Viernes, 5 diciembre, 2008 7:03PM

Por empezar, la resolución 125 pretendió quedarse con una parte sustancial de las rentas que iban a percibir los productores como consecuencia de la exportación de sus productos, por lo que avanzaba sobre legítimos derechos en expectativa. En cambio con la estatización de los activos de las AFJP los Kirchner se intentan apoderarse directamente de los fondos depositados por los afiliados a estas instituciones, configurando de este modo una verdadera confiscación.-
Aunque se haya pretendido explicar y justificar esta extrema medida con argumentos ideológicos o en razón de la crisis financiera internacional, la única verdad es que esta apropiación de los fondos obedece exclusivamente a las necesidades de la “caja”, que como todos saben es la única “ideología” que tiene el matrimonio presidencial.-
Razones ideológicas en contra de las AFJP podrían invocar los radicales, que siempre estuvieron en contra de ese sistema y así lo votaron en el Congreso, o algunos partidos de izquierda (de izquierda verdadera y no “trucha” como la de los Kirchner ), pero resulta bochornoso que quienes durante 15 años aceptaron el sistema de capitalización al punto de haber estado afiliados a las AFJP, como Néstor Kirchner en “Orígenes” hasta el año 2007, salgan ahora a esgrimir razones de tipos ideológico o de supuesta defensa de los jubilados para justificar el “manoteo” a los fondos de los particulares.-
Porque hay que decirlo con todas las letras, ya antes de esta confiscación Kirchner pretendió “vaciar” de fondos a las AFJP y lograr su transferencia a las arcas del Gobierno cuando hizo sancionar la ley 26.222 por la cual se permitía a los afiliados de aquellas para pasarse a la jubilación estatal y no obstante la intensa y costosa campaña oficial para lograr ese resultado, sólo el 20% de los afiliados lo hizo, frustrándose su aspiración de quedarse con los recursos que se lograría con el traspaso.-
Es decir que la totalidad de los actuales afiliados a las AFJP decidieron quedarse en ese sistema, por lo que resulta un atropello que poco tiempo después de concedida la opción sea el propio Gobierno el que se burle de la misma, obligándolos a ir adonde dijeron rotundamente que no querían.-
Considero que no está de más recordar que la sanción de la ley 24.441 por la cual se estableció el sistema de la jubilación privada fue precedida de un debate institucional y parlamentario que duró más de dos años. El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados el 23 de junio de 1992 y luego de un arduo trabajo en las comisiones, donde participaron más de treinta instituciones, fue recién aprobado el 30 de abril de 1993, dándole sanción definitiva el Senado el 23 de septiembre de ese mismo año. Hoy el kirchnerismo, luego de tomar la decisión de cambiar el sistema provisional en la intimidad del hogar conyugal (porque nunca hicieron reunión de gabinete y algunos funcionarios se enteraron por los diarios), pretenden que el Congreso lo apruebe en pocos días.-
Tampoco estaría de de más recordar que la decisión de instituir un sistema de jubilación privado (de capitalización) para concurrir con el sistema de jubilación estatal (de reparto), se tomó en tiempos en que éste último se encontraba prácticamente quebrado, al punto tal que ya en el año 1986 el Presidente Alfonsín se vio obligado a dictar el decreto de necesidad y urgencia número 2196 por el cual declaró al sistema provisional en “estado de emergencia” y suspendió el inicio de nuevas demandas provisionales contra el Estado hasta el 31 de diciembre de 1988. Esa medida extrema obedeció a que se habían acumulado miles de juicios en contra del Estado por el incumplimiento de pagar las deudas de las jubilaciones. También tuvo que sancionar el Gobierno radical la ley 23.548, en enero de 1988, estableciendo un impuesto especial sobre el consumo de nafta y los pulsos telefónicos, para poder hacer frente a las sentencias judiciales que habían recaído con anterioridad. Vencido el periodo de bloqueo judicial volvieron a multiplicarse las demandas judiciales y las deudas provisionales.-
El Gobierno del Presidente Menem tuvo que hacerse cargo de esas deudas y después de 1992 sancionó las leyes 23.982 y 24.130 por las cuales se dispuso el pago de 10.000 millones de dólares (en ese tiempo equivalentes a pesos) que fueron abonados parte en bonos y parte en efectivo. Corresponde aclarar que un porcentaje de esos fondos provino de la privatización de YPF.-
Otro dato que también conviene tener en cuenta a la hora de analizar las razones que llevaron a crear el nuevo régimen que la jubilación promedio del sistema estatal había descendido a 60 dólares en 1989, subiendo a 297 dólares en 1995 y a 360 dólares en 1999.-
Por razones de espacio dejaremos para otra nota el análisis de lo que el sistema de las AFJP significó para la formación de capitales, de los cuales se financiaron empresas privadas y el propio Gobierno, que prácticamente obligó a aquellas entidades a tomar títulos de la deuda pública.-
Por último quiero expresar que ningún sistema provisional es perfecto y que siempre pueden ser mejorados, conforme la experiencia local y lo acontecido en otros países, entre ellos Chile que tiene un sistema exclusivamente de capitalización. Pero lo que no se puede hacer es burlarse de la voluntad de los ciudadanos que en base a las leyes vigentes optaron por un sistema que ahora el Gobierno pretende destruir con el único fin de disponer de los fondos para engrosar la caja que le permita mantener su despótica hegemonía política. Sin olvidar que la desconfianza de la gente tiene serios fundamentos: no se pueden confiar los fondos a quienes han venido mintiendo descaradamente, como ocurre por ejemplo con el INDEC, y quienes todavía no terminan de explicar adonde fueron a parar los 1.000 millones de dólares que hace 15 años le pagó a Santa Cruz el Presidente Menem en concepto de regalías petroleras.-