Proyecto de ley sobre promoción industrial

22 y 23 de septiembre de 1988 – 27º Reunión
Diario de Sesiones – Páginas 3018 a 3028

Sr. Menem. — Señor presidente: desde luego que voy a votar en contra de este proyecto de ley. Y lo voy a hacer porque —como dijo un colega hace algunos instantes, no sé si deliberadamente o se le escapó la palabra, pero creo que lo definió perfectamente— es un “despojo” hacia las provincias del Acta de Reparación Histórica. Y para colmo, es un despojo que no beneficia a nadie. Si esta ley se dictara en contra de nuestras provincias para favorecer a provincias hermanas, créanme que la votaría afirmativamente con mucho gusto. Y ésta no es una mera expresión sin fundamento.
Cuando se presentó en la Cámara de Diputados este que con el tiempo será llamado el tristemente célebre proyecto de ley Socchi, los representantes del Acta de Reparación Histórica en esta Cámara presentaron un proyecto de ley alternativo.
Ese sí era un proyecto que promocionaba la industria en todo el país. Era un proyecto perfectamente estructurado en el que se determinaban las zonas de producción y los distintos impactos que debía tener parar promover una verdadera radicación y posibilitar el desarrollo equilibrado del país. Ese era el mensaje que dábamos las provincias que teníamos un régimen de excepción y no de privilegio, régimen de excepción que queríamos compartir con todas las provincias hermanas.
Lamentablemente, ese proyecto ni siquiera fue tenido en cuenta porque ya existía la intención de seguir adelante con este otro de destrucción de la promoción industrial en nuestro país.
Creo que nadie debe sentirse contento. Mejor dicho, creo que hay alguien que está contento. Pienso que esta noche va a quedarse muy contento el secretario de Hacienda, porque, según su criterio, los problemas que tiene la Tesorería son debidos a la ley de promoción.
Por supuesto, también van a quedar muy contentos aquellos funcionarios del Fondo Monetario Internacional que elaboraron ese dictamen publicado íntegramente en un diario del país, que no fue desmentido en su momento; dictamen que fue solicitado por el gobierno nacional, con respecto al régimen de promoción, al que el Fondo calificaba de perverso. Ellos van a estar muy contentos.
Pero creo que a medida que pasen los días esta euforia que están viviendo y van a vivir algunos gobernadores de provincia, creyendo que con esto van a tener la solución, se va a diluir, y en un tiempo más nos van a dar la razón, lamentablemente, cuando ya la promoción industrial esté definitivamente muerta en el país.
Porque de pronto hubo cómo una psicosis colectiva. Todo el mundo descubrió que los males del país se originaban en la ley de promoción industrial y, más precisamente, no en la ley en general, sino en las leyes que beneficiaban a las cuatro provincias. Ahí estaban los males. Y salieron artículos en los diarios, declaraciones, denuncias de evasiones impositivas.
Se me ocurrió pensar en un título, no sé si de una película o de un libro: Disparen sobre el pianista. Aquí era “Disparen sobre las provincias del Acta de Reparación Histórica”. Desde ese momento nos venimos sintiendo agredidos, no solamente porque nos quieren sacar la ley, sino por una serie de falsedades, mentiras e infundios. Venimos soportando desde hace tiempo aquello de provincias privilegiadas, galpones de facturación, industrias con rueditas, fraude, etc.
De pronto pareciera como que se consagró un nuevo pecado: el querer desarrollarse, querer salir del atraso y la postergación, querer dar fuentes de trabajo a los hermanos puntanos, sanjuaninos, catamarqueños y riojanos, cuyo único destino era, desde hace muchos años, emigrar de sus provincias en busca de mejores horizontes. Ahí están las colonias de riojanos, santiagueños… Allá están en Caleta Olivia, en el sur; en el cinturón industrial de Buenos Aires, muchos viviendo en villas miserias. Pero allí pueden ganarse el sustento, cosa que no pueden lograr en nuestras provincias por falta de trabajo.
En definitiva, no se trataba de que recibieran becas o subsidios sino que se les permitiera cumplir con el precepto bíblico de “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. De eso se trataba. Pero de pronto el precepto bíblico se convirtió en pecado y ahí radicaban todos los males del país: el déficit fiscal, la evasión, la deuda externa, la desnutrición. En fin, parecía que todas las plagas de Egipto estaban originadas en las leyes que beneficiaban a estas provincias del Acta de Reparación Histórica.
Y de pronto, la panacea, el proyecto Socchi. De pronto, todo el mundo detrás de esta iniciativa que iba a solucionar todos los problemas.
Pareciera, señor presidente, que este tema de la promoción industrial había nacido únicamente para las provincias del Acta de Reparación Histórica. Pareciera que se olvidaron de que este tema data de hace muchísimos años. Observen que el primer proyecto de promoción industrial fue dictado por el Primer Triunvirato en 1812. Desde entonces se sucedió una larga cadena de leyes de promoción, que por respeto a mis colegas y dado lo avanzado de la hora no enunciaré, pero que tengo perfectamente registrada.
La promoción y los beneficios no se inventaron para el Acta de Reparación Histórica. Mucho antes que para nuestras provincias hubo ya desarrollos en otros Estados provinciales a los que nosotros, es cierto, mirábamos con un poco de envidia. Sin embargo, nunca salimos a promover la derogación de esos regímenes.
Veíamos cómo crecía Córdoba, con sus industrias y fábricas de automóviles; cómo se desarrollaba Mendoza y la mayoría de las provincias argentinas. Mientras tanto, nosotros estábamos estancados y sufríamos el éxodo de nuestra población. Cada vez había más riojanos y catamarqueños fuera de sus provincias. Nos habíamos convertido, prácticamente, en una fábrica de colocar servicio doméstico en el resto del país.
Si quisiéramos hilar fino, es posible que haya habido gente a quien le habría molestado que cuando se empezaron a radicar fábricas en nuestras provincias comenzó a disminuir la oferta de servicio doméstico en la Capital Federal y en todas sus zonas aledañas. Porque esas chicas que no tenían trabajo en Catamarca o La Rioja debían trasladarse a Buenos Aires para trabajar como empleadas domésticas. Ahora, en cambio, trabajan en nuestras fábricas y son buena mano de obra, incluso reconocida por otros. Se terminó esa situación y tuvieron que traer gente de Paraguay, de Chile y de otros lados para ocuparse de esas tareas porque ya no contaban con las riojanas y catamarqueñas que, en su momento, poblaban los andenes de Retiro a donde llegaban desorientadas y sin saber hacia dónde debían tomar.
¡Cómo no nos va a doler señor presidente, que de pronto se considere que ésta es la causa de los males del país, que nuestro desarrollo es el que los origina, como si fuéramos extraños a la Argentina, como si las fábricas que se radicaron en La Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan no contribuyeran también al progreso de la Patria!
No es cierto lo que se dice y lo voy a demostrar con números. Es absolutamente falso que la mayoría de esas fábricas se instalaron en nuestras provincias dejando a otras vecinas. Es muy bajo el número de industrias trasladadas; en efecto, en La Rioja sólo es del 10 por ciento. El 90 por ciento restante corresponde a industrias genuinas, que no provienen de traslados desde otras provincias. Quienes han afirmado lo contrario han agregado otro dato inexacto a esta cuestión. Ello ha motivado que muchas provincias apoyen este proyecto de ley porque creen que nosotros les hemos quitado algo.
Escuchaba recién al señor senador por Santiago del Estero cuando afirmaba que desde que se sancionó el Acta de Reparación Histórica no se radicó una sola industria en su provincia. Le contesto que esa situación no puede obedecer a las consecuencias del acta mencionada. Muchas otras son las causas por las cuales nuestra industria está deprimida y por las que se han cerrado establecimientos industriales. Eso se debe a que no hay inversión. Ya lo señaló aquí, con su verbo encendido, el compañero Sánchez: se pasó de una cultura del trabajo y de la producción a otra de la especulación.
De pronto en nuestro país a nadie se le ocurría invertir para producir porque resultaba mucho más fácil entrar en la “timba” financiera. Estamos en una cultura de la especulación.
Por ello, cada vez que se levanta una chimenea en nuestras provincias reciben un golpe las mesas de dinero; se trata de un golpe contra la “timba” y contra todos aquellos que están mirando dónde poner su dinero, dónde les ofrecen más interés. Eso es mucho menos riesgoso que invertir, inclusive, es menos riesgoso que invertir en los regímenes de promoción industrial porque ellos también tienen riesgo.
Lo que no escuché decir esta noche por parte de quienes están a favor de la ley, o no escuché valorar, es en qué medida juega la desfavorable situación de nuestras provincias, en dónde se van a radicar estas nuevas empresas, en qué medida se alejan de los mercados de consumo y tienen que luchar contra nuestra falta de infraestructura.
Es mucho más caro producir allí que aquí; por eso viene este sistema de compensaciones a través de franquicias impositivas. Ocurre que, mientras se instala una industria aquí, en el Gran Buenos Aires o en otras de las zonas cercanas al puerto, no hay problemas de agua.
En mi provincia se debe recorrer una gran distancia para poder obtenerla. Y, como se decía hace unos momentos, para producir pagan la energía eléctrica allá, en la provincia, al mismo precio al que la paga un ciudadano que utiliza su equipo de aire acondicionado para confort en la Capital Federal. Exactamente al mismo precio.
Tienen que entender que en nuestras provincias cuesta mucho más. El transporte es caro y estamos incomunicados. A nosotros se nos suprimió el tren, y va uno carguero —que nadie quiere utilizar porque es pésimo el servicio— una vez por semana.
Tenemos un avión por día, con el que nos comunicamos únicamente con Buenos Aires y, si queremos ir a San Juan o Tucumán debemos venir primero a Buenos Aires y luego nos trasladamos a la otra provincia.
Eso debe ser valorado cuando se piensa en los beneficios relativos de que gozan las industrias que se radican en nuestras provincias. Pero, de pronto, eso es pecado. Hay que tirar abajo la promoción y ya estamos embarcados en una ley que va a sumir a nuestro pueblo en la desesperación y la angustia.
Se ha venido formulando una serie de críticas a los regímenes de promoción a través de todos los diarios, de la prensa en general, y yo las voy a contestar.
Hoy nos van a dejar sin la ley; hoy nos van a dejar sin la promoción. Pero yo les voy a demostrar que están cometiendo un error, y les voy a contestar una a una algunas de las críticas que se hicieron, aun a riesgo de extenderme un poco.
Pero permítaseme esto que se denomina “derecho al pataleo”, ya que quiero que el día de mañana sepan valorar lo que les estamos diciendo esta noche, que se están equivocando, no sólo porque no va a haber promoción, sino porque están cometiendo una injusticia con nosotros.
Por ejemplo, se presenta la promoción industrial como uno de los principales componentes del déficit fiscal del país y como el canal para la evasión impositiva.
En 1987, en la provincia de La Rioja, el cupo fiscal para la promoción —igual al de las otras provincias— aprobado por el artículo 20 de la Ley de Presupuesto de la Nación, fue de 31 millones de australes, monto que nos costó sangre conseguir. Fue así porque el año pasado, la gente de la Secretaría de Hacienda envió el mismo cupo que el año anterior, como si en el país no hubiera existido inflación. Giró nuevamente 17 millones de australes. Y aquí tuvimos que discutir, en la Comisión y, con la buena voluntad del señor senador Trilla y otros señores senadores, pudimos llegar a esos 31 millones de australes. Así, toda la región en que se aplica la ley de promoción —es decir, las cuatro provincias— recibió un cupo de 124 millones de australes.
La irrelevancia del costo fiscal de la promoción puede evidenciarse si se lo compara con las pérdidas de las empresas del Estado, que no prestan servicios en la provincia de La Rioja.
A valores del presupuesto de 1986, el cupo fiscal para La Rioja fue de 17 millones de australes. A su vez la empresa Ferrocarriles Argentinos, en ese año, arrojó un déficit de 700 millones de australes. Quiere decir que ocho días de déficit de Ferrocarriles Argentinos pagarían un año de promoción industrial en La Rioja.
Si se sumasen los déficit de ELMA —Empresa Líneas Marítimas Argentinas—, Administración General de Puertos, Ferrocarriles Argentinos y Astilleros Navales del Estado, el total alcanzaría a 896 millones de australes, lo cual equivale a cincuenta y tres años de promoción en La Rioja.
La región promovida por la ley 22.021 es cuestionada por ser el “paraíso fiscal” y el “coto de caza” de las empresas evasoras.
Téngase presente que las empresas radicadas deben localizarse en áreas que no disponen de las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad industrial, lejanía del mercado y de los abastecedores de materias primas y semielaboradas, carencia de infraestructura y equipamiento, etcétera, lo que por cierto genera sobrecostos. Dichas empresas deben comprometerse a hacer real programas de inversión, aporte de tecnologías, generación de empleos y producción, los que son doblemente controlados por la DGI y por la autoridad de aplicación.
Por otra parte, existe la economía marginal o subterránea de las empresas que sin moverse de Buenos Aires, sin programas de inversión, empleo de tecnología ni producción, están promovidas de hecho. Aquí, señor presidente, se critica mucho la promoción industrial de nuestra provincia, que se hace de acuerdo con la ley, pero se olvidan todas aquellas empresas que están promovidas de hecho porque trabajan en negro y están al margen de todo control fiscal.
Según la DGI, sobre un millón de potenciales contribuyentes del IVA, el 65 por ciento no está ni siquiera inscripto.
¿Cuál es la incidencia negativa que sobre la recaudación tienen doscientas cincuenta empresas en La Rioja y mil quinientas en toda la región que al estar puestas en marcha están liberadas del ciento por ciento del IVA por cinco años?
La relación indica que por cada mil evasores existen dos empresas promovidas con uso efectivo de franquicias.
Con respecto al déficit fiscal achacado a la promoción podemos comparar el total de recursos que el Estado asignó para todo el país en 1987. Así veremos que se llegó a 2.064 millones de australes incluidos nuevos proyectos y otros promovidos con anterioridad. Esa cifra, aproximadamente 600 mil dólares orientados a la promoción de la economía, representa apenas el 10 por ciento de los recursos que se giraron al exterior en concepto del pago de los intereses de la deuda externa.
Finalmente, es necesario aclarar que el análisis hecho anteriormente toma como elemento de referencia el costo fiscal teórico, concepto que exagera el costo real e induce a error a la opinión pública y a los gobernantes pues se lo presenta como un subsidio, cuando en la realidad ni las provincias ni las empresas reciben dinero de la Nación.
Por lo tanto, el costo fiscal no integra una cuenta en el presupuesto ni como erogación ni como una cuenta negativa en el cálculo de recursos. Además, su significación real queda minimizada ante otros factores de enorme gravitación sobre el déficit fiscal.
Sin embargo, a partir de la ley de coparticipación aprobada en 1988, el costo fiscal teórico de la promoción es considerado un aporte implícito y es deducido de las transferencias del gobierno nacional hacia las provincias.
El paraíso fiscal, el jubileo, la indulgencia universal y plenaria concedida por el Papa sería la bendición fiscal que a juicio de los detractores de la ley 22.021 alcanza a las empresas radicadas en La Rioja y las otras provincias.
El concepto exagerado del costo fiscal resultante de la promoción se origina en la metodología de cálculo que aprobó la resolución 773/77 de la ex Secretaría de Comercio y en un trabajo elaborado en enero de 1978 por la Secretaría de Hacienda, cuyo objetivo era ilustrar sobre la manera correcta de efectuar el cálculo del costo fiscal, es decir lo que el Estado deja de percibir.
Esta interpretación del concepto al que la ley 21.608 le imputa el carácter de costo fiscal teórico, avanza hasta afirmar que el Estado deja de percibir los impuestos involucrados en la promoción. Esta afirmación sólo resultaría cierta en dos casos atípicos, al menos en lo que respecta a mi provincia: primero que la empresa hubiera estado tributando y al trasladarse al área de promoción dejara de hacerlo y, segundo, que tratándose de una nueva actividad generara por competencia el cierre de otras empresas contribuyentes.
Nuestra experiencia indica que sin promoción, la actividad productiva no se hubiera generado, permaneciendo la inversión en el circuito financiero o en la actividad especulativa.
La promoción genera —con lo que se desmiente la idea del jubileo— nuevos recursos fiscales. Tenemos que aclarar que la promoción no resulta absolutamente gratuita. Es mentira que el Estado no perciba nada. Se generan nuevos ingresos para el Estado, y lo voy a demostrar.
Primero, en la etapa de instalación de las empresas, previamente a su puesta en marcha, se paga el 70 por ciento del IVA de los bienes de uso, el 100 por ciento de los impuestos internos, el 100 por ciento del impuesto al capital, el 100 por ciento del impuesto a los combustibles y el 100 por ciento del impuesto de sellos.
En la etapa de producción, a partir de la puesta en marcha, se paga el 100 por ciento de los impuestos internos, el 100 por ciento del impuesto a los combustibles, el 100 por ciento del impuesto de sellos, el 100 por ciento de los derechos de exportación, el 100 por ciento de las contribuciones de previsión y asistencia social, el 100 por ciento del FONAVI y el 100 por ciento de tasas y tarifas como ser la energía eléctrica, agua, teléfono, etcétera.
Además, se debe pagar del 5 al 85 por ciento del impuesto a las ganancias, a partir del sexto año y hasta el año número quince; del 5 al 85 por ciento del IVA a partir del sexto año y hasta el año quince; del 5 al 85 por ciento del impuesto a los capitales a partir del año sexto y hasta el año número quince; y el 100 por ciento del impuesto a las ganancias. IVA y a los capitales, después del año quince.
En relación a los tributos provinciales, las radicaciones en la capital pagan todos los impuestos. Primero, en la etapa de instalación, deben abonar el 100 por ciento del impuesto de sellos, el 100 por ciento del impuesto inmobiliario y el 100 por ciento del impuesto a los automotores y acoplados. Segundo, en la etapa de producción, el 100 por ciento del impuesto de sellos, el 100 por ciento del impuesto inmobiliario, el 100 por ciento del impuesto a los automotores y acoplados y el 100 por ciento del impuesto a los ingresos brutos.
La conclusión es evidente. Aun desde el punto de vista del ingreso fiscal, la promoción industrial es ventajosa. Ella se magnifica cuando se tiene en cuenta la multiplicación de actividades que la empresa promovida produce sobre el resto del empresariado.
Además, la promoción hace identificable a los contribuyentes y amplía la base tributaria por la propia actividad y por inducción de otras actividades productivas y de servicios.
Este es otro de los fantasmas que quiero aventar. No es cierto que sean todos subsidios; hay actividad, se generan servicios y bienes, se pone en marcha el efecto multiplicador, y además se pagan los impuestos en la proporción que acabo de mencionar.
Otro de los fantasmas, otra de las mentiras, ha sido decir que estas leyes de promoción de nuestras provincias ocasionaron el vaciamiento de la industria nacional. Las jurisdicciones que concentran la actividad industrial, como Buenos Aires, la Capital Federal, Santa Fe y Córdoba, representan el 85 por ciento del producto bruto industrial nacional. Estas jurisdicciones argumentan la urgente necesidad de una ley de promoción que concluya con el éxodo que la 22.021 produjo hacia La Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan. De este modo se presenta a esta región como la causante del vaciamiento y la contracción de la actividad industrial nacional.
El censo económico nacional de 1985 muestra que en el período 1974-1985 se cerraron 15 mil establecimientos industriales, con pérdida de 166 mil puestos de trabajo. Desde luego, las provincias más industrializadas sufrieron en mayor medida el impacto. Y esto lógicamente tenía que ser así, porque, ¿cómo íbamos a sufrir nosotros, si en ese tiempo no teníamos industria?
Pero es desacertado asignar a la ley 22.021 la responsabilidad el achicamiento económico nacional. Por el contrario, en todo caso la promoción permitió evitar que la tasa de inversión privada, que bajó del 22 al 12 por ciento, fuera aún menor, ya que de cada seis australes de inversión, un austral fue aportado a través del sistema de promoción, sustrayéndolo del circuito de la especulación financiera.
Si comparamos el número de industrias radicadas en la región de aplicación de la ley 22.021, que son 3.500 proyectos, con las que están en producción efectiva, que son 1.500 proyectos, podremos entender por qué son falaces los argumentos de las provincias ricas que cuestionan el régimen de promoción por generar un traslado de actividades o éxodos industriales, y no una nueva actividad. En el caso de La Rioja, sólo el 10 por ciento de los proyectos propusieron traslados y, además, traslados parciales de algunas máquinas, pero manteniendo la actividad en la zona de origen sin cierre de las fuentes de trabajo. Ese 10 por ciento significa para la región el traslado de 150 proyectos de los 1.500 que se encuentran en producción. Queda claro que existe una diferencia abismal entre los 15 mil establecimientos que la política económica de los últimos diez años obligó a cerrar y los que vinieron a radicarse en virtud de la promoción.
Otro de los argumentos en contra del régimen de la ley 22.021 es el de la competencia desleal que se genera para con las industrias de los grandes centros por parte de las radicadas en áreas de promoción. Se afirma que se afecta la normal competencia. Pero, ¿de qué normal competencia se puede hablar, si Buenos Aires tiene 40 mil establecimientos industriales, contra los 250 que tiene La Rioja? Buenos Aires tiene más del 40 por ciento de la industria nacional. ¿De qué normal competencia se puede hablar, dadas las facilidades que tiene la actividad industrial en Buenos Aires para operar con los distintos proveedores, de acceso al mercado consumidor —más del 60 por ciento de la población nacional reside en Buenos Aires, y si consideramos la Capital Federal este porcentaje se incrementa al 88 por ciento con sólo cruzar la avenida General Paz—, de infraestructura, comunicaciones, transporte, servicios especializados, proximidad al puerto exportador de sus productos terminados e importados de sus materias primas y semielaboradas? La competencia desleal que le hace La Rioja a Buenos Aires y a su área de influencia es la misma competencia desleal que David podría haberle hecho a Goliat.
Las provincias que más duramente cuestionaran la promoción riojana, presentando la región como el paraíso fiscal, son las que se beneficiaron permanentemente con la promoción, y en esto, señor presidente, no quiero entrar a generar problemas ni discusiones con colegas de otras provincias sino que estoy exponiendo datos objetivos, de la realidad, que no tienden a cuestionar el desarrollo de las otras provincias. A mí no me molesta que se radiquen industrias en ellas pero sí me molesta que con argumentos falaces como los que he mencionado se le esté quitando la promoción industrial a la mía.
El estudio del CFI sobre los resultados de la aplicación de la ley general 21.608 muestra que Buenos Aires recibió el 35,4 por ciento; Santa Fe, el 11,9 por ciento y Mendoza el 5 por ciento de la inversión promovida hasta diciembre de 1984, que fue de 3.300 millones de dólares.
En 1988, cuando a través de la discusión de la nueva ley de coparticipación, se idea deducir de los recursos coparticipables los costos de la promoción considerados aportes implícitos, la Secretaría de Hacienda publica los costos que la promoción generó en 1985 y 1986. Mientras en 1985 La Rioja recibía —entiéndase bien— el 0,5 por ciento del total de los recursos destinados a promoción industrial, Buenos Aires recibía el 10,9 por ciento y Santa Fe el 14,7 por ciento: esto es, respectivamente, 22 veces y 30 veces más promoción que la que se asignó a nuestra provincia.
Señor presidente: creo que cuando expresamos nuestro descontento y este dolor de sentirnos despojados tenemos razones para hacerlo. Estamos hablando con datos de la realidad; esto no es retórica, es lo que está pasando en nuestro país en este momento, en 1988, en que se nos quiere despojar en forma quizás equivocada, tal vez por desconocimiento de la realidad de nuestras provincias, de un régimen de promoción que nos ha devuelto hace algunos años —y lo sigue haciendo todavía— las fuentes de trabajo; que ha frenado el éxodo de nuestra población; que ha generado vida y que, fundamentalmente, nos ha dado la posibilidad de poder decir que somos realmente una provincia y no un baldío nacional.
Otra de las críticas que se nos hacen es que nuestras provincias ejercen la autoridad de aplicación en una forma complaciente. Se presenta a los poderes ejecutivos provinciales que actúan como autoridad de aplicación en sus respectivas jurisdicciones, asumiendo conductas complacientes, cuando no irresponsables: el desinterés por la selección de los proyectos, la violación de la normativa referida al trámite administrativo previo a la promoción, se promovería sin la imputación al cupo fiscal que debe hacer la Secretaría de Hacienda, se omitiría la consulta a la Secretaría de Industria en el caso que corresponda, no se dispondría de la aprobación del Poder Ejecutivo nacional de las inversiones de empresas extranjeras o locales de capital extranjeros, la falta de interés por la radicación, la inversión y producción efectivas, la falta de control de procedimiento de sobrefacturación, etcétera. En síntesis, no se aprovecharía el sistema para el rédito económico o social que la producción genuina trae aparejado.
A tales afirmaciones corresponde responder que gracias a la descentralización de la autoridad de aplicación en manos de las autoridades provinciales podemos exhibir estos resultados: por primera vez en la historia de la promoción industrial argentina se captan proyectos de inversión para La Rioja.
Veamos la eficacia y la eficiencia de la promoción. Ya dijimos anteriormente cuáles fueron los resultados. Por primera vez la promoción industrial mostró un nivel tan alto de materialización de proyectos: 50 por ciento puestos en producción efectiva con relación al total promovido; 75 por ciento de proyectos que trasuntan un real interés empresario.
Por primera vez se aplica un efectivo sistema de control con imposición de sanciones por incumplimiento, a pesar de la falta de colaboración de la Dirección General Impositiva que se niega y se ha negado a informar en reiteradas oportunidades al gobierno de mi provincia sobre el uso de beneficios por parte de incumplidores amparados en el secreto impositivo.
El 14 por ciento de las empresas presenta distintos incumplimiento y al 7 por ciento de las promovidas se le revocaron los beneficios con devolución de los tributos y multas.
Yo tengo testigos calificados. Puedo poner de testigos a las Secretarías de Industria y Comercio y a la de Hacienda; puedo poner de testigo a la propia Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado en la que alguna vez conversamos sobre estos temas de la promoción fiscal en nuestras provincias. En esa oportunidad he tenido el gusto de escuchar por parte de algunos colegas que decían que realmente en mi provincia era un orgullo, un lujo u otros términos similares ver cómo se había hecho la aplicación de la ley de promoción industrial.
La propia autoridad de aplicación provincial, interesada en el seguimiento y control de los proyectos, dictó normas complementarias estableciendo un doble sistema de control: directo, por inspección a los establecimientos e indirecto, por declaraciones juradas trimestrales, que reflejan mes por mes la ejecución de los proyectos.
Más de una vez me vinieron a hablar empresarios que querían radicarse en La Rioja para decirme que éramos demasiado celosos en las exigencias de los recaudos que debían cumplir para radicarse. En buena hora que seamos celosos porque ello asegura que se trate de radicaciones serias y efectivas.
Ahí están los resultados; mienten los que dicen que son galpones con rueditas. Yo lo he desmentido públicamente. Los invito a que vayan al parque industrial de mi provincia y observen si están realmente radicados o si son meros galpones de facturación.
Los que afirman eso, o lo dicen por ignorancia, porque no lo conocen o, lo que es más grave aún, lo conocen y lo dicen con la más absoluta mala fe, y esto es imperdonable.
La autoridad de aplicación provincial dictó el decreto 298/86 que establece criterios de selección por calidad de los proyectos, dando prioridad a las inversiones nuevas en oposición al traslado, a la consolidación de la industria ya instalada con relación a nuevas, a la integración con actividades industriales ya existentes y la transformación de las materias primas del semiárido y de la minería, a la mayor generación de valor agregado, a la localización de las inversiones en el interior provincial y a la mayor generación de empleo.
Los proyectos que no alcanzan criterios de mínima, no son promovidos. Los que los alcanzan, no satisfaciendo plenamente las exigencias cualitativas, reciben una escala recortada de beneficios.
Todos los proyectos promovidos cuentan con la imputación presupuestaria correspondiente. La información obra en poder de la Secretaría de Hacienda, así que puede ser perfectamente controlada.
En todos los casos se remiten, previo a la promoción, las consultas que corresponden a la Secretaría de Industria y a la Secretaría de Coordinación Económica, en el caso de inversiones extranjeras.
En oposición a los resultados de autoridad de aplicación centralizada podemos decir —y esto es importante— que se promovió la pequeña y mediana empresa, que la inversión promedio por proyecto fue de 814 mil dólares, mientras que a nivel nacional se promueven grandes empresas con una inversión promedio igual a 11 millones de dólares.
Esto, señor presidente, es favorecer efectivamente a la pequeña y mediana empresa. Hemos promovido a un promedio de 814 mil dólares por empresa, mientras que la promoción a nivel nacional se hizo a un promedio de 11 millones de dólares.
También se generó más empleo. Les voy a pedir que escuchen bien los señores senadores los datos que voy a proporcionar, que sirven también para desmentir otras afirmaciones falaces que se andan haciendo por ahí. En mi provincia, por cada 28 mil dólares de inversión se creó un puesto de trabajo; en tanto que a nivel nacional se creó un puesto de trabajo por cada 113 mil dólares de inversión. Comparen, señores senadores, 28 mil dólares contra 113 mil dólares y saquen la conclusión.
“El costo fiscal teórico promedio de un proyecto en La Rioja es cinco veces menor que en Buenos Aires y dos veces menor que en Mendoza.
”La fuente de esta información es el Consejo Federal de Inversiones: ‘Evaluación de los Regímenes de Promoción, Leyes 21.668 y 22.021’. A estos datos proporcionados por el Consejo Federal de Inversiones, me remito”.
Con esto estamos demostrando que si se nos quita el régimen promocional de nuestra provincia será por otras razones muy distintas a las que se han venido invocando. No quiero entrar a analizar esas razones, pero ellas no son las que se invocan en el sentido de que es el paraíso fiscal, ni que haya traído el vaciamiento de la industria nacional ni que haya evasión. No hay nada de eso. Que invoquen cualquier otra razón, pero que no digan que es por alguno de estos argumentos, ya que creo que ha quedado claramente demostrado que no tienen razón de ser.
Pero hay más, señor presidente. Aquí se han arrojado toda clase de epítetos contra nuestra ley de promoción industrial, concretamente contra el régimen de la provincia; pero no se ha dicho nada o se ha minimizado cuál ha sido la magnitud o los costos de la promoción industrial sectorial. Esa realmente ha sido la gran promoción industrial del país.
En mi provincia, la inversión total promovida entre 1980 y 1987 —siete años de promoción— alcanzó a 424 millones de dólares.
A su vez, si analizamos la promoción sectorial —en este caso la fuente de información también es el Consejo Federal de Inversiones, de donde he obtenido las características de los cincuenta mayores proyectos de promoción industrial entre 1974 y 1987— veremos que en Buenos Aires se promovieron doce proyectos con una inversión de 798 millones de dólares. En Santa Fe se radicaron cinco proyectos con un total de 892 millones de dólares. En Misiones se radicaron cuatro proyectos con un total de 978 millones de dólares. En Tierra del Fuego se radicaron tres proyectos por 425 millones de dólares. Estas provincias promovieron más que La Rioja, Catamarca y San Juan. […] Hay una “pequeña” gran diferencia. Por ejemplo, Celulosa Argentina está promovida por 525 millones de dólares. Impagro —que produce urea, amoníaco y nitrato—, en Santa Fe, fue promovida por 491 millones de dólares. Es decir, más que toda la promoción industrial en La Rioja a lo largo de siete años. […] Hay otra cosa; otra “pequeña” gran diferencia.
Mientras en La Rioja hemos promovido la pequeña y la mediana empresa —y ya he dado la cifra promedio de 814 mil dólares—, algunas beneficiadas con la promoción sectorial son, en muchos casos, empresas monopólicas formadoras de precio, y además cotizan en Bolsa. Estoy seguro, señor presidente, de que muchas de ellas no necesitan la promoción como la necesitaron aquellas otras para radicarse en nuestra provincia. […] Entonces, cuando hablamos de la promoción industrial […] y de los costos, por favor, no le echemos todo el fardo a nuestras provincias del Acta de Reparación. Empecemos por lo grande, por la promoción sectorial y recién después sigamos con lo pequeño, o sea, las pequeñas empresas radicadas en nuestras provincias. […] Esta ley no sirve para promover. No habilita la promoción efectiva a las provincias que no la tienen porque no define todo el sistema. Necesita de otra ley porque falta resolver: 1. Qué jurisdicciones accederán a la promoción y cuáles quedarán excluidas; 2. Las áreas incluidas, con qué tasa de promoción; 3. El régimen del capítulo I, de promoción regional con sentido “sectorial”, qué actividades habrán de priorizarse en cada provincia, cuáles se excluirán; 4. La definición del valor agregado que, al ser un tecnicismo, representará la cantidad de bonos que recibirán las empresas promovidas por el régimen regional sectorial; 5. La ponderación del valor o peso relativo que las variables mencionadas en el artículo 8º representarán para determinar la intensidad de promoción en cada jurisdicción.
¿Qué se priorizará? ¿La distancia al kilómetro cero, la tasa de desempleo, los vacíos de población, la tasa de migración? ¿Qué se priorizará? Este es el meollo de la cuestión.
Por ello, señor presidente, no se ha enviado junto con éste el otro proyecto de ley, porque saben que va a ser de muy difícil consecución y acuerdo para poder compatibilizar todas las necesidades del país, todas las necesidades de las provincias, a través de esas pautas. Por eso no se ha enviado el segundo proyecto de ley. No va a ser muy fácil conseguir la vigencia plena del régimen.
La definición de estos aspectos reservados al segundo proyecto de ley, tal como lo establece el artículo 8º, no sólo será de laboriosa definición técnica sino, sobre todo, de difícil acuerdo político. Será, en su escala, una nueva ley de coparticipación.
Con respecto a la aprobación de la segunda ley, aunque su proyecto sea remitido en plazo por el Poder Ejecutivo, nadie conoce mejor que nosotros, los legisladores, las dificultades que van a existir para sancionarla.
Ya tuve la oportunidad de hacer referencia a la denominada cláusula “gatillo” que, teóricamente, serviría para que nosotros recuperáramos nuestra condición de autoridad de aplicación si no se dictaran los decretos.
Eso no va a funcionar, señor presidente. Este proyecto de ley dice que si en el plazo de sesenta días de sancionada la norma a que se refiere el artículo 8º no se dictaran esos decretos, recuperaríamos nuestra condición de autoridad de aplicación. Nosotros sabemos que esa ley a la que hace referencia el artículo 8º no va a ser sancionada, al menos por mucho tiempo.
Por ello, decir que vamos a recuperar la autoridad de aplicación es una mera utopía. Por ese motivo, el período de transición desde la aprobación de esta ley marco hasta el dictado de los decretos reglamentarios será, seguramente, mucho más largo que los plazos mínimos previstos. Ese período, en el mejor de los casos, puede ser de uno o dos años. Entonces, las provincias que hoy no pueden resolver sus radicaciones tampoco podrán hacerlo después.
Yo les pido a los señores senadores, me permito solicitarles que no lleven a sus provincias las expectativas de que va a haber radicaciones industriales a corto plazo, porque van a generar una esperanza que no va a ser acompañada por los hechos y nuestro pueblo va a sufrir una nueva frustración. Creo que ningún argentino merece seguir sufriendo frustraciones a causa de la situación económica que estamos viviendo.
Por ello, cuando consideremos en particular el artículo 56, si se llegara a sancionar como parece este proyecto de ley, vamos a proponer modificaciones, posibilitando una aplicación más fructífera para esta transición, de modo que las provincias realmente puedan promover radicaciones industriales.
Les pido a los señores senadores que, en este período que correrá hasta que consideremos en particular este proyecto de ley, reflexionen sobre una nueva propuesta que posibilite la radicación de industrias porque, de lo contrario, el pueblo de las provincias seguramente los va a demandar porque lo que ustedes dicen que será una nueva ley de promoción industrial no va a permitir radicar una sola industria y después van a tener que responder por esa decisión.
En el artículo 56 vamos a proponer que se pueda disponer de la autoridad de aplicación en las provincias, de modo que se tenga un cupo, como el que tienen los otros estados provinciales para promover industrias de acuerdo con las franquicias contempladas en la ley 21.608.
Vamos a proponer estas modificaciones porque estamos interesados en que haya radicaciones industriales en todo el país, de modo que nuestro pueblo no sea llevado a una nueva frustración.
En fin, podríamos seguir avanzando en la consideración de estas cuestiones.
Les pido disculpas, ya que no pensaba extenderme tanto. Pero se trata de una cuestión que toca muy de cerca a nuestro pueblo, a las provincias. Allí están esperando. En mi provincia, y estoy seguro que lo mismo debe ocurrir en Catamarca o San Luis, están esperando, como aquel que ya tiene el cuello en la guillotina, que les caiga la hoja que les cercenará la vida.
En mi provincia no se había radicado ningún proyecto en función de regímenes anteriores. Hasta 1983 se habían radicado cuarenta y cinco proyectos; desde 1984, ochenta proyectos por año. Hemos radicado cuatrocientos noventa y cinco proyectos; hemos generado 13.000 puestos de empleo; Promovimos una inversión de 424 millones de dólares en siete años. En producción hay un 50 por ciento del total promovido; en concepto de transformación de materias primas locales, el 21 por ciento; se radica el 70 por ciento en la Capital y el 30 por ciento en el interior. En materia agrícola se ha incrementado en un 16 por ciento la superficie cultivada. Y se ha incrementado, a su vez, el producto industrial en un mil por ciento. [… ] Se pasa del 0.07 por ciento al 0.7 por ciento de participación en el producto bruto de la industria nacional.
Vale decir, hemos pasado de la miseria a la pobreza, pero a una pobreza digna. Hemos mejorado. Y por eso es que defendemos con tanto ahínco este sistema. Por eso es que nos duele que nos lo quiten, sin obtener con ello un beneficio para alguien. Únicamente es para satisfacción de aquellos que ven en la industria, no un régimen de crecimiento del país sino sólo una fuente de ingresos para el fisco. Y se beneficiarán aquellos que no quieran que el país se desarrolle, aquellos de afuera que no quieren ese desarrollo y que pretenden que continuemos elaborando productos primarios solamente, porque no les gusta que seamos manufactureros.
Por primera vez en la historia del país, en mi provincia estamos exportando artículos de papelería y librería, juguetes, uva fresca. Exportamos también lo que constituye una gran esperanza para la agricultura riojana y para el país, como es la jojoba, producto no tradicional. Así, estamos generando divisas para la Nación.
Entonces, se nos quiere retrotraer al pasado, a lo que éramos antes: expulsores de población, atraso, desnutrición, frustración, pocas expectativas, un techo que nos impediría crecer y en donde el destino sería nada más que eso. Habría subocupación o la necesidad de irse fuera de la provincia.
Finalmente, quiero decir a los señores senadores, no con ánimo de influir, que cuando voten afirmativamente por este proyecto de ley, quienes lo hagan estarán generando un nuevo motivo de frustración para provincias que tradicionalmente estuvieron postergadas y que lo único que habrán querido para sus hijos a través de este proyecto de ley de promoción es, como dije anteriormente, el cumplimiento de aquel precepto bíblico que dice “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. (Aplausos.)