Proyecto de ley sobre Ética en la Función Pública

1º de julio de 1998
28ª Reunión – 16ª Sesión ordinaria (continuación)
Diario de Sesiones – Páginas 4052 a 4059

Sr. Menem. — Señor presidente: no podía dejar de intervenir en el tratamiento de este importante proyecto de ley sobre ética pública.

Recuerdo que en oportunidad de sancionarse la reforma constitucional de 1994 hubo tres cláusulas que fueron aprobadas por unanimidad. Una fue la Cláusula Transitoria Primera, que ratifica los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Otra fue la contenida en el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y la última —que menciono en tercer lugar no obstante haber sido la primera en ser votada por unanimidad y aclamación— fue precisamente la del artículo 36, que encabeza el capítulo Nuevos Derechos y Garantías, y que es conocida como cláusula de defensa de la democracia. En este artículo, in fine, se dice que se sancionará una ley de ética pública. Hoy el Senado de la Nación está abocado a cumplir con ese mandato constitucional.

A partir de la reforma de 1994 se han creado nuevas categorías jurídicas, entre las cuales están las leyes de mandato constitucional, que tienen una jerarquía especial. ¿Por qué? No sólo la Constitución les fija la materia sino que en algunos casos fija plazos, contenidos y determinadas mayorías para su aprobación. Por ejemplo, puedo mencionar la ley de creación del Consejo de la Magistratura que oportunamente sancionamos o la relativa a la coparticipación que todavía no sancionamos y otras que suman cerca de veinte.

Estas son las nuevas categorías creadas por la Constitución de 1994. Entre ellas está la ley de ética pública. No es casual que haya sido incorporada dentro de la cláusula de defensa del sistema institucional y del orden democrático. La ley de ética pública está inescindiblemente unida al concepto de la democracia. En efecto, esta ley no se agota, como algunos parecen creer, en establecer normas que reprimen los actos dolosos contra el Estado. No es una ley contra la corrupción sino que es mucho más que eso. Si hubiera sido nada más que una ley contra la corrupción, hubieran bastado las normas del Código Penal. Además, no se trata de normas novedosas que estamos incorporando por primera vez al sistema jurídico argentino.

Hay numerosas leyes que tienen que ver con la ética pública que ya están en el ordenamiento jurídico argentino. Están las normas del Código Penal sobre delitos contra la administración pública, a las que ya se hizo referencia. Están las normas que establecen un régimen básico de la administración pública, como la ley 22.140. Hay una serie de normas relativas a este tema. Lo que ocurre es que era necesario sistematizar en un cuerpo todos aquellos conceptos que tiendan a centrar en la ley de ética pública el concepto de la defensa de los valores democráticos.

La semana pasada, luego de la última sesión, comentábamos con algunos señores senadores que nos había parecido desafortunada una discusión que se dio aquí en la que prácticamente se minimizaba la gran trascendencia que tiene esta ley de ética pública. Esta norma va mucho más allá de los detalles, que son importantes pero no hacen al contenido general de una ley que significa un compromiso ético. Es el compromiso de defender, consolidar y proteger los valores de la democracia, los valores compartidos por una sociedad. Si no hay ética en los comportamientos, tampoco habrá una democracia como la que todos queremos: una democracia que signifique el respeto por los derechos humanos, en la que haya un régimen de libertad y justicia. Se trata de normas de convivencia, porque cuando se crea el Estado es para que el hombre deje de ser lobo del hombre.

Se establece una serie de normas —que se han ido perfeccionando a través del tiempo— contra vicios de los comportamientos humanos que, como aquí se ha dicho, también se han ido manteniendo a través del tiempo. Ninguno es nuevo. Se dice que nada es nuevo bajo el sol.

Hoy nos estamos abocando a establecer por primera vez una sistematización de normas que sé que es el comienzo. Estas normas tendrán que ser perfeccionadas y ampliadas; tendremos que aprender de los comportamientos humanos para saber de qué forma podemos defender mejor este concepto de la ética pública.

Se han dado muchas definiciones. Recuerdo cuando estudiábamos Introducción al Derecho en la Facultad y se hablaba de la norma jurídica. Alguien definió que la norma jurídica comporta un mínimo de ética.

Es decir que en la norma jurídica tiene que haber un mínimo de ética. Pero en este caso, cuando hablamos de un código o de una ley de ética, debemos tener en cuenta otro tipo de comportamiento que puede no tener una sanción jurídica como aquí se ha dicho, que puede no constituir delito, pero que sí debe ser observado por los funcionarios públicos porque hace al principio de convivencia.

Estamos hablando de una ética de la democracia, no de una ética del autoritarismo. Por eso estamos debatiendo este proyecto en el Congreso.

Me parece oportuno rescatar un concepto de ética dado por ese gran escritor español, Fernando Savater, quien tiene un libro muy interesante que se llama «Invitación a la ética», en donde se define a la ética como una convicción revolucionaria y a la vez tradicionalmente humana, de que no todo vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuación a otro, de que esas razones surgen precisamente de un núcleo no trascendente sino inmanente al hombre y situado mucho más allá del ámbito que la pura razón cubre.

Decía, señor presidente, que esta ley de ética no se limita a establecer normas contra la corrupción, sino que tiende a establecer ciertas pautas de comportamiento y de convivencia. Si bien hoy estamos hablando de una ley de ética pública y hacemos referencia principalmente a los funcionarios públicos, porque la cláusula constitucional habla de ética de la función pública, de todos modos no debemos considerar que uno de los principales flagelos en contra de la ética como es la corrupción sea un fenómeno aislado que se da en la sociedad en un sector determinado o en un momento de la vida.

Cuando estos fenómenos de corrupción trascienden en el estamento público, reflejan un estado general de la sociedad; no son comportamientos aislados sino que trascienden sus distintos ámbitos, y llegan hasta la administración pública.

Y se supone que aquellos que están en la administración pública, por el voto popular o por designación —de acuerdo con las normas legales— son los que deben empezar por dar ejemplos de ética.

De ahí surge la importancia que tiene este proyecto de ley de ética pública, ya que establece ciertas normas para el comportamiento de los funcionarios públicos.

Se ha dicho bien, solamente con una ley de ética pública no vamos a solucionar los problemas de la corrupción.

Tenemos que avanzar en lo cultural y en lo educacional, debemos crear un clima moral entre todos para poder ir ordenando esos comportamientos de la sociedad. Para eso tenemos que hacer algunas cosas y dejar de hacer otras, a efectos de que todos podamos contribuir a la instalación de este clima moral cuyo lado negativo está constituido por temas tales como la corrupción y el descrédito que existen respecto de ciertos comportamientos de algunos funcionarios públicos y de otros que no lo son.

Sabemos que estos comportamientos no son nuevos. El señor senador por el Chaco se remitió a Platón. En todo tiempo y lugar siempre hubo demandas de transparencia y de decencia. Específicamente en nuestro país la literatura, la poesía, el ingenio popular se han encargado de reflejar este tema en muchas oportunidades.

Ustedes saben que yo fui el autor de la ley del tango. Justamente traigo este tema a colación porque hay un tango cuya letra es muy significativa respecto de cómo percibía la sociedad el problema de la corrupción en un determinado momento de la vida del país.

En 1936 Enrique Santos Discépolo escribe el tango Cambalache, una muestra, un reflejo de lo que pensaba la sociedad. Cabe aclarar que en esa época no había nacido el peronismo. Enrique Santos Discépolo se hizo peronista después y fue uno de los primeros y principales defensores. Recuerdo sus programas radiales en los cuales defendía al general Perón de los ataques a mansalva que le hacían.

Me voy a permitir recordar, señor presidente —aunque por respeto a mis colegas no lo voy a cantar (risas) —, lo que decía Enrique Santos Discépolo en 1936. Decía: «Que el mundo fue y será una porquería […] en el 506 y en el 2000 también». Ya Discépolo pensaba que en el 2000 el mundo iba a seguir siendo una porquería. Vemos que no era muy esperanzado.

Decía también: «que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos». Cuando se habla de ética se lo menciona a Maquiavelo, porque él privilegiaba los fines, sin interesar los medios. Por eso, con esa sabiduría nata, Discépolo decía: «que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos», y esto es lógico.

En otra parte dice: «Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador». Esto es lo que decía Savater: cuando se habla de ética no todos los comportamientos deben ser iguales; algunos deben ser defendidos y otros atacados.

Sigue diciendo el tango: «No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualao». Por eso dice que «da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón».

Cuando se habla de este tango se hace referencia a la Biblia y al calefón. Ésta es la forma como se lo individualiza. Nombra como paradigma de conducta cómo se mezclan en esa vidriera irrespetuosa don Bosco —un monje salesiano canonizado precisamente en esa época, en el 34— y San Martín. También nombra a Stavisky, un famoso estafador que murió en la cárcel de Bayona; a don Chicho… ¿quién era? Era el jefe de la mafia, Juan Galiffi. Es decir, estaban todos mezclados y parecía que todo valía por igual.

Finalmente, termina diciendo «… es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de los otros, el que mata, el que cura o el que está fuera de la ley.»

Señor presidente: me he permitido hacer esta digresión para dejar en claro que el problema de la ética interesó siempre a la sociedad. En realidad, el tango de Enrique Santos Discépolo es una letra de protesta que demostraba cómo estaban los valores en aquella época; y no era muy optimista porque decía que «… en el 2000 también.»

Y ahora, cerca de ese año, nos encontramos a punto de sancionar un proyecto de ley de ética pública para ver si podemos corregir estos males que la sociedad tiene desde hace muchos años. No obstante, para ello también será necesario observar algunas normas que nos permitan contribuir a crear el clima acorde para que el proyecto de ley en consideración, que sancionaremos con tanto entusiasmo, pueda rendir sus frutos.

Por ejemplo, creo que no es bueno que la ética sea utilizada como bandera por algunos dirigentes, políticos o no —me referiré concretamente a los políticos—, y que afirmen que ellos son los únicos éticos y los demás no lo son. Es decir, aquellos que todos los días levantan las banderas de la ética para contraponerlas al comportamiento de otros dirigentes. Me parece que eso es desvirtuar la defensa de la ética. Además, no se puede usar el tema de la corrupción para atacar a mansalva a otros dirigentes políticos con el afán de conseguir algún voto más o el favor popular. Quien es ético y tiene un comportamiento honrado será defendido por la sociedad a través del voto y, por ende, no tendrá necesidad de andar pregonando o cacareando, como se dice vulgarmente, su conducta a los cuatro vientos, ni tampoco tratando de descalificar al adversario político con el calificativo de corrupto. Me parece que se hace abuso del tema de la ética cuando se apela a ese tipo de procedimientos, máxime cuando cada uno debe empezar por analizar su propio comportamiento.

Aquí hay algunos que hacen una bandera de la ética y cuando se analizan ciertos comportamientos de determinados políticos no constituyen precisamente un paradigma de una conducta de ese tipo.

Respecto de los predicadores de la ética, un amigo me decía que se ha constituido la «liga de los dadores voluntarios de ética». Así como en su momento estaba la liga de dadores voluntarios de sangre, ahora hay una liga de dadores voluntarios de ética, que la pregonan por todos lados pese a que algunos cuentan con un antecedente de «ñoqui» en la administración pública y otros se han ido con alguna banca legislativa de un partido a otro.

Sobre este particular, en el Foro Iberoamericano sobre Combate a la Corrupción, realizado en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo en Bolivia, entre el 15 y 16 de junio del presente año, el ministro de Administración Pública de España, y presidente del CLAD, Mariano Rajoy Brey, se refirió precisamente a lo que él llama el transfuguismo político.

Decía este ministro español sobre la lealtad de los grupos políticos: «Esta lealtad se rompe si los representantes políticos, parlamentarios, concejales, movidos por intereses estrictamente personales, pasan de un grupo político a otro distinto, en un acto de deslealtad absoluta a su formación y a los ciudadanos que con su voto han hecho posible su elección, provocando por ejemplo cambios de mayorías que no se corresponden con la elección democráticamente configurada, fomentando la aparición de sobornos, ofrecimiento de prebendas, etcétera. Es decir, aparece la corrupción.

“Ante esta situación, muy frecuente por cierto, es necesario la adopción de compromisos entre los diferentes partidos políticos de no beneficiarse de dicho comportamiento y así evitar las perniciosas consecuencias que acarrea el transfuguismo. En España, conscientes de que esta situación es nefasta para el buen funcionamiento de las instituciones y en general, de la vida democrática se han iniciado, y están muy avanzados, los trabajos para llegar a un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas para prevenir estas prácticas, que para mí son un ejemplo de corrupción.»

Es decir que los predicadores o los dadores voluntarios de ética deberían empezar por analizar sus propios comportamientos y no usar este tema para tratar de atacar a sus adversarios políticos. El tema de la ética es demasiado serio como para que se lo aborde de esta forma, que denota bastardear su significación dentro de la sociedad.

Por supuesto, también juegan un gran papel los medios de comunicación, que contribuyen a la información y a la formación de la opinión pública. Eso está muy bien; es perfecto. Acá se ha enfatizado el papel que cumple la prensa cuando denuncia actos de corrupción. Es de un extraordinario valor. Forman parte del sistema democrático. Creo que esto ya está fuera de discusión. Pero como forman parte del sistema democrático y tienen una gran responsabilidad, también tienen la obligación de informar debidamente y con objetividad.

Cuando no se informa bien, corresponde la rectificación. Creo que rectificar un error es humano y saludable.

Recuerdo que en 1984 o 1985 un brillante senador radical —Ricardo Lafferrière— había presentado en el Senado un proyecto de ley por el que se reglamentaba el derecho de réplica. Recuerdo los ataques que hubo en contra de esa iniciativa. Nosotros la defendimos y la apoyamos. El derecho de réplica terminó siendo aprobado. Alguien recordó entonces una anécdota que figuraba en los diarios de la década del 20.

Un diario había dado entonces la noticia en necrológicas de que alguien había fallecido. Habrá sido un error o una mala información, pero esa persona no había fallecido. Por supuesto, reclamó diciendo que estaba vivo y que exigía que saliera una aclaración. Dicen que el diario le contestó que nunca se rectificaba, que lo único que podía hacer era inscribirlo en la columna de nacimientos (Risas.)

No sé si la anécdota será cierta o no. Pero con ella quiero llegar a lo siguiente. Hace poco tiempo se dio una información acerca de que teníamos 140 juicios políticos parados por culpa del bloque de senadores justicialistas. Emitimos una declaración y aclaramos el tema; sólo teníamos dos juicios políticos. No he visto que esta información haya sido publicada en la primera plana del medio, tal como había ocurrido con la otra especie. Repito que no es cierto que tenemos 140 juicios políticos y que sólo tenemos apenas dos, en pleno trámite.

Cuando no sancionamos el proyecto de ley del arrepentido, se publicó que la DEA se había quejado ante el gobierno porque era necesario para la lucha contra el narcotráfico. Resulta que la única ley que está prevista es, precisamente, la de lucha contra el narcotráfico. Esto revela que la información era falsa. Tampoco hubo rectificación.

Estoy refiriéndome a casos que ocurrieron últimamente, como el de aquel periodista de televisión que una vez hizo poner un gato en la parrilla, en las afueras de Rosario, para demostrar que la gente se muere de hambre y come gatos.

Cuando hablamos de ética, debemos referirnos a todos los comportamientos.

Debemos tener en cuenta el entorno, el clima, el «yo y las circunstancias» de que hablaba Ortega y Gasset: si realmente queremos implantar una ética, debe ser observada por todos los sectores.

Recién, un señor senador hizo referencia a ciertos comportamientos de la prensa durante la época del Proceso. Habló de esa misma prensa que hoy tanto denuncia pero que, en tiempos del Proceso, callaba muchas cosas.

Una revista, precisamente, publicó un resumen sobre lo que la prensa informaba en época de Videla; de lo que decía «la prensa de Videla». Es de antología leer los elogios que prodigaban a Videla comunicadores muy caracterizados que, poco menos, hablaban de él como el libertador de América y que ahora son los primeros tanto en criticar sus actos como en aprobar el hecho de que esté preso.

Por supuesto, a ese medio le contestó otro, perteneciente a una editorial que había realizado ciertos actos —no sé de qué naturaleza— durante la época del Proceso.

De cualquier manera, creo que no corresponde que intervengamos en una interna periodística.

Es cierto el hecho de que este tipo de comportamientos deben ser tenidos muy en cuenta para crear el clima necesario a efectos de que una ley de ética sea de utilidad.

Señor presidente: en el transcurso de la discusión sobre este proyecto de ley, en varias oportunidades se hizo hincapié en aquella expresión sobre la mujer del César: no sólo hay que serlo sino también parecerlo; y estoy de acuerdo. Pero no debe caerse en una sobreactuación.

Creo que algunos, con respecto al tema de la ética, se presentan a título de dadores de ética o paradigma ético, con la intención de demostrar a toda costa que son sanos, que son transparentes, que no son corruptos; y para ello, sobreactúan.

Entonces, cuando sobreactúan —cuando quieren «parecer» más que «ser»—, de alguna manera sacrifican la ética en favor de la estética. Este también es otro de los errores que debemos enmendar.

Muchas veces aquí se habla de la clase política en tono de una suerte de autoflagelación. Es cierto que existe un descrédito de la clase política. Pero autoflagelándonos o poniéndonos en situaciones ridículas, no vamos a mejorar ese concepto. Debemos lograrlo a través del comportamiento cotidiano, del comportamiento de todos los días y no sobreactuando ni generando algunas situaciones a las que me referiré cuando comente brevemente ciertos aspectos del proyecto de ley.

Señor presidente: contrariamente a lo que muchos han expresado, creo que hemos avanzado en los últimos años con respecto al control de los actos de corrupción y de todo aquello que se refiere a la ética en la función pública.

Considero que no debemos dejar de lado todo lo que se ha avanzado en la materia para favorecer ese sensacionalismo con el que se suele hacer referencia a ciertos casos —-como se dice— emblemáticos de corrupción.

Creo que en oportunidad de la reforma del Estado —cuando se corrió el eje de la economía de lo público a lo privado—, se eliminaron muchos focos de corrupción.

Recuerdo lo que ocurría con muchas empresas del Estado que eran verdaderos focos de corrupción. Era la época de la «patria contratista»: el Estado compraba mal, cualquier cosa y pagaba el precio que se le pedía. Y veíamos todos los días cuánto había que pagar en concepto de coimas para conseguir un teléfono o un pasaje o para superar una traba. Recordemos que los especialistas en esta materia ponen como uno de los grandes focos de corrupción las regulaciones estatales y dicen que cuanto mayores son, hay más posibilidades de que exista corrupción.

Cuando el Estado administra con fines comerciales e industriales se suelen originar este tipo de situaciones porque la regulación provoca que haya quien quiera superarla pagando el favor que le hace aquel funcionario que está dispuesto a hacer «la vista gorda» para conseguir el objetivo de dejar de lado esa regulación.

En ese sentido también se avanzó mucho con la descentralización, provincialización y municipalización de los servicios, con lo cual el control está más cercano. Cuando se descentraliza, la colectividad está más próxima a lo que ocurre; se puede controlar mejor cuanto más local es el gobierno que administra el servicio.

Muchas veces no nos damos cuenta de que hemos avanzado muchísimo en el mejoramiento del control, que es una de las formas de prevenir la corrupción. No nos olvidemos, por ejemplo, de que hemos creado el Defensor del Pueblo, a través del cual el ciudadano tiene una forma rápida de llegar a los funcionarios frente al obrar abusivo, arbitrario e ilegítimo de la administración que conculca sus derechos.

En la reforma constitucional de 1994 le dimos jerarquía a la Defensoría del Pueblo. Recordemos que el proyecto de ley lo habíamos sancionado en tres o cuatro oportunidades en este Senado y que caducó porque no lo trataba la Cámara de Diputados. Pero con el voto mayoritario de los convencionales fue incluida en la Constitución, en el artículo 86, la figura del defensor del pueblo, a quien se le dio incluso la defensa de los derechos humanos.

La actuación del defensor del pueblo es muy importante para la prevención. No tiene facultades sancionatorias pero sí de denunciar los actos de corrupción o irregulares. Cualquier ciudadano puede llegar rápidamente a él para hacer sus denuncias.

Por otra parte, por ley se ha creado la Auditoría General de la Nación, que también fue incorporada a la Constitución Nacional, la cual tiene el control externo de la administración pública.

Hace unos momentos escuchaba a un señor senador que defendía al Tribunal de Cuentas, comparándolo con la Sindicatura General de la Nación, pese a que uno no tiene nada que ver con la otra. El Tribunal de Cuentas ha sido sustituido en la mayor parte de sus funciones por la Auditoría General de la Nación.

Sostenía ese señor senador que la Sindicatura General depende del gobierno. El Tribunal de Cuentas, a diferencia de lo que ocurre con la Auditoría, estaba bajo la órbita del Poder Ejecutivo. La Auditoría depende de nosotros y funciona con autonomía en el ámbito del Congreso de la Nación, con lo cual las condiciones de control están mucho mejor garantizadas. Además, si se agrega el hecho de que el presidente de la Auditoría General es propuesto por el principal partido de oposición —en el caso actual quien cumple las funciones de auditor es el doctor Enrique Paixao, visitante asiduo del Congreso y por quien tengo un gran respeto—, vemos que se ha avanzado mucho en materia de control de la administración pública.

En cuanto a la Sindicatura General de la Nación, debo decir que también es muy importante para la gestión pública. En ella se ha establecido un sistema de control de precios, con una base de más de seis mil precios unitarios, lo cual permite que en cada licitación pública se tenga esa cantidad de datos para determinar si los precios de lo que se compra se ajustan a las pautas generales o si hay sobreprecios. Este es un avance muy importante en materia de contrataciones del Estado.

También hemos logrado un avance en los últimos tiempos con la presentación del presupuesto en término. Hace ya seis o siete ejercicios que el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos se presenta en término. Eso contribuye al ordenamiento del Estado. En otras épocas, por distintas razones, hemos aprobado presupuestos en los meses de septiembre u octubre del año en que deberían tener vigencia, por lo cual más que un presupuesto ello era comparable a una rendición de cuentas. Es muy importante que el presupuesto, como ley de leyes —como se le suele decir—, sea presentado en término para un mejor control de la administración, lo que representa un gran avance en esta materia.

A su vez, también hemos avanzado en lo que se refiere a la publicidad de los actos de gobierno.

Hemos incorporado a la Constitución el habeas data, mecanismo a través del cual cualquier ciudadano puede solicitar al Estado los datos que tiene sobre él.

En este Senado también hemos dado carácter público a las sesiones de acuerdos. Recuerdo que cuando ingresé en esta Cámara en 1983 las sesiones para prestar acuerdo eran secretas, al igual que las reuniones de la Comisión de Acuerdos. No se les daba carácter público como ahora ni se habían estipulado plazos para proceder a realizar impugnaciones. Esto tiene jerarquía constitucional. Hemos avanzado mucho.

También es muy importante, más allá de que a algunos les guste o no, el informe mensual que brinda el señor jefe de Gabinete. De cualquier manera, se contestan todos los requerimientos que formulan los señores senadores. Este es un mecanismo que contribuye a la publicidad de los actos de gobierno.

Por otra parte, hemos avanzado en lo que respecta a la actitud frente a los medios de comunicación. La transferencia de los canales de televisión y radios a la actividad privada ha aumentado el control. En este sentido, merece resaltarse el respeto irrestricto a la libertad de prensa y la eliminación de todo tipo de censura previa. Felizmente, hace mucho tiempo que no se escucha hablar de listas negras para actuar en radio o en televisión. Asimismo, cabe mencionar también la eliminación de la figura del desacato, norma aprobada por el Congreso y, por supuesto, la instauración del secreto de las fuentes de información periodística.

A su vez, debo señalar que en esta materia hemos avanzado muchísimo por vía de la estabilidad económica. Al respecto, creo que los casos más peligrosos en materia de corrupción se producen, precisamente, en épocas de inflación. ¿Por qué? Porque no hay previsibilidad sino incertidumbre; en momentos de inflación, existe un «vale todo». Todos recordamos lo que eran los procesos indexatorios. Recuerdo lo que se hacía con el problema de la inflación en la época de la «patria contratista». En ese sentido, me viene a la memoria la teoría de los mayores costos que cobraban las empresas y las famosas fórmulas polinómicas, que significaron una verdadera sangría para el Estado. He visto juicios en los que se llegó a pagar en concepto de mayores costos más de lo que costaba la obra en sí misma.

Por consiguiente, creo que con la estabilidad económica que hemos conseguido entre todos hemos dado un paso muy importante para controlar el flagelo de la corrupción, evitando los efectos de un proceso inflacionario que, para colmo, es el que menos huellas deja en materia de corrupción.

Por último, otro paso muy importante que hemos dado fue la aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, sobre la que se ha expresado acertadamente el señor senador por Catamarca. Reitero: ese ha sido un paso muy importante. Por supuesto, no voy a repetir el discurso que realicé en oportunidad de fundamentar el respectivo proyecto de ley.

La Convención Interamericana contra la Corrupción ha establecido todos los pasos que se deben seguir en la lucha contra la corrupción: la prevención, la detección, la represión y la eliminación de toda forma de corrupción. No sé si realmente esto llega al punto que marca mi amigo Agustín Gordillo en el artículo que citó muy bien el señor senador por Catamarca, que dice que esta Convención es un corte transversal al derecho administrativo.

Creo que se le va un poco la mano a Gordillo en cuanto a los efectos que dice que produce. Él dice: «Estas normas modifican explosivamente el régimen de la administración financiera del Estado, reforman sustancialmente los regímenes de contrataciones públicas, los deberes y facultades de los agentes públicos y entes reguladores en la tutela de los derechos de los usuarios y consumidores; alcanzan a los organismos de control como la SIGEN y la Auditoría General de la Nación o el Defensor del Pueblo de la Nación, modifican el régimen jurídico básico de la función pública, la responsabilidad penal constitucional del artículo 36, la ley del Cuerpo de Abogados del Estado y el decreto-ley de procedimiento administrativo; modifican el régimen de las facultades regladas y discrecionales de la administración; inciden en la relación con los usuarios de los concesionarios y licenciatarios en situación de monopolio o exclusividad en la prestación de servicios públicos, tienen efectos sobre la ganancia de estos que exceda límites objetivos justos y naturales, etcétera». No sé si llega a tanto. Este tampoco es el momento de hacer un análisis exhaustivo. Creo que produce algunos de esos efectos, pero sobre otros, tengo mis dudas.

Lo importante, señor presidente, es que esta Convención tiene efectos operativos. No sé si se equipara a lo que dice Gordillo. Él pone en duda si se asemeja a un tratado de integración o de derechos humanos. El habla de derechos humanos. Yo no sé si llega a tanto, pero sí creo que tiene una extraordinaria importancia y le da una jerarquía superior a las leyes, como la tienen los tratados de esta naturaleza por imperio de la Constitución Nacional. Se le da una jerarquía que constituye una serie de parámetros muy importantes en la lucha contra la corrupción.

Señor presidente: sobre el proyecto de ley en sí ya se refirió el miembro informante. Voy a intervenir cuando discutamos el proyecto en particular porque tengo varias observaciones que hacer. Pero creo que el miembro informante lo fundamentó muy bien. Inclusive hubo un debate muy rico por parte de los señores senadores, tanto en apoyo de la iniciativa como criticándola.

Uno de los temas en los que se ha centrado mucho la atención es el de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. No tengo particularmente ninguna objeción a que se publiquen en el Boletín Oficial, que se hagan panfletos, etcétera. Me parece que deberíamos legislar con un criterio práctico. Creo que la sanción de Diputados, en cuanto ordena publicar todos los patrimonios en el Boletín Oficial, es poco menos que un disparate, para ser moderado en mi apreciación. Digo esto porque nos tenemos que poner a analizar cuántos funcionarios tendrían que presentar esa declaración para que sea publicada en el Boletín Oficial. Tengo un informe de la Oficina de Ética Pública, recientemente creada, que habla del número de funcionarios que deberían prestar tal declaración. Llegan a un total de treinta mil agentes, así distribuidos: administración central, 4.095 agentes; organismos descentralizados, 24.015 agentes; bancos oficiales, 1.901 agentes. ¿Por qué en los organismos descentralizados llegan a veinticuatro mil? Porque están incluidos todos los que integran la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre los que no hay excepciones; todos tienen que hacer la declaración.

Entonces, señor presidente, me imagino un Boletín Oficial con treinta mil declaraciones, que además supongo que tendrán que ser actualizadas cada vez que se produzca un cambio, donde no sólo tienen que incluirse las listas de bienes del titular, del conviviente y de todos los que figuran en el proyecto sino que, además, conforme el artículo 12 de la sanción de la Cámara de Diputados, todos aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, deberán incluir en la declaración jurada los antecedentes que acrediten conocimiento en la materia de su competencia, así como también los antecedentes laborales, a efectos de un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse.

Es decir que no sólo se tiene que incluir la declaración de bienes sino también el curriculum vitae de cada uno de los agentes que no son elegidos por el sufragio popular; y que son la mayoría.

Creo que cuando se sanciona un proyecto de ley debemos ser prudentes en cuanto a la posibilidad de que su aplicación sea responsable y seria. Por lo tanto, entiendo que con esta pretensión de publicar las declaraciones en el Boletín Oficial sí estamos sobreactuando, ya que se podría utilizar un mecanismo distinto, como el propuesto en el dictamen de mayoría, por el cual también se facilita el acceso a estas declaraciones, pero no se llega a esta grosería prevista en la sanción de la Cámara de Diputados, que propone la publicación de los bienes y de los curriculum vitae.

En cuanto al resto, creo que esta es una iniciativa de suma importancia. Como presidente que fui de la Convención Constituyente, y teniendo en cuenta que en aquel entonces este tema fue aprobado por unanimidad, me siento muy satisfecho de que hoy estemos tratando este asunto.

Me parece sumamente injusto lo señalado por un señor senador, en el sentido de que el afán perfeccionista de la norma, puesto de manifiesto por el bloque oficialista, le olía a dilación. Nosotros no tenemos ningún interés en dilatar la sanción de esta norma. Me parece que eso sí es usar la ética como una manera de sembrar dudas; esto no está bien, no es justo y nuestro bloque no lo va a aceptar.

De todos modos, quiero decir que no fuimos nosotros los que en su momento, cuando íbamos a tratar este tema, no bajamos al recinto; es más, siempre estuvimos dispuestos a dar el debate. Desde luego que queremos que se sancione la mejor norma posible y, tal vez, es cierto que nos demoramos más de la cuenta, pero que no se crea que fue con el objeto de postergar el tratamiento del tema, porque nosotros no tenemos por qué esconder ni dilatar esta cuestión.

Esta iniciativa fue una de las que concitó mayor trabajo en la Comisión de Asuntos Constitucionales; se invitó a los especialistas más destacados y si bien se puso mucho énfasis en el aspecto penal —que si bien es importante, no considero que sea el fundamental—, todas las demás cuestiones también fueron tratadas como corresponde.

Si hemos demorado fue porque muchos proyectos necesitan su tiempo de maduración y de perfeccionamiento; como dice el refrán: «No por apresurarse se llega más rápido». Creo que nosotros le dimos el tratamiento correcto al tema.

Por supuesto que podemos tener criterios dispares en cuanto al proyecto de ley, pero creo que ninguno de nosotros puede tener dudas acerca de la importancia de esta iniciativa y de que su marco de discusión es el de la defensa y perfeccionamiento de la democracia; este ha sido el espíritu que guió a los constituyentes de 1994 para su sanción.