Cuestión de privilegio por el no tratamiento de proyectos en la Comisión de Asuntos Constitucionales

4 de mayo de 2005
11ª Reunión – 6ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor Presidente: Debo recurrir a este mecanismo de plantear una cuestión de privilegio, porque reconozco que no tengo otro medio para denunciar una situación que se viene produciendo en el procedimiento de las Comisiones, aquí, en el Senado, y que afecta mis fueros parlamentarios.
Se trata de la situación planteada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde, pese a los requerimientos formulados y a la antigüedad que tienen los proyectos que he presentado con mi firma, no he podido conseguir que fueran tratados.
Como resulta obvio no pretendo que los proyectos girados a una Comisión, necesariamente deban ser aprobados, pero hace a la responsabilidad institucional del Presidente y de los integrantes de esa Comisión que, cuando se presenta un proyecto, por lo menos, merezca la consideración de su tratamiento.
No soy de los que abrumo a las comisiones con la presentación de cataratas de proyectos. No me interesan los récords en ese sentido ni tampoco quiero decir que mis proyectos sean los más importantes. Pero no he podido conseguir, desde hace por lo menos dos años, que uno solo de los proyectos que llevan mi firma figuren en la agenda para su consideración.
Quiero decir que son proyectos que nada tienen que ver con cuestiones personales o sectoriales. Se trata de iniciativas de importancia desde el punto de vista institucional.
Por ejemplo, el proyecto por el que se reglamenta la participación de las mujeres en las conducciones partidarias. Eso está establecido en el artículo 37, segunda parte, de la Constitución Nacional, cuando dice que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres debe darse en los cargos electivos y partidarios.
En mérito a esa norma, he propuesto que en la reglamentación de los partidos políticos se incluya la obligación de que haya un 30 por ciento de mujeres en las conducciones partidarias. Es un proyecto que por la trascendencia del tema merecía ser considerado.
También, entre otros que he presentado, hay uno vinculado con la reglamentación de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Otro, relacionado con el otorgamiento de jerarquía constitucional al Tratado Internacional de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Castigar la Violencia contra la Mujer. Se trata de una Convención sumamente importante, ratificada por el Congreso de la Nación. En ese sentido, puedo informar que el proyecto lo presenté en marzo de 2004 —ha pasado más de un año— y no creo que fuera de trámite tan complejo como para no merecer su tratamiento, máxime cuando hubo Tratados de esa naturaleza a los que ya se les dio jerarquía constitucional en este Senado. Pese a todo ello, no he podido conseguir que fueran puestos en consideración.
Indudablemente, tengo que pensar que se trata de una discriminación, en el sentido de que los proyectos que llevan mi firma directamente tengan que ser obviados o no considerados. Y no podría permitir que una situación de esta naturaleza no sea puesta en conocimiento de mis pares, de quienes ocupan estas bancas.
Sabemos que tenemos obligaciones. Nuestra función no es solamente legislativa, pero uno de los aspectos principales de la función del legislador es la presentación de proyectos.
Reitero que se trata de proyectos que tienen trascendencia institucional; por lo menos, aspiraría a que sean puestos en consideración, ya que no podría exigir que fueran aprobados si no cuentan con la mayoría necesaria. Para decirlo en los términos que emplea sobre todo la juventud, pareciera que esto está en el mismo “combo” de las noticias que están apareciendo últimamente en los diarios en cuanto a que sería inminente mi desplazamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
A mí el tema no me preocupa porque vengo soportando este tipo de situaciones desde hace mucho tiempo, lo que es de conocimiento de mis colegas, y ya estoy bastante curtido como para que me quite el sueño una actitud más en ese mismo sentido. Pero lo que no puedo silenciar es que sea discriminado en lo que hace a mi función como legislador en el tratamiento de los temas que planteo, como lo hace cualquier otro senador.
Es cierto que la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene mucho trabajo, pero pareciera que en la selección de los asuntos a tratar únicamente tienen prioridad aquellos que interesan al gobierno o a la presidenta de dicha comisión. Y yo creo que aquí todos somos iguales en cuanto a la consideración que deben merecer los proyectos que presentamos.
Según el detalle que estuve observando, la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene 190 proyectos de ley a considerar, más todos los de comunicación y de resolución. A mí me gustaría que mis colegas se tomaran el trabajo de observar esa lista, que algunos ya deben conocer, para que pudieran advertir la gran importancia que tienen muchas de esas iniciativas. Pero resulta que se tratan sólo uno o dos; últimamente nos hemos dedicado a la provincia de San Luis y en otras ocasiones nos dedicamos a cualquier otro tema, siempre en largas reuniones. No obstante, a pesar de que los proyectos a los que estoy aludiendo están desde hace mucho tiempo en comisión, no son considerados.
Por supuesto que deben existir prioridades en función de la trascendencia de los temas, pero yo digo también que deben existir prioridades por el tiempo que algunos proyectos llevan en Comisión. Si no, corremos el riesgo de que por la ley Olmedo caduquen algunas de esas iniciativas, que en tal caso habrá que reproducir.
Pues bien, debo decir ante mis colegas que íntimamente creo que en lo que hace a mi persona esto no es inocente. Siempre he dicho que el odio y la estupidez no tienen límites, pero esto hace a la conciencia de cada uno. No obstante, no me puedo quedar callado frente a esta falta de consideración a mi condición de legislador; si así lo hiciera, no representaría dignamente a mi provincia, sobre todo si no hiciera valer el mandato que se me ha dado para presentar todos aquellos proyectos que tengan que ver con el funcionamiento de las instituciones del país y con la defensa de los intereses de mi provincia.
Por supuesto que estoy convencido de que esta cuestión de privilegio tampoco será tratada. En los últimos tiempos se han planteado muchas y nunca se han resuelto ni han sido consideradas. Sólo recuerdo el tratamiento de una o dos cuestiones; seguramente, esta irá aparar a algún cajón. A pesar de ello, quiero dejar sentada públicamente esta manifestación porque realmente me siento afectado en mis fueros parlamentarios.
Dicho esto, solicito que esta cuestión de privilegio pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales.