Viernes, 13 marzo, 2009 7:15PM

LA PENA DE MUERTE: UNA POLEMICA INÚTIL.-

La reacción de la actriz Susana Giménez, que ante el asesinato de un colaborador suyo expresó: “el que mata debe morir”, desató una intensa polémica en la sociedad acerca de la inconveniencia o inconveniencia de establecer la pena de muerte en nuestro país, que no solo involucró a políticos, periodistas, artistas y deportistas sino que inclusive trascendió a los integrantes de los Poderes del Estado.-
Escuchamos y presenciamos a diario encendidas y solemnes declaraciones a favor o en contra de la pena de muerte, en el marco de un clima de extrema inseguridad generado por la espantosa ola de crímenes de todo tipo que asolan a la población civil y que sirve de argumento para los que se pronuncian a favor de la pena capital.-
Esta discusión me parece inútil e innecesaria, toda vez que la pena de muerte se encuentra absolutamente prohibida en nuestro en virtud de normas legales de rango constitucional cuya derogación no parece fácil ni razonable. En efecto, la República Argentina firmó y ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada también “Pacto de San José de Costa Rica”, cuyo artículo 4º, luego de consagrar el derecho de toda persona a que se respete su vida a partir del momento de la concepción, establece que “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido” (inciso 3º). Esta Convención ha sido expresamente incorporada a la Constitución Nacional por su artículo 75 inciso 22º que le ha otorgado jerarquía constitucional y es complementaria de los derechos y garantías por ella reconocidos. La República Argentina se encuadra en la norma mencionada por cuanto abolió la pena de muerte en el año 1984. Solamente se mantenía esta sanción en el Código de Justicia Militar, siendo eliminada en el año 2007.-
Es decir que para poder reimplantar la pena de muerte en nuestro país habría que denunciar primero el “Pacto de San José de Costa Rica”, para lo cual se requiere la previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso de la Nación autorizando al Poder Ejecutivo para que lleve a cabo esa medida.-
La pena de muerte tuvo vigencia en la República Argentina durante varios periodos de nuestra existencia como Nación, habiendo sido incluida por última vez a través de la ley 21.338 sancionada por la dictadura militar en junio de 1976. Esta ley establecía que la pena de muerte debía ejecutarse por fusilamiento, dentro de las cuarenta y ocho horas de quedar firme la sentencia, en el lugar y por las fuerzas que determine el Poder Ejecutivo, el que podía aplazar la ejecución por un plazo no mayor de diez días. Dicha ley fue derogada por la 23.077, denominada Ley de Defensa de la Democracia, sancionada en agosto de 1984, quedando así abolida la pena de muerte en forma definitiva, toda vez que en marzo de ese mismo año se había sancionado la ley 23.054 por la cual nuestro país adhirió al citado Pacto de San José de Costa Rica.-
No considero conveniente bajo ningún punto de vista que la República Argentina denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos que han ratificado más de veinte países de nuestro continente, porque sería como renegar de la defensa de los derechos fundamentales de la persona que refuerzan y complementan los garantizados por la Constitución Nacional.-
Por otra parte si bien el Gobierno Nacional y la mayoría de los Gobiernos Provinciales han evidenciado una total ineptitud para frenar la ola de inseguridad que se extiende por todo el país, considero que el restablecimiento de la pena de muerte no es la solución, como no lo ha sido tampoco en los Estados que la tienen legislada. Se podrían dar muchos argumentos en apoyo de esta tesis, pero sería como entrar de nuevo en una discusión que me parece inútil e innecesaria por las razones mencionadas y porque solo serviría para distraer la atención frente a la tremenda crisis económica, social y política que vive nuestro país.-