Proyecto de ley sobre la declaración de necesidad de la Reforma Constitucional. Segunda revisión

28 y 29 de diciembre de 1993
68ª Reunión – 27ª Sesión ordinaria (Especial)
Diario de Sesiones – Páginas 5387 a 5391

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: voy a rescatar uno de los últimos párrafos de la magnífica y medulosa exposición que acaba de hacer –como es su costumbre– el señor senador por Mendoza que preside el bloque radical. Decía que ésta no es la reforma que hubiera querido, que hubiera deseado otra cosa pero esto es lo que se pudo conseguir.
En gran medida esto es lo que dije en aquella sesión de octubre, cuando se nos criticaba que parte del proyecto del bloque justicialista había quedado en el camino. Dije que no era esa la reforma ideal, ni la que hubiéramos querido, pero sí la que pudimos consensuar. Así funciona el consenso; si en el trámite de conseguir ciertas leyes impusiéramos todo lo que queremos, el resultado no sería producto del consenso sino de la imposición.
Estamos tratando ahora, en segunda revisión un proyecto de ley por el que se declara la necesidad de la reforma de la Constitución, que ya contaba con la sanción del Senado; por eso hablo de segunda revisión.
Desde nuestra bancada no tenemos mucho que explicar porque lo que hacemos es mantener nuestra posición reformista. Es claro que este proyecto no es exactamente igual al que sancionáramos en octubre pero tampoco es tan distinto como creyeron verlo algunos, y me estoy refiriendo a los integrantes de la Cámara de Diputados, que prefirieron ignorar en una posición insólita la sanción del Senado y avanzar con otra iniciativa que luego enviaran en revisión a este cuerpo.
Creo que en este recinto ya se explicó acabadamente por qué el Senado es la Cámara de origen. Se dieron los fundamentos y también se dijo, con toda propiedad, que sería totalmente improcedente admitir como precedente que una Cámara pueda alegremente ignorar la sanción de la otra y enviar sobre la misma materia otro proyecto, máxime cuando la iniciativa originaria había sido motivo de dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, como ocurrió con nuestro proyecto en la Cámara de Diputados.
Si aceptáramos esto estaríamos admitiendo que una Cámara puede alegremente y de facto convertirse en iniciadora, pasando por arriba de claros preceptos constitucionales, que no establecen a simple título de competencia deportiva el carácter de Cámara de origen o revisora. Esto es así porque hay preferencias, privilegios y ventajas que tiene la Cámara iniciadora sobre la otra Cámara, la Cámara revisora.
Y por eso, precisamente, es que nosotros bajo ningún punto de vista podíamos aceptar esta actitud que hemos calificado de caprichosa, de mezquina. Porque no ha sido una omisión involuntaria, señor presidente. Así ha sido, como aquí se ha señalado, una actitud deliberada tendiente a ignorar la sanción que hizo este Senado oportunamente. Y es una lástima que un tema tan trascendente y que ocupó la atención de todo el país, como es el denominado Pacto de Olivos, haya sido vehiculizado a través de un procedimiento que significa violar claras normas constitucionales, como el artículo 71, así como también prácticas y antecedentes parlamentarios.
Esta misma Cámara, tal como aquí se ha dicho, este Senado, en varias oportunidades tuvo que recordarle a la Cámara de Diputados estos mismos preceptos cuando ignorando nuestras sanciones nos enviaba otro proyecto. De modo tal que lo menos que podía hacer esta Cámara es ratificar su condición de iniciadora, reivindicar ese carácter y tratar este proyecto, como lo estamos haciendo en este momento, en segunda revisión.
Sr. De la Rúa. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Britos). — Le solicitan una interrupción, señor senador.
Sr. Menem. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Britos). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por la Capital.
Sr. De la Rúa. — En abono y apoyo de lo que dice el senador, quería recordar el caso de la ley del régimen de la patria potestad, basado precisamente en un proyecto del señor senador por La Rioja. Lo tratamos y aprobamos en la Cámara y fue a la Cámara de Diputados.
Poco tiempo después, llegó un proyecto de la Cámara de Diputados ignorando el originario del Senado. En aquella ocasión, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tenía el honor de presidir, produjo un dictamen que fue hecho suyo por el cuerpo, reivindicando el carácter de Cámara iniciadora que tenía el Senado, que no podía ser dejado a un lado por la mera ignorancia de la otra Cámara del proyecto previamente aprobado.
Sr. Presidente (Britos). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Le agradezco al señor senador esa recordación. En esa oportunidad trabajamos juntos en ese dictamen que yo propuse y que fuera aceptado por la comisión y luego por el cuerpo.
Ocurre que este caso tiene una característica diferencial y especial con respecto a aquel por el sistema de mayorías que establece este proyecto de ley y que no establecía el de patria potestad compartida y de filiación.
En aquel caso, el tema tenía esta característica especial. Eran dos leyes distintas que había sancionado el Senado: una sobre patria potestad compartida y otra sobre filiación, que la Cámara de Diputados había ignorado, sancionando un solo proyecto incluyendo los dos temas, con gran parte de los contenidos de los proyectos que había sancionado la Cámara de Senadores, pero atribuyéndose el carácter de Cámara de origen.
Con respecto a esta actitud caprichosa y arbitraria de la Cámara de Diputados, podemos afirmar que quiso pasar por alto la sanción del Senado y que si ésta no hubiera existido hoy seguramente no estaríamos tratando aquí este proyecto de ley.
Quizás yo podría ir un poco más lejos y decir que ni siquiera hubiera existido el Pacto de Olivos si no hubiese existido esta sanción de la Cámara de Senadores, junto con otras circunstancias políticas que se fueron dando y que motivaron que se desembocara en este acuerdo histórico.
Muy rápidamente me referiré al Pacto. Creo que el debate está agotado, señor presidente. Como se dice vulgarmente ahora, el debate ya fue. Ya se dijeron todos los argumentos tanto del punto de vista técnico como político. Quienes estaban en contra volvieron a ratificar su posición; parte del principal bloque de la oposición, adherido al Pacto de Olivos, va a acompañarnos con su voto afirmativo; muchos de quienes en aquella oportunidad votaron en contra, lo seguirán haciendo y dieron a conocer sus argumentos, todos muy respetables. En síntesis, considero que en este recinto se ha expresado toda la gama posible de fundamentos.
Pero no puedo dejar de hacer una muy ligera referencia al Pacto de Olivos. Creo, señor presidente, que lo extraño o anormal hubiera sido la inexistencia de dicho Pacto. ¿En que podría haber terminado sino la posición de dos partidos que siempre se han declarado reformistas? Y no es que ningún partido de la noche a la mañana cambió su posición. Reitero que tanto el radicalismo como el justicialismo siempre se declararon reformistas.
Recuerdo, leyendo los antecedentes de 1948, la oportunidad en que los diputados radicales se opusieron a la ley declarativa de la necesidad de la reforma con argumentos muy similares a los que después fueron utilizados por nuestros amigos radicales en este Senado para oponerse en octubre pasado a la sanción del proyecto de ley que todos conocemos; reitero que se utilizaron los mismo argumentos y que también se declaraban reformistas.
Luego de muchas vicisitudes, cuando en 1983 volvió la democracia, la plataforma electoral de ambos partidos proclamó la necesidad de la reforma constitucional. Posteriormente, cuando el radicalismo estuvo en el gobierno, promovió la reforma constitucional. Prueba de ello es el dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia, las reuniones que en esa época mantuvimos y todos los avances que fuimos elaborando de común acuerdo.
Esto que sucedió ahora, este consenso, no es improvisado. Ya hemos discutido muchas de estas normas en 1988. Recuerdo que debatimos con Nino, Gil Lavedra y García Lema el tema del ballotage, al que se refirió el señor senador Genoud, porque en ese momento no nos poníamos de acuerdo con respecto a los porcentajes; estábamos cerca del 45 por ciento.
Recuerdo cómo el doctor Alfonsín, cuando yo regresaba de un viaje junto con el ahora Senador Bordón, nos invitó a la cabina del avión para explicarnos las bondades del sistema semiparlamentario al estilo del francés.
Esto de querer limitar los poderes del presidente no es una ocurrencia de ahora de Alfonsín, sino que es una idea que la tiene de antes.
El tema de la reelección lo sostuvimos siempre, aun en la época de la presidencia del doctor Alfonsín. Tuve la oportunidad de leer los trabajos que publicamos, donde sentamos nuestra posición a favor de la reelección presidencial y el acortamiento del mandato. Esto tampoco se ha improvisado. Luego, durante la campaña de 1989 ambos partidos incluimos en las plataformas la necesidad de la reforma constitucional. Yo me pregunto, si existían todos estos antecedentes, ¿no era lógico que en algún momento nos pusiéramos de acuerdo sobre la necesidad de la reforma? ¿De qué se pueden sorprender? Es claro: los que están en contra del arreglo —o como lo quieran llamar— empiezan a decir que esto no puede ser fruto del acuerdo entre dos hombres. Pero yo me pregunto, ¿se trata de dos ciudadanos sin representación o de los presidentes de los partidos más numerosos de la República? ¿Qué quieren? ¿Que se haga una reunión entre los tres millones y pico de afiliados al justicialismo y no sé cuantos que tiene el radicalismo en el marco de una asamblea para decidir? ¿Es que no tienen representatividad los presidentes de ambos partidos? Me pregunto, ¿no han sido ratificados por la convención del radicalismo y por el congreso del Partido Justicialista?
Señor presidente: cuando empezamos a escuchar este tipo de argumentos no podemos llegar a otra conclusión que no sea que realmente los que tanto hablaban del consenso lo ponían como pretexto para oponerse a la reforma. Porque antes decían que no había consenso y ahora, cuando se concreta el acuerdo, dicen que no puede ser porque sólo es entre dos personas, porque lo único que quieren es repartirse el poder, porque el sistema de la reelección le conviene al presidente, porque la atenuación del sistema presidencialista y otras disposiciones le convienen a la oposición.
Pero es claro: cuando se habla de la reforma constitucional se habla del poder. ¿O la Constitución Nacional no habla del poder? ¿Qué regula, en definitiva, además de los derechos y garantías de los ciudadanos? Regula el funcionamiento del poder. Entonces, no podemos atribuirle a esto propósitos espurios cuando se trata de la libre decisión de los partidos más numerosos representados por sus respectivos presidentes, avalados por sus máximos organismos —la Convención del partido radical y el Congreso del Partido Justicialista— y cuando las encuestas de opinión pública son favorables a la reforma de la Constitución Nacional. En consecuencia, no podemos tener ninguna duda de que vamos por el buen camino, de que vamos por el buen camino, reitero.
Creo que estamos respondiendo a una exigencia de la sociedad y de los tiempos, que quieren que actualicemos nuestras instituciones republicanas como lo han hecho la mayoría de los países del mundo y de nuestras provincias.
Podría repetir todos los argumentos que dimos en oportunidad de la sesión de octubre; pero creo que este debate no es sino una continuación del realizado en aquella ocasión porque estamos considerando este asunto en segunda revisión.
En aquella oportunidad, señor presidente, hablamos más de dos horas sobre la necesidad y oportunidad de la reforma. Nos referimos extensamente al tema de la reelección presidencial que irrita tanto a muchos que me hace pensar que algunas de las oposiciones —no todas— puramente tienen en cuenta coyunturas electorales y no objeciones de tipo institucional.
El tema de la reelección o no reelección presidencial, como dije en octubre, no es un dogma republicano; no es un precepto de la democracia. Es una cuestión de carácter eminentemente práctico que por razones históricas, en oportunidad de la sanción de nuestra Constitución, no fue incluida, no fue admitida, y sobre la cual actualmente creemos no existe ningún inconveniente para que ahora sea incorporada. Porque en definitiva la reelección o no reelección no la vamos a decidir nosotros ni la Convención Constituyente: la decidirá el pueblo cuando vote si quiere o no la reelección de un determinado ciudadano. Y no hay nada superior a esto: ni estas instituciones ni lo que diga la Convención Constituyente. No hay nada superior a la voluntad popular expresada a través del voto, que es el arma genuina que tienen los ciudadanos en defensa de la democracia.
Por eso, señor presidente nuestro bloque insiste en su posición de octubre y va a votar afirmativamente, por unanimidad, por la reforma de la Constitución. Lo hará unánimemente por la sanción de este proyecto que, originariamente, fue sancionado por esta Cámara de Senadores y que ha ingresado aquí corregido por la Cámara de Diputados. Va a votar afirmativamente en forma unánime con excepción de los aspectos a que se refirieron los miembros preopinantes.
Creemos que la reducción del mandato a cuatro años es totalmente conveniente. Lo hicimos saber oportunamente, antes de que se tomara la resolución. El equilibrio, la relación entre el mandato del presidente y de los senadores, la necesidad de que no haya una renovación total de las Cámaras cuando hay un cambio a nivel del Poder Ejecutivo son razones que avalan esta posición nuestra, que no es caprichosa, sectaria, que no tiende a defender ningún privilegio personal ni sectorial.
Porque como bien lo dijo el señor senador por Mendoza, no se tocan los mandatos actuales. Estamos pensando en el futuro; legislamos el futuro. No queremos que el presidente, en el futuro, se encuentre con una Cámara que recién empiece a ponerse en contacto con los proyectos, con los organismos de control, con las funciones que les corresponden.
Quienes estamos todo el día en el Senado sabemos qué podría ocurrir si nos fuéramos todos y vinieran nuevos legisladores a hacerse cargo de los proyectos. Ocurriría lo que a nosotros nos sucedió en 1983. ¿O no recordamos cómo fuimos perfeccionando la función legislativa en estos diez años de democracia? Legislamos mejor que en 1983. Por eso, no vamos a aceptar esta modificación. Pero tampoco vamos a hacer, y no podríamos hacerlo reglamentariamente, aquello de dejar el término en seis años, como muchos creen. Es la posición que todos tenemos. No lo vamos a hacer porque en nuestra sanción anterior no habíamos puesto el plazo. Y, como Cámara de origen, no podríamos modificar nuestra sanción anterior. De tal manera que, estando habilitado el tema, lo tendrá que resolver la Convención Constituyente, habilitada para tratar este tema, la que en definitiva fijará el plazo.
Pero esto no constituye violación del Pacto, como algunos creen, señor presidente. Al contrario. Al no aceptar esta modificación, al no aceptar esta cláusula, que entendemos inconveniente, estamos otorgando más fuerza al pacto porque estamos diciendo que el 99 por ciento restante merece nuestra aprobación. Y hoy le vamos a dar el carácter de ley, con la mayoría que establece la Constitución.
El hecho de que hoy se fije el plazo de cuatro años, o lo haga el día de mañana la Convención Constituyente, no es un tema esencial del pacto, que cuenta con todos los otros aspectos a que hicieron referencia el señor senador por Mendoza y los miembros informantes
De tal manera, que estamos ratificando el Pacto. Y esto no quiere decir —aquí voy a coincidir totalmente con lo manifestado por el señor senador por Mendoza— que nuestros partidos vayan a perder identidad por este pacto, así como que vayan a perder su posición.
Nosotros vamos a seguir desde el gobierno con nuestras políticas mientras no se nos demuestre que estamos equivocados. Los amigos radicales dicen que van a seguir cuestionando nuestra política; en buena hora que lo hagan. Nosotros vamos a continuar diciendo que no vamos a seguir la política económica que aplicó el radicalismo, que creemos fue muy dañina para los intereses del país. Nosotros los respetamos en su posición, pero no coincidimos con ellos. La estabilidad y el crecimiento que estamos logrando se dan en base a esta política, que vamos a seguir sosteniendo. Vamos a acordar en otros temas; ahora estamos haciéndolo respecto de la reforma de la Constitución. Se nos abre la perspectiva, señor presidente, para que podamos lograr acuerdos futuros sin resignar nuestras posiciones e identidades.
Recuerdo que en esa reunión de Olivos el ex presidente Alfonsín, en la mesa de trabajo que se armó, hacía referencia a la conveniencia de que pudiéramos avanzar sobre otros temas. Y planteaba concretamente el tema de la educación.
¿Por qué no podemos coincidir, en el día de mañana sobre la educación, o sobre temas de política exterior?
Con este Pacto relativo a la reforma de la Constitución, que es trascendente, estamos recreando el clima político de convivencia, madura y civilizada que nos va a permitir ampliar nuestros espacios de encuentros y racionalizar mejor nuestras disidencias.
A propósito de lo que recién comentaba el señor senador por Mendoza, recuerdo que la vez pasada, cuando me encontraba a cargo del Poder Ejecutivo, produjimos un hecho inédito en la historia del país; no sé si tiene parangón. A las 17,30 envié al Parlamento el proyecto de ley de intervención a la provincia de Santiago del Estero, y a las 2 y media de la mañana recibí para su promulgación el proyecto sancionado. Y yo me pregunto, señor presidente, si esto hubiera sido posible en ese clima de enfrentamiento, en ese clima hostil que llegamos a vivir en algún momento.
Esto que señalo nos revela cómo el acuerdo, más allá del tema específico de la reforma de la Constitución, nos va a permitir vivir mejor las instituciones de la República; nos va a permitir que en ese clima de convivencia podamos administrar mejor los intereses de la República desde el gobierno y desde la oposición.
Aquí se ha dicho con términos despectivos, peyorativos, en algún caso agraviantes —que pasaré por alto, porque no es el momento de responder agravios—, que antes de reformar la Constitución tendríamos que atender los otros problemas que afectan a los ciudadanos. Yo me pregunto por qué son incompatibles estás dos cosas. ¿Qué impide que mientras reformamos la Constitución atendamos los otros problemas que tiene la sociedad? Nadie ha dicho que la reforma sea la panacea para todos los males del país. Sí creemos que el mejor funcionamiento de las instituciones de la República va a ayudar a solucionar muchos problemas.
Quiero recordar las tres ideas-fuerza que sostuvimos en ocasión de discutir el primer proyecto del bloque de senadores justicialistas, que me honro en rescatar porque contenía la mayor parte de las disposiciones que hoy estamos sancionando. Estas ideas-fuerza eran las siguientes: mayor participación, mayor control y mayor eficiencia. Todas están presentes en este proyecto. Por eso, lo podemos votar con convicción y con la seguridad de que estamos respondiendo a una necesidad de la República.
Recién decía el señor senador por Mendoza que el fortalecimiento de los organismos de control es una de las ideas-fuerza. Esto estaba en nuestro proyecto y en la sanción de octubre. Anticipándonos a ello, nosotros sancionamos una ley de auditoría de la Nación. Y fuimos un poco precursores en esto de que la presidencia esté a cargo de un miembro de la oposición; le ofrecimos la auditoría a un miembro distinguido de la Unión Cívica Radical, un ex colega nuestro, el ex senador Juan Trilla, que hubiera honrado ese cargo. No lo pudo aceptar debido precisamente a esta puja política. Ahora, con satisfacción votaremos que ese cargo debe ser ocupado por un miembro de la oposición. Ya no podrán decir que no, y eso nos alegra sobremanera porque el gobierno se ejerce mejor cuando está bien controlado. Ya lo decía Perón: los hombres son buenos, pero cuando los controlan son mejores.
Por eso accedimos a esto. Por eso también accedimos respecto al Consejo de la Magistratura, y accedimos e insistimos con el Defensor del Pueblo como organismo dependiente del Congreso de la Nación para controlar los comportamientos irregulares de la Administración Pública.
Por eso aceptamos lo del jury de enjuiciamiento, para hacer más ágil el enjuiciamiento de magistrados. Por eso accedimos también a ampliar el período de sesiones ordinarias del Parlamento nacional; cuanto más esté en funcionamiento, mejor podrá controlar la labor del Poder Ejecutivo; lo que asimismo responde al principio de la eficiencia, ya que no es tan efectivo si sólo sesiona cinco meses al año en forma ordinaria y debe quedar siete a expensas de que el Poder Ejecutivo lo convoque para tratar únicamente los temas que dicho poder fija.
Por tal motivo, señor presidente, creo que estamos realizando un gran avance hacia el futuro. Creo que estamos habilitando a la Convención Constituyente que elija el pueblo de la Nación Argentina para que sancione la Constitución que nos habrá de regir los próximos años.
Jefferson decía —y ya lo cité en el debate anterior— que pretender que un país después de muchos años siga con la misma Constitución era como pretender que un niño siguiera llevando de adulto la misma chaqueta. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos queriendo sancionar una Constitución que responda a las necesidades de nuestro tiempo, que le dé mayor participación al ciudadano, que permita controlar mejor al poder, que sea más eficiente para hacer efectivo aquel principio de que la democracia no es ya suficiente como forma de gobierno, ya no es solo suficiente como estilo de vida, sino que ahora exige resultados, y éstos los daremos en tanto y en cuanto las instituciones de la República respondan con eficiencia a los requerimientos de la sociedad actual.
Señor presidente: en todo lo demás ratificamos nuestras exposiciones anteriores, y quiero decir una vez más que me siento orgulloso de ocupar esta banca en el Senado de la Nación para tratar este proyecto trascendental para el futuro del país. Me siento plenamente satisfecho con el clima en que se ha desarrollado este debate y el del mes de octubre, con las disidencias, controversias y aún con los exabruptos.
Aquí se ha debatido el futuro del país. En eso estamos coincidiendo todos. Y como decía el fundador de nuestro movimiento, en esto estamos todos de acuerdo: queremos una Nación grande con un pueblo feliz. (Aplausos.)