Convención Nacional Constituyente. Núcleo de Coincidencias Básicas

1º de agosto de 1994
21ª Reunión – 3ª Sesión ordinaria (continuación)
Versión Taquigráfica – Páginas 2623 a 2626

Sr. Menem. — Señor presidente: mi intervención se va a reducir a efectuar unas pocas precisiones y reflexiones que se me antojan útiles a esta altura del debate. No sé si serán útiles para todos, pero es un deber moral no dejar de exponerlas.
Creo que los temas del Núcleo de Coincidencias Básicas están agotados en su tratamiento. Ya se han expuesto las razones a favor y también las que están en contra, no sólo en el debate de hoy sino en el que se produjera cuando se consideró el Reglamento.
A su vez, en su oportunidad expliqué las razones jurídicas y políticas por las cuales entendía que era legítimo votar el Núcleo de Coincidencias Básicas en la forma en que lo vamos a hacer, es decir, en conjunto. Me remito a esa exposición para no reiterar conceptos ya vertidos.
Sin embargo, deseo responder a algunas manifestaciones de ciertos señores convencionales porque aquí no ha habido sorpresas ni hubo reglas de juego cambiadas, como han dado a entender.
Desde el primer momento, desde que se firma el Pacto de Olivos, desde que se sanciona la ley 24.309, desde la campaña electoral, en todos esos acontecimientos los partidos que firmaron el Pacto manifestaron cuáles eran las normas que iban a sostener en esta Convención Constituyente: que se iba a votar el Núcleo de Coincidencias Básicas, la forma en que se lo haría, cómo se votarían los restantes temas, cuáles eran los habilitados. Es decir que quien diga que se siente defraudado o decepcionado es porque no estuvo en el país o está maliciosamente faltando a la verdad. (Aplausos) Las reglas fueron establecidas desde el primer momento.
También me llama la atención que se insista en el argumento de la falta de legalidad. Algunos señores convencionales han cuestionado la legalidad de esta Convención Constituyente, han cuestionado la legitimidad de la ley, su constitucionalidad. Nunca he visto una contradicción tan flagrante, porque están haciendo uso de la palabra sobre la base de un título que les ha dado la propia ley que están impugnando. Pocas veces he notado que sea tan procedente para rechazar esa petición aquel principio que señala que nadie puede alegar su propia torpeza. Es como estar serruchando la rama del árbol en la cual están sentados. Si no tenía legitimidad la ley, si no era constitucional, ¿por qué se presentaron en la elección y por qué están sentados en estas bancas?
Por otra parte, algunos señores convencionales han dicho que se han sentido amordazados, y han hecho referencia a cláusulas cerrojo, a que no se les ha permitido expresarse. Me pregunto cómo es posible afirmar eso si desde antes del 25 de Mayo de este año estamos hablando de estos temas. ¿Cómo es posible que después de cien horas de debate nada más que por el tema del Reglamento, después de que 130 oradores usaran de la palabra para debatir el Núcleo de Coincidencias Básicas, y otros cien oradores se expresaran para discutir cada uno de los otros temas, donde han dicho lo que han querido, como han querido y cuando lo han querido, se afirme eso? Creo que en este recinto ningún señor convencional podrá decir que no ha tenido la oportunidad de expresar lo que ha querido. Entonces, ¿de qué mordaza hablan, de qué cerrojo? Hay un sistema de votación y eso ya lo hemos justificado, pero nadie podrá decir que no ha podido expresarse respecto de todos y cada uno de los temas.
Claro está que de la supuesta mordaza se pasó al insulto, al agravio, y este es uno de los temas que figura en el “Debe” de esta Convención Constituyente. De todos modos, entiendo que esa es la expresión más cabal, más genuina, es la prueba irrefutable de que los que han tenido que acudir a ese mecanismo lo han hecho porque no tenían fundamentos ni razón, porque el que tiene razón no necesita agraviar ni insultar.
Hemos escuchado excelentes exposiciones en contra de nuestra postura, pero no han tenido que recurrir al lenguaje soez y barato, ese del cual algún día se van a avergonzar cuando lean el Diario de Sesiones de esta Convención Constituyente, cuando se den cuenta de que han desperdiciado esta magnífica oportunidad que tenemos para dar a conocer sus pensamientos con altura, con grandeza, sin ofender a ningún otro señor convencional, funcionario o dirigente. Porque antes que nada, debemos respetarnos como personas en cualquier ocasión en que debamos cumplir con nuestro mandato.
Es cierto que esta Convención no tiene prensa favorable, como no la tuvo ni la tendrá. Por distintos motivos y legítimamente, algunos medios nunca estuvieron de acuerdo con la reforma. Y está bien, porque han defendido esa posición anti reformista, respetable. Otros están en contra porque creen que sus derechos serán cercenados o se verán afectados sus intereses. Ya se anticipa una dura polémica por el famoso tema del derecho de réplica, asunto que ya hemos tratado en el Senado de la Nación, hace varios años, dando sanción a una ley sobre un proyecto presentado por el senador radical Ricardo Lafferriére.
Hay quienes la cuestionan por falta de representatividad, como un conocido medio de circulación nacional que dice que esta Convención no es representativa porque no hay periodistas, o hay pocos. Destaco que si en esta Convención no hay periodistas o hay pocos, será porque no se han presentado, porque no militan políticamente o porque no se han postulado dentro del partido por el que sienten simpatía.
Dicen que no hay médicos ni sociólogos. Al respecto, me tomé la molestia de analizar la composición de esta Convención Constituyente y me encontré con que es cierto que hay muchos abogados —son 148—, pero también hay 31 docentes, 15 médicos, 5 contadores, 10 comerciantes, 11 ingenieros, 6 arquitectos, 9 escribanos, 7 que se han manifestado como periodistas, 6 sociólogos. Hay de todo: nutricionista, director de cine, asesor de seguros, ama de casa, empleados, odontólogos, un obispo, que se fue, 2 químicos, empresarios. Como dije, hay de todo. ¿Cuál fue la crítica? Faltan constitucionalistas. Me pregunto, señor presidente, si para hacer una Constitución debe recurrirse a un gabinete o a la votación del pueblo.
Cuando se dice que falta representatividad porque no hay médicos o ingenieros, en primer lugar digo que no es cierto. Luego pregunto si la representatividad está dada por el título universitario o por la voluntad popular y si los profesionales aquí sentados, lo están porque son profesionales o porque los ha elegido el pueblo.
No cabe duda de que en esta Convención está representado el espectro político argentino y es, quizás, una de la más genuinas asambleas legislativas que se ha reunido en el país, porque el pueblo está realmente representado a través de todos sus estamentos, luego de elecciones legítimas que nadie ha podido impugnar porque se realizaron con la máxima limpieza. Desde luego, a algunos no les gustará, no están de acuerdo e impugnan esta Convención Constituyente. Seguramente, no tendremos buena prensa. Pero creo que estamos aquí sentados no para quedar bien con la prensa sino con el pueblo que nos ha elegido y con el que debemos cumplir. (Aplausos)
Por último, quiero referirme al tema de la legitimidad. Muchos de los argumentos que se han dado rozan el tema de la legitimidad de las mayorías para sancionar esta reforma constitucional.
Cuando yo escuchaba a algunos señores convencionales que se oponían al Pacto, en algunas oportunidades me daba la impresión de que las mayorías tuvieran que pedir perdón por sancionar esta reforma, como si fuera una actitud vergonzante por la que deberían disculparse. Al respecto, expreso que afirmar que este Pacto afecta a la democracia porque se trata del acuerdo entre dos partidos impuesto al resto es, cuanto menos, una falta de exactitud y una total injusticia. El argumento es capcioso porque si bien el proceso de reforma fue impulsado por el Pacto de Olivos, luego fue institucionalizado por una ley sancionada por las dos terceras partes de los miembros de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, con lo cual se terminó con aquella vieja disputa de si era de los miembros presentes o del total de los miembros de la Cámara. Este es el primer consenso institucionalizado.
Luego está el consenso obtenido a través de las elecciones del 10 de abril, de resultas de la cual en este recinto hay dos tercios de convencionales que apoyan el Pacto por voluntad popular. Por lo tanto, lo que se diga cuestionando la legitimidad luego de estos antecedentes no tiene, a mi entender, ninguna razón de ser.
Por otra parte, por si esto fuera poco, están las acciones judiciales. Ha sido cuestionada la ley, lo ha sido el Pacto —desde antes de que se reuniera la Convención— con diferentes acciones judiciales, ante distintos tribunales. Y se lo ha cuestionado posteriormente, durante el trascurso de esta Convención. Varios señores convencionales presentaron acciones judiciales, pero hasta el momento han sido rechazadas en su totalidad.
De tal manera, señor presidente, que no se trata de la imposición de dos partidos sobre el resto sino, simplemente, del juego de las mayorías y de las minorías, esencial en todo régimen democrático.
Sartori, en su Teoría de la Democracia, dice que uno de los consensos posibles en una sociedad es acerca de las reglas de juego o procedimientos, los que son numerosos, como puede inferirse de la lectura de las Constituciones, cuyas normas expresan extensamente los procedimientos regulatorios del ejercicio del poder. Y una de estas reglas procedimentales, fundamental, es la que determina cómo deben resolverse los conflictos, agregando que si una sociedad política no comparte una norma de solución de conflictos, entrará en pugna cada conflicto, y esto facilitará el camino para la guerra civil.
Sartori afirma que en una democracia, ésta es la regla de la mayoría, ratificando luego que el consenso procedimental, y concretamente el consenso sobre la regla de la solución de los conflictos, es la condición sine qua non de la democracia. Si no se acepta el principio de la mayoría o, al menos, se le presta conformidad, lo que no se acepta es la democracia como regla.
Por supuesto, esto no significa negar a la oposición el derecho a disentir. No podrían aceptarse desde un punto de vista constitucional normas que tendieran a la extinción de la minoría, a su prohibición, a la existencia de poderes que arrasen con la división de poderes, imprescindible equilibrio que tiende a evitar el despotismo.
En un sentido similar se extiende Bobbio, quien dice que para que haya un régimen democrático, no es necesario un consenso unánime. Para que exista democracia basta el consenso de la mayoría, pero éste implica que exista una minoría que disienta.
Por lo tanto, para finalizar, es claro que tanto la declaración de necesidad de la reforma constitucional como el modo de implementarla, al contar con el consenso de la mayoría, resultan absolutamente legítimas sin que la minoría tenga argumentos serios para sentirse agraviada o menoscabada por el hecho de que en la votación triunfen las mayorías. Simplemente las minorías están desempeñando el rol que la democracia les tiene asignado.
Por estas consideraciones, entiendo que están legitimados todos los procedimientos, desde el Pacto de Olivos en adelante hasta llegar a la sanción de esta reforma. Por supuesto, el de hoy es uno de los tantos temas que votaremos además de los que ya aprobamos con anterioridad. En este sentido, repito lo que dije la última vez que intervine desde mi banca: cada vez que aprobamos un orden del día más, estamos demostrando que era mentira aquello de que veníamos nada más que a aprobar la reelección presidencial porque vamos a poner a la Constitución a tono con los requerimientos de la sociedad argentina de hoy y del futuro. (Aplausos)