Viernes, 22 diciembre, 2023 9:13PM

22-8-2019

Al cumplirse este año el 25°  aniversario de la reforma constitucional más importante, democrática y legítima de nuestra historia, se vienen levantando algunas voces reclamando una nueva Constitución, invocando argumentos disparatados y carentes de seriedad.

Para señalar  sólo algunas de esas opiniones que están en concordancia con la de ex funcionarios kirchneristas, recordamos que un periodista, virtual vocero de esa corriente política, sostuvo que hay que eliminar el Poder Judicial y reemplazarlo por un “servicio de justicia”, aclarando que no se trataría de una reforma constitucional sino de una nueva Constitución de origen popular que surja de un referéndum donde el pueblo se convierta  en “poder constituyente”.

En línea con esa posición la ex Presidenta Kirchner, además de cuestionar a la justicia, sostiene que se requiere una “nueva estructura institucional” (sic) y el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni opina que hay que pasar a un sistema parlamentario para que sea el Parlamento el que elija al Gobierno. Lo extraño del caso es que estas dos personas fueron integrantes de la Convención Nacional Constituyente  de 1994 y no se recuerda que en ese carácter hayan sostenido tales posiciones.

Por su parte el candidato a Presidente Alberto Fernández  manifestó públicamente que algunos jueces, a los que nombra expresamente, “tendrán que dar explicaciones de sus fallos”, configurando una virtual amenaza de revancha política por parte de quien aspira a ocupar el Poder Ejecutivo Nacional. El compañero de fórmula de la ex Presidenta Kirchner no puede ignorar que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias y que en caso de mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones tienen que ser sometidos al procedimiento de juicio político que determinan las normas constitucionales y legales.

De todos modos no puede sorprender esta tipo de posiciones de ex integrantes de un gobierno que ha politizado la justicia promoviendo la denominada “justicia legítima”, que es lo mismo que ponerle un sello partidario a la actuación de algunos jueces y descalificando al mismo tiempo a los que no participan de ese colectivo y que pasarían a integrar un “justicia ilegítima”. Sin olvidar el burdo intento de “democratizar” la justicia, felizmente declarado inconstitucional.

También corresponde recordar las groseras violaciones constitucionales cometidas durante el gobierno kirchneristas, promovidas directamente por la ex Presidenta durante su desempeño como senadora nacional, pudiéndose citar en ese sentido:

a) La ley 26.080 disminuyendo el número de integrantes del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, que habían establecido las leyes 24.937 y 24.939, para darle mayor representación al estamento político y violando de esa forma el artículo 114 de la Constitución según el cual debe procurarse el equilibrio en la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, debiendo ser integrado además por personas del ámbito académico y científico;

b) La ley 26.122 reglamentando los decretos de necesidad y urgencia, exigiendo el rechazo de ambas Cámaras del Congreso para que sean dejados sin efecto. Mientras no medie ese pronunciamiento, como ha venido ocurriendo, los mencionados decretos siguen teniendo vigencia, violándose el artículo 80 de la Constitución que prohíbe la sanción tácita o ficta de las leyes.

c) La modificación de la ley 188 de ética pública, exigida por el artículo 36 de la Constitución, reduciendo la cantidad de funcionarios y de otras personas alcanzadas por aquella y tornándola menos transparente.

d) Dejar vacante desde el año 2009 el cargo del Defensor del Pueblo establecido por el artículo 86 de la Constitución, cuya misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses por ella tutelados, ante actos u omisiones de la Administración. Lamentablemente el actual gobierno también ha incurrido en esa omisión inconstitucional al no haber promovido ante el Congreso la cobertura de ese importante cargo.

Podría proseguir con la mención de las leyes que ordena la Constitución y no han sido aún sancionadas, pero lo expuesto sirve para demostrar que las aberraciones jurídicas e institucionales que propone el kirchnerismo no son producto de la casualidad sino de un estilo  autoritario de ejercer el poder. Parece evidente que el “vamos por todo” incluye también pasar por arriba de la Constitución que juraron defender.

Eduardo Menem.