Jueves, 5 febrero, 2009 7:10PM

La política del discurso confrontativo y agresivo que utiliza el Gobierno Nacional como método habitual de acción, no producirá en el caso de Malvinas ningún avance positivo en nuestros legítimos reclamos de soberanía. Si nos asiste la razón y el derecho no es necesario “endurecer” el discurso, como se ha difundido extensamente a través de los medios, seguramente con el ya trillado propósito de obtener réditos políticos locales.
Tampoco es saludable para la verdad que el Gobierno haga aparecer como un hecho “novedoso” nuestro reclamo ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, porque se viene haciendo de la misma forma por todos los Gobiernos desde hace muchos años, con idéntico resultado: el reconocimiento de que hay una disputa de soberanía y la invitación a las partes en conflicto para entablar negociaciones sobre esa disputa.-
Lo que sería realmente nuevo y distinto a lo que se viene haciendo, sin perjuicio de seguir manteniendo la cuestión en la agenda de Naciones Unidas, es que la República Argentina adopte sanciones contra las empresas que realicen la exploración o explotación de hidrocarburos o que realicen actividades pesqueras en la zona de Malvinas, sin autorización del Gobierno Nacional.-
El fundamento de las sanciones a aplicarse sería inobjetable, porque si el máximo organismo internacional ha reconocido reiteradamente que existe una “disputa de soberanía” sobre la zona en cuestión, parece lógico que ninguna de las partes pueda legalmente adoptar disposiciones como si tuviera el dominio pacífico e indiscutido de ella, que es precisamente lo que hace Gran Bretaña al conceder permisos para la exploración y explotación de hidrocarburos y para realizar actividades pesqueras.-
Para la aplicación de las sanciones la Republica Argentina, además de los poderes que le son propios, podría requerir la colaboración de los países amigos que han venido reconociendo nuestra soberanía y apoyando nuestros reclamos.-
Oportunamente presenté en el Senado de la Nación un proyecto de ley en el sentido indicado, referido a la exploración y explotación de hidrocarburos. El proyecto fue aprobado por unanimidad por el cuerpo mencionado, pero lamentablemente caducó en la Cámara de Diputados por no recibir tratamiento durante los pertinentes periodos parlamentarios. Insistí posteriormente con una iniciativa similar, también aprobada por unanimidad, pero con el mismo resultado: la Cámara de Diputados no le dio ningún tratamiento.-
He visto con satisfacción que el Senador por Chubut Marcelo Guinle ha presentado un proyecto similar al que vengo comentando, lo que me hace alentar la esperanza de que esta vez se convertirá en ley, lo cual significará una categórica reafirmación de nuestros derechos, mucho más efectiva que la inconducente “dureza” de los discursos para consumo interno.-
Como autor del proyecto que se convirtió en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, aprobada por aclamación por la Convención Constituyente de 1994, reitero mi convicción de que esa disposición constitucional , por la que se ratificaran nuestros legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sud y Sándwich del Sur, constituye la base de una política de Estado para la recuperación de esa parte de nuestro territorio usurpada por la potencia colonial, lo que sólo podrá lograrse si se dejan de lado mezquinas y estériles posiciones sectoriales o partidarias.-