Proyecto de ley sobre el Fondo especial de la represa Salto Grande

15 de abril de 1998
9ª Reunión – 7ª Sesión Ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 1913 y 1914

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: desde luego, no voy a hablar como representante de una provincia que tenga algo que ver con los ríos porque, lamentablemente, no tenemos ninguno, ni chico ni grande.
Pero quiero señalar mi satisfacción por haber sido partícipe testimonial de una disputa realmente encendida entre los senadores de las distintas provincias involucradas, quienes han defendido con pasión, con ardor, los intereses de sus respectivos estados provinciales.
Creo que los habitantes de cada uno de ellos pueden sentirse orgullosos de sus representantes, porque han sabido defender con mucha fuerza los intereses de sus pueblos.
Desde esa Presidencia, que tuve la oportunidad de ocupar en uno de los debates, procuré en su momento aportar una cuota de serenidad y equilibrio en el momento en que la discusión amenazaba con desbordarse. Felizmente, a raíz de que pudimos establecer en el momento justo la pausa necesaria, se lograron los tiempos como para alcanzar este acuerdo, que hoy estamos celebrando.
Quiero señalar también la adecuada y justa participación de los señores gobernadores, quienes en esa difícil situación tuvieron que ceder para poder conciliar intereses sin defraudar las expectativas de sus pueblos; ellos también han hecho un aporte muy significativo.
Por eso creo que hoy es un día muy importante para este cuerpo federal, que es donde realmente se deben defender los intereses de las provincias.
Además, tengo una satisfacción accesoria porque estamos haciendo realidad una cláusula que incluimos en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 en la Convención Nacional Constituyente que tuve el honor de presidir, relacionada con los dominios originarios de los recursos naturales de las provincias. Esta es una forma de dar cumplimiento a esa fundamental cláusula constitucional incorporada a la Constitución en la reforma realizada en Santa Fe y en Paraná.
También debo decir que no se trata de un acto aislado en el que el gobierno nacional da pruebas de su profunda vocación federal, sino que ya viene aplicando una política de descentralización, de fortalecimiento de las autonomías provinciales y municipales. Esta es una firme política iniciada en 1989.
En efecto, se han transferido a las provincias no sólo servicios fundamentales, como los de educación y de salud, sino también planes sociales. Se han transferido a las provincias el manejo del FONAVI y fondos en materia de coparticipación federal que duplican los que tradicionalmente se venían enviando. Pero, además, se llevó a la práctica una política muy firme en virtud de la cual algunas provincias han cobrado regalías petroleras. Cuando se privatizó YPF se transfirió a los estados provinciales la parte que les corresponde. También se transfirieron puertos a provincias y municipios. Este no es el primer caso de transferencia de una represa. Recordemos el caso de la represa de Los Nihuiles en Mendoza y una en Córdoba. Menciono también las regalías de Yacyretá.
Quiero rescatar esta profunda vocación federalista del gobierno nacional, que con este trascendental acuerdo firmado respecto a Salto Grande está ratificando su política de descentralización y fortalecimiento de las autonomías provinciales y municipales. Esta es una forma de cumplir con el mandato popular porque tenemos que hacer realidad aquello de que este es un gobierno representativo, republicano y también federal.
Tengo hoy otra satisfacción más —que la hizo patente hace unos instantes el señor senador Branda— porque también hemos puesto en funcionamiento otro mecanismo previsto en la reforma constitucional de 1994, como es la aprobación en particular de un proyecto de ley por las comisiones, por delegación de esta Cámara.
Se hacen críticas a la reforma de la Constitución Nacional realizada en 1994, muchas de las cuales a veces se vierten con ligereza, por desconocimiento, y otras veces con un poco de mala fe. Pero vemos que, poco a poco, vamos poniendo en marcha estos mecanismos. En este caso se cumple aquello de que la ley termina siendo más inteligente que la propuesta originaria de sus autores.
Considero que estos mecanismos constitucionales que se están poniendo en marcha demuestran la eficacia, buena voluntad y previsibilidad con que actuaron los convencionales constituyentes en 1994.
Por eso me refería a los múltiples motivos de satisfacción: por una parte, por la defensa de las autonomías provinciales; por otra parte, porque se ha ratificado la vocación federalista de nuestro gobierno y, además, porque vemos que los mecanismos constitucionales están funcionando adecuadamente.