para un periodo, y cuatro años pueden resultar demasiado poco, sobre todo cuando hay en marcha programas de gobierno que necesitan concluirse en su ejecución. Pero en el medio está el pronunciamiento popular que es el que convalida la continuidad.
El senador por San Luis, Oraldo Britos, recordaba muy bien en sesiones anteriores esa famosa carta de la que siempre se habla, que Alberdi dirigió a Urquiza, donde le decía: Si yo hubiera sabido que usted iba a ser el presidente, me hubiera cuidado muy bien de incluir esa cláusula que prohíbe la reelección. Y le sugería la solución para no violar aquella norma que prohibía la reforma por diez años. Le decía: “Usted puede elegir algún hombre de su confianza, ya sea de Entre Ríos o de la provincia de Buenos Aires, para que lo suceda; un hombre que pueda reemplazarlo”. Lamentablemente, esta costumbre de designar a un sucesor no ha sido una experiencia muy valiosa sobre todo en nuestro derecho público provincial. Muchas veces ha traído fracasos. Considero que es mucho más franco, directo y sincero posibilitar la reelección por una sola vez que hacer uso de aquel artificio de elegir el sucesor, el favorito.
Nosotros, en algún momento usamos la palabra “proscripción”, término que ha sido denostado y muy criticado. Debo decir que no tenemos la propiedad intelectual de esta palabra. El término “proscripción” referido a la reelección fue empleado por primera vez por Hamilton cuando hablaba de la necesidad de usar de la experiencia del gobernante a los efectos de ser reelegido, y sostenía que no se puede proscribir la posibilidad de usar esa experiencia. Pero más recientemente fue usado en la recordada Convención Constituyente de Córdoba. La empleó expresamente el hoy diputado Alfredo Orgaz refiriéndose a la posibilidad de reelección del doctor Angeloz. Decía en esa oportunidad Orgaz: Perón y Balbín no se dieron ese abrazo para que diez años después aquí en Córdoba se venga a establecer proscripción para que dos ciudadanos puedan ser reelegidos por su pueblo.
Sr. Figueroa. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Menem. — Cómo no, señor senador.
Sr. Presidente (Britos). — Está concedida la interrupción al señor senador por Santiago del Estero.
Sr. Figueroa. — Señor presidente: quiero recordar a todos los señores senadores presentes que en una edición del diario “La Razón” del mes de octubre de 1986, el entonces gobernador de La Rioja no tan sólo expresaba que era partidario de la reforma de la Constitución Nacional sino también de la reelección del presidente Alfonsín; y decía: …Porque en el año 89 quiero competir por la Presidencia de la Nación con el doctor Raúl Alfonsín.
Sr. Presidente (Britos). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Entonces, señor presidente, debo decir que sí nos sentimos molestos cuando se nos dice que lo único que queremos es la reelección, porque la hemos planteado de entrada. Siempre hemos dicho que estamos a favor de la reelección. Lo dijimos en la época de Alfosín y lo seguimos expresando ahora, porque creemos que esta cuestión no sólo debe analizarse desde el punto de vista del ciudadano presidente que pueda ser reelecto sino también del ciudadano que tiene derecho a elegir. De esta forma, se le amplía la posibilidad de elegir al ciudadano. Por eso cuando hacemos alusión a la proscripción lo hacemos con un doble sentido: que no se proscriba a aquel que quiera presentarse ni tampoco a quien quiera elegir a un determinado candidato.
Sr. de la Rúa. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Menem. — Sí, señor senador.
Sr. de la Rúa. — Señor presidente: el argumento de la proscripción valdría para una reelección. Pero agotado el tiempo del segundo mandato, nuevamente podría esgrimirse dicho argumento, con lo cual para ser consecuente tendría que sostener la reelección indefinida; y sabemos que es básico en el sistema republicano que el poder se limite. Por ello existe la separación de los poderes, limitación en los términos de los mandatos y alternancia del poder. De lo contrario, el argumento de la proscripción podría repetirse ad infinitum y crearse en la posibilidad indefinida de las sucesiones un sistema de gobierno contrario al sentido republicano.
Quisiera que me explique cómo, luego de agotado el segundo período, justifica no invocar nuevamente la proscripción.
Sr. Menem. — Es muy atinada la observación que ya ha sido hecha en otras oportunidades y con otras circunstancias.
Precisamente, se justifica por lo que usted manifiesta; es decir, por la vigencia del sistema republicano de gobierno. Dicho sistema habla de la periodicidad de los mandatos y para evitar su prolongación indefinida es justo ponerle término.
Así la reelección se permite por una sola vez, precisamente, para evitar lo que todos los días se dice: la perpetuación en el poder. Por este motivo, en atención a la vigencia del principio republicano se ha considerado prudente limitar la posibilidad de la reelección a una sola vez. Es un problema de decisión política.
Señor presidente: muchos de los temas que están incluidos en nuestra propuesta servirían para justificar la reforma; cualquiera de ellos. Pero yo voy a referirme a uno en especial: la promoción de la integración internacional, dada la importancia que en este momento tiene. Como lo señalé anteriormente, la creación de estos organismos supranacionales exige que estemos a tono con el tiempo que vivimos, a efectos de que la Argentina no pierda el tren de la historia para integrar dichos organismos.
Sabemos los nuevos espacios creados en el mundo: la Comunidad Europea, Japón con sus tigres asiáticos, los Estados Unidos con el NAFTA, nosotros con el Mercosur y el Parlatino. Desde luego que necesitamos fortalecer estos organismos supranacionales con nuestra participación. Y para eso es necesario hacer delegaciones a efectos de que pueda tener vigencia el derecho comunitario existente en otras partes del mundo.
Por lo expuesto esta norma, que ha sido tan injustamente criticada, es uno de los aspectos más importantes de la reforma. De lo contrario mañana tendríamos que hacer una reforma exclusivamente para posibilitar la delegación de facultades en esos organismos internacionales que permitan que ese derecho comunitario tenga también vigencia en nuestro país, como sucede en este momento en la Comunidad Europea.
Podríamos extendernos mucho más con este tema, señor presidente. El señor senador por Buenos Aires con mucha gentileza me cedió una serie de antecedentes importantes en este sentido. Pero lamentablemente creo que me he extendido demasiado en el uso de la palabra, por lo que ya voy a poner fin a mi exposición.
Entonces a modo de reflexión final, digo que este debate sobre la necesidad de la reforma constitucional no es nuevo ni novedoso; está planteado desde hace mucho tiempo en nuestro país. Se trata de un tema que no ha sido patrimonio exclusivo del justicialismo, pero nuestro partido se siente con derecho a plantearlo.
Queremos decir que esta reforma constitucional que proponemos no es producto de ningún trabajo de gabinete en abstracto. Hemos buceado en la realidad y en los antecedentes. Creemos que es la síntesis de algunos valores que hemos compartido los argentinos durante mucho tiempo.
Quizá esta no sea la reforma ideal pero es la reforma posible. Creernos que de esta manera damos un gran paso adelante. Avanzamos resueltamente al frente, como decía Joaquín V. González en las palabras que he citado hace unos momentos.
Quiero terminar también con una exhortación al principal partido de oposición y a los que están en contra de la reforma. Ellos nos piden que nosotros archivemos la reforma.
Sr. Genoud. — Por ahora.
Sr. Menem. — Nosotros los queremos invitar a que la apoyen, a que retomen la tradición reformista que tantas veces ha invocado el radicalismo, a que retomen y cumplan lo que decían las plataformas electorales de 1983 y de 1989, que hablaban de la necesidad de la reforma por ser una pieza fundamental para la modernización de la democracia en nuestro país. Los invito a que no resignen ese afán reformista, porque si era necesario ayer también es necesario hoy. En efecto, cuando algo es necesario para el país, lo es siempre: ayer, hoy y mañana. Si así no actuamos, vamos a tener la sanción que está prevista en el juramento de todos nosotros, es decir Dios y la patria nos lo van a demandar. (Aplausos en las bancas y en las galerías. Varios señores senadores felicitan al Orador.)