Proyecto de ley sobre regulación del Consejo de la Magistratura

6 y 7 de marzo de 1996
2ª Reunión – 1ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Tomo 2 – Páginas 663 a 667

Sr. Menem. — Señor presidente: en atención a lo avanzado de la hora, a la jerarquía de las exposiciones hechas por mis colegas y al convencimiento de que ya se ha manifestado prácticamente todo lo que se podía decir sobre este instituto, voy a solicitar la inserción en el Diario de Sesiones de mis reflexiones sobre el tema.
Sin embargo, movido sobre todo por la necesidad de responder a algunas afirmaciones que aquí se han hecho —las que no comparto en absoluto— no puedo dejar de manifestar dos o tres conceptos.
Indudablemente, uno de los avances fundamentales de la reforma de 1994 fue la introducción del Consejo de la Magistratura en el artículo 114 de la Constitución.
Contrariamente a lo que algunos sostienen, en el sentido de que se trata de un órgano extrapoder, el Consejo de la Magistratura forma parte del Poder Judicial, pero no para sustituir o descabezar a la Corte, como algunos pretenden, sino para fortalecer la independencia de este Poder del Estado, procurando así sacar de la órbita de la Corte Suprema algunas funciones que, a veces, pueden distraer la atención de ese cuerpo.
De todas maneras, la intención tampoco fue la de convertir a este nuevo instituto del Consejo de la Magistratura en un elemento decorativo.
Creo que el pensamiento del constituyente con relación a este instituto está claramente establecido en el artículo 114 y si bien es cierto que me parece una gran responsabilidad el hecho de haber dejado su reglamentación o su cumplimentación en cabeza del Poder Legislativo, también es cierto que en este caso, como en otros, era muy difícil llegar a un acuerdo en la propia norma constitucional y por ello se dejó que el Parlamento resolviese este tema.
Pero creo que nadie duda de que la intención que se tuvo en mira al introducir este instituto fue la de fortalecer la independencia externa del Poder Judicial y la de acentuar el principio de división de poderes. En consecuencia, todo lo que hagamos de aquí en más debe tender a ese principio, aunque desde luego no haya coincidencias en cuanto a la forma de lograrlo.
Aquí he escuchado palabras descalificadoras, conceptos muy negativos respecto de la posición que sustenta el oficialismo. Creo que se puede discrepar; es lógico. Pero me parece que no nos merecemos esos conceptos descalificadores, porque si estamos tratando el Consejo de la Magistratura es porque realmente nosotros hemos aceptado que se introdujera esta institución en la reforma constitucional. Este instituto no ha sido sacado por la fuerza, como algunos dicen; hemos accedido a él voluntariamente, así como también a muchas otras instituciones.
Porque nadie podrá negar, ni siquiera los que frecuentemente expresan conceptos negativos sobre ella, que la reforma de 1994 ha mejorado enormemente los sistemas de control. A través de ella hemos incorporado nuevos mecanismos de control como el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación, presidida por un representante del principal partido de la oposición, que todos los días sale en los diarios denunciando cosas o dando cuenta de las acciones que realiza.
No nos olvidemos cómo designábamos a los jueces hasta hace poco tiempo: a simple propuesta del Poder Ejecutivo. Los pliegos los consideraba la Comisión de Acuerdos de este Senado en sesión secreta y luego se resolvían en sesión secreta en esta Cámara.
¡Vean como hemos avanzado aún antes de la reforma al hacer públicas las sesiones y al establecer un período para que puedan hacerse impugnaciones!
Entonces, no puede haber una visión tan negativa; no se puede descalificar a la Justicia en la forma en que se lo ha hecho hoy en este recinto. Tenemos que respetar a este poder del Estado. Podrá haber jueces malos, como también podrá haber legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo malos. Pero creo que no se puede generalizar. Pienso que es una falta de consideración hablar del Poder Judicial en la forma en que se lo ha hecho esta noche en este recinto por parte de algunos señores senadores.
Por otro lado, se ha puesto énfasis en que el aumento del número de miembros de la Corte fue lo que provocó, prácticamente, la hecatombe del Poder Judicial. Parece que algunos se han olvidado de que la propuesta de aumentar el número de integrantes de dicho cuerpo fue originariamente del propio partido principal de la oposición, a través de un proyecto que estuvo en la Cámara de Diputados. La diferencia entre dicho proyecto y el nuestro radicaba en que por aquél se propiciaba que la Corte pasara a tener siete miembros, mientras que nuestro proyecto propició que tenga nueve, así como que el presidente de la Corte fuese designado por el propio Poder Ejecutivo, tal era la propuesta efectuada por el entonces gobierno del doctor Alfonsín.
Es decir, no puede ser que a esta iniciativa se la califique de esta forma porque haya sido llevada adelante por el justicialismo, cuando el propio partido radical cuando estuvo en el gobierno quiso hacer prácticamente lo mismo. Volvemos a aquello de que algunos pueden hacer las cosas y está bien, pero que si las hacen otros parece que está mal, aun cuando las hagan sobre la base de mayorías determinadas por la voluntad popular.
Por otro lado, señor presidente, tampoco es cierto lo que aquí se ha afirmado en el sentido de que desde 1983 en adelante todos los jueces han sido designados por decisión del Partido Justicialista. Esto no es así…
Sr. Moreau. — La mayoría; se lo puedo demostrar…
Sr. Menem. — No lo puede demostrar, porque yo he sido partícipe de los actos parlamentarios referidos a esta cuestión. Estoy en este Senado desde 1983 y conozco cómo han sido designados los jueces. Es cierto que, por acuerdos políticos, hubo casos en los que se aprobaba la propuesta que hacían los gobernadores o los senadores justicialistas, como en el caso de los jueces federales en las provincias gobernadas por el peronismo; es cierto. Pero no se puede decir que la totalidad o casi la mayoría de los jueces hayan sido propuestos por el Partido Justicialista porque no se está diciendo la verdad.
Además recuerdo, porque fui partícipe de las reuniones en las que se decidió las conformaciones de las comisiones, que en la de Acuerdos no pudimos coincidir. Fue la única en la que no hubo manera de conciliar las posiciones, para las restantes habíamos decidido que el que ejercía la presidencia no tuviera la mayoría. Entonces, el justicialismo le ofreció al radicalismo que eligiera entre la presidencia o la mayoría de la Comisión de Acuerdos. Y eligieron la presidencia. Si se equivocaron o no, no lo sé, pero fue una decisión del radicalismo. Puedo citar testigos calificados que certificarán lo que estoy diciendo.
Aquí se ha hablado de la Justicia como si todos los jueces hubieran sido designados por el peronismo. No es así. Creo, además, que no se puede descalificar a todos los jueces como se lo ha hecho esta noche. No quiero convertirme en defensor del Poder Judicial porque no necesita defensa, pero digo que a los jueces no los juzguemos sino a través de sus fallos. Y pregunto: ¿cuántos fallos descalificadores se pueden mencionar? Aquellos que todo el día se llenan la boca hablando mal de los jueces, ¿cuántos fallos pueden citar? Los invitaría a que me nombren cinco o diez fallos verdaderamente groseros en los que no haya habido, por ejemplo, derecho de defensa.
¿No hemos transparentado la Justicia a través de la implantación del sistema oral en materia penal? En la actualidad, los procesos orales de casos muy sonados los estamos viendo por televisión. ¿Constituye o no un avance?
Se ha hablado también de la seguridad jurídica y resulta que somos los principales denostadores de ella en nuestro país. Sin embargo, afuera no se lo ve así. Dirigentes de la oposición se encargan de decir: “Señores, no vengan porque aquí hay inseguridad jurídica”.
¿Qué es la seguridad jurídica? Parece que no nos ponemos de acuerdo. Seguridad jurídica son las reglas, las normas y la previsibilidad en las decisiones. Eso es la seguridad jurídica. Por ejemplo, que estén perfectamente determinados los derechos de cada uno y saber que cuando hay un reclamo, hay un organismo que resuelve. Sin embargo, en los últimos tiempos, resulta que en este país cuando alguna empresa extranjera pierde una licitación dice que no hay seguridad jurídica.
Creo que estamos bastardeando este tema, pero felizmente esto no es muy creído en algunos sectores de inversores pese a que alguien dijo que esto impacta terriblemente en el mercado. Si hubiera sido así no habríamos tenido las inversiones que se han dado en los últimos años. Por ejemplo, no hubiera regresado General Motors, no se instalaría Toyota. Fiat no ampliaría su planta y no habrían venido los grandes hipermercados que, gusten o no, también significan inversiones.
Dejemos de usar como caballito de batalla esto de que no hay seguridad jurídica, porque no es cierto.
Podrá haber casos irregulares como los hay en todas partes del mundo, pero no creo que este sea un sistema que, realmente, no respete los derechos o no permita acudir a la defensa.
Sr. Galván. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Menem. — Sí, señor senador.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Galván. — Gracias, señor senador.
Señor presidente; debo pedir disculpas porque no es norma interrumpir. Pero resulta que debo confesar que hice un enorme esfuerzo para no provocar una interrupción incluso antes de que hiciera uso de la palabra el señor senador Menem.
He pedido una interpelación al señor ministro Barra porque estando de paseo en una playa muy conocida del Atlántico dijo a una famosa revista, cuyas tapas siempre están ilustradas con chicas muy lindas, que había jueces coimeros en el país. Esa afirmación, en algún momento el señor ministro la deberá confirmar en la interpelación en este recinto o en la comisión respectiva. Es inseguridad jurídica.
Quiero ser breve pero no puedo dejar de mencionar un hecho, permítaseme la anécdota porque es muy corta. En 1985 yo era Subsecretario de Interior y el Ministro del área era Tróccoli; él me llamó muy preocupado a mi casa, en la noche del 20 de septiembre al 1º de octubre. El Presupuesto de la Nación no había sido sancionado por el Senado de la Nación. El Ministro me preguntaba si yo sabía cuál era la razón por la cual no se lo votaba y se anteponía la designación del juez federal de La Rioja, doctor Chumbita, a la sanción del Presupuesto nacional. De esos hechos hay muchos para contar.
También debo decir algo más porque, de lo contrario, no quedaría tranquilo con mi conciencia. Habiendo tomado a la política como una experiencia vívida y sin compartir en absoluto las expresiones pronunciadas recién por el señor senador por Entre Ríos, creo que hay una proclividad en aceptar que la Corte, como órgano político, en el buen sentido de la palabra, a veces debe tener adhesiones —democráticas, por lo menos—. Lo que nunca se vio es que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya sido socio del presidente de la República, lo cual también crea sensación de inseguridad jurídica.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja del Partido Justicialista.
Sr. Menem. — Lamento tener que desmentir públicamente al señor senador por La Rioja porque acaba de expresar una falsedad. Es mentira que en algún momento se haya condicionado la aprobación del presupuesto a la designación del juez federal de La Rioja. Muy por el contrario: acabo de decir que en este Senado —lo puedo contar porque no me lo ha dicho nadie ya que he sido partícipe— el gobierno radical respetó las propuestas de jueces federales que hacían los gobernadores o senadores peronistas. El doctor Chumbita fue propuesto por el gobernador peronista de esa provincia y no hubo un solo cuestionamiento. Lo que ocurre es que había algún sector radical que quería cambiar la propuesta, lo cual no fue compartido por el propio gobierno radical, que respetó el acuerdo de que a los jueces federales de provincia los proponían los gobernadores.
Entonces, es falso, absolutamente falso, que en algún momento se haya condicionado la aprobación del presupuesto a la designación del juez federal de La Rioja.
Sr. Galván. — ¡Lea los diarios del 1º de octubre de este año!
Sr. Presidente. — No dialogue, señor senador.
Sr. Menem. — Es absolutamente falso; una mentira.
Sr. Galván. — ¡Todos los diarios dicen lo contrario!
Sr. Presidente. — Señor senador, por favor…
Sr. Menem. — Yo he sido partícipe. En segundo término…
Sr. Galván. — ¡No es cierto! ¡Me atengo a los hechos!
Sr. Menem. — Si grita es porque no tiene razón. (Aplausos.)
En segundo término, señor presidente, respecto a la alusión a los supuestos dichos del ministro Barra, el mismo ministro ha desmentido terminantemente haber expresado que en el país hay jueces coimeros. Y la desmentida se ha publicado. Entonces, señor senador, le rogaría que si lee esas revistas donde salen chicas lindas en la tapa (risas), también lea las desmentidas que salen en los diarios, a través de las cuales el ministro Barra negó totalmente haber tenido esas expresiones.
Creo que más de una vez nos ha pasado que el periodista entiende mal o transcribe mal, pudiendo haber también algún caso de mala fe.
Entonces, el pedido de interpelación más vale dejarlo en el olvido porque allí, entre otras cosas, se le pregunta al ministro Barra por qué no se apura la sanción del proyecto de ley sobre el Consejo de la Magistratura, como si el Ministro, y no nosotros, fuese el legislador. Por eso entiendo que ese pedido de interpelación es de triste recordación.
Concretamente, el hecho que se acaba de mencionar ha sido desafortunado porque se han afirmado hechos inexactos.
Además, no me parece correcto esto de querer condicionar una sesión. He visto hoy que la bancada radical bajó después de formado el quórum. No sé por qué bajaron recién en ese momento.
Sr. Genoud. — Yo sí sé el porqué.
Sr. Menem. — Entonces, más vale que no toquemos ese tema, porque no sé quién va a salir perdiendo.
Sr. Galván. — Lo podemos tocar, señor presidente.
Sr. Menem. — Me remito a lo que decía inicialmente. Creo que todos tenemos la intención de que la Justicia funcione bien. Hemos creado los mecanismos para ello.
Aquí hay varios señores senadores que han estado en Santa Fe. Hemos introducido esa institución con la mejor buena voluntad. No vamos a bastardearla achacándonos intenciones negras, de querer tener una Justicia sojuzgada, porque somos conscientes de la alternancia del poder.
Entonces, no seremos nosotros quienes crearemos las condiciones para que el día de mañana haya un Consejo de la Magistratura dependiente del gobierno o que el gobierno tenga hegemonía en dicho Consejo, porque estamos legislando para muchos años.
Pido que crean en nuestras intenciones. Podemos estar equivocados, pero no queremos tener ni una Justicia adicta ni una Corte adicta.
Y debo refutar otra inexactitud. El señor presidente de la Corte nunca fue socio del presidente de la República. Ha compartido geográficamente un estudio jurídico, donde él tenía su despacho, pero nunca fue socio.
Lo desafío a que diga en qué juicio o en qué causa han sido socios o cuál ha sido la sociedad que han tenido.
Esta es una de las tantas mentiras que se echan a correr y que a fuerza de repetirlas, después terminan creyéndoselas, cuando saben que no han sido ciertas.
Por eso, invito a la reflexión, a que no nos tiremos con estas suspicacias. No seamos pesimistas.
En esta Constitución hemos mejorado muchísimo los sistemas de control; hemos introducido nuevos derechos; hemos constitucionalizado los derechos humanos.
En estas bancas hay señores senadores que entraron por la minoría, en virtud de la reforma constitucional de 1994, lo cual también constituye una forma de aumentar los sistemas de control. Hemos prolongado el período de sesiones ordinarias del Parlamento a fin de que funcione de forma más permanente y sin estar sujeto a las convocatorias del Poder Ejecutivo.
Por ello, señor presidente, hago una apuesta al consenso y al disenso racional, y pido que todos juntos trabajemos para tratar de ampliar los consensos y de limitar los disenso al mínimo. Creo que de esta forma ayudaremos a constituir una verdadera democracia.
Por lo demás, pido la inserción de mi exposición respecto del tema específico del Consejo de la Magistratura.