Proyecto de comunicación sobre prohibición de minas antipersonal

20 de agosto de 1997
Diario de Sesiones – Tomo 5 – Páginas 4329 y 4330

Sr. Menem. — Señor presidente: en pocas palabras quisiera referirme a un tema que día a día cobra mayor importancia en el orden mundial, como es el tratamiento del problema que generan las denominadas minas antipersonal.
Se trata de un verdadero flagelo al que el ex Secretario de las Naciones Unidas Boutros Ghali calificó como uno de los mayores desafíos para crear condiciones para la paz entre Estados que hayan puesto fin a una guerra: el uso extendido de minas terrestres antipersonal. El empleo de estas armas prolonga los efectos de una guerra por tiempo indeterminado, impidiendo el desarrollo agrícola y la reconstrucción de las vías de comunicación y transportes después de que el conflicto ha terminado.
Señor presidente: bastaría con que escuchemos algunos datos y estadísticas sobre el tema para que nos demos cuenta de la extraordinaria importancia que tiene y por qué en este momento en todas las agendas de los organismos internacionales se habla de la necesidad de terminar con este flagelo de las minas antipersonal.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja existen hoy en día más de 110 millones de minas terrestres desplegadas en 69 países alrededor del mundo; repito: 110 millones. La mayoría de esos países tienen economías en desarrollo, y estas minas están instaladas ahí como consecuencia de batallas que los pueblos y los países han terminado hace muchos años, por el efecto que tienen de mantenerse activadas durante muchísimos años. Además de esos 110 millones de minas que están instaladas hay 100 millones más que permanecen en depósito, pues su producción alcanzó en los últimos años un promedio de 5 millones de minas por año.
Como consecuencia de estas minas antipersonal, en la actualidad hay en el mundo 250 mil personas discapacitadas por su acción. En promedio, matan a más de 10 mil personas por año y hieren a más de 16 mil, ya que su finalidad es matar o dejar inválida o discapacitada a la gente. Esta cifra arroja un resultado de 509 víctimas por semana. Pero lo más grave es que más del 90 por ciento de las víctimas son civiles y la mayoría de ellas niños.
Es decir que desde que comenzó esta sesión hasta este momento han muerto o han quedado discapacitadas tres personas más, y hasta que finalice esta reunión muchas más sufrirán sus efectos, como consecuencia de que cada veinte minutos una de estas minas terrestres explota en el mundo, matando o dejando inválidos a niños o a personas de trabajo.
Pero esto también produce efectos económicos. Por un lado, la pérdida de tierras productivas y de infraestructura nacional; o sea que atrasa el desarrollo económico, porque todas las zonas donde están los campos minados no pueden ser trabajadas. Por otro lado, el costo de remoción de la mina colocada es desproporcionalmente mayor a su instalación. Esto es muy grave porque resulta muy fácil y barato instalar estos artefactos de la muerte, ya que cuesta entre 3 y 15 dólares la instalación de cada mina antipersonal, pero su remoción, o sea cuando se quiere hacer el desminado, tiene un costo de 1.000 dólares por cada mina instalada.
Por eso, toda la sociedad mundial está preocupada por este tema y está tratando de combatir este flagelo. Ya se están haciendo muchos esfuerzos al respecto. Tratando de sintetizar mi exposición, señalo que las Naciones Unidas estiman que 80 mil minas sembradas fueron desactivadas en 1995, pero agrega que en ese mismo período fueron colocadas dos millones y medio de minas más. Es decir, es como si de pronto el trabajo que se hizo resultara inútil.
Como consecuencia de ello, la sociedad internacional ha reaccionado: el punto de partida fue el Protocolo sobre prohibiciones y restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos: Protocolo II de la Convención de Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de la cual nuestro país es parte.
Lo que campea en el orden internacional es la idea de que debemos terminar con este flagelo, yendo hacia la abolición total tanto de la producción como del almacenamiento de las minas antipersonal. Pero, muchas veces, las necesidades de defensa hacen que los países o sus ejércitos se resistan a ceder o a deshacerse de este tipo de minas. De cualquier manera, este proceso viene avanzando en forma firme. Desde la Declaración de Ottawa, producida en Canadá, se ha avanzado. En 1994, prácticamente ningún país estaba de acuerdo o hacía esfuerzos con este fin. Hoy, ya está generalizada la idea de que se debe hacer algo muy rápidamente para terminar con este flagelo. La República Argentina ha tenido siempre una posición en favor de la paz y ha contribuido con sus esfuerzos a su mantenimiento. Ha sido en virtud de esos principios pacifistas, señor presidente, que nuestro país ha suscrito Tratados de prohibición en materia de proliferación nuclear. Por esa razón hemos firmado el Tratado de Tlatelolco y diversas Convenciones que prohíben el uso de armas químicas. Queremos apostar a la paz, no a la guerra y la destrucción.
Por estos motivos, señor presidente, hemos presentado este proyecto de comunicación, con el cual pretendemos dar un mensaje, cual es que desde el continente americano estamos predicando la paz y la convivencia.
Por lo tanto, si nos estamos integrando, si hemos creado el Mercosur y tratamos de concretar la unidad latinoamericana, ¿por qué entonces no dar el ejemplo en el mundo y promover un acuerdo regional que tienda a prohibir totalmente este verdadero flagelo que son las minas antipersonal?
Con ese objetivo pedimos al Poder Ejecutivo, a través de este proyecto, que impulse la concertación de un tratado regional que prohíba la producción, almacenamiento, transferencia y empleo de las minas terrestres antipersonal y, además, que promueva y participe en las negociaciones de un tratado internacional tendiente a la prohibición total de la producción, almacenamiento, transferencia y empleo de ese tipo de minas terrestres. Que asuma como propios las preocupaciones y los objetivos contenidos en la declaración de la Conferencia de Ottawa, denominada Hacia una Prohibición Mundial de las Minas Antipersonal, adoptada el 5 de octubre de 1996.
Nosotros pedíamos en este proyecto, como punto cuarto, que nuestro país participara activamente en la reunión sobre la prohibición global de las minas antipersonal que se iba a llevar a cabo en Bruselas, entre el 24 y el 27 de junio pasado. El proyecto, desde luego, fue presentado antes de dicha fecha, y esa es la razón por la cual mencionábamos ese evento como un acontecimiento futuro. Esa reunión ya se ha celebrado y la Argentina fue uno de los países que participó como observador. Se dieron pasos muy importantes en favor de esta prohibición y se está trabajando, en primer término, sobre la posibilidad de la prohibición de este tipo de armas; en segundo lugar, sobre la prohibición de su almacenamiento; en tercer término se ha considerado en esa convención la realización de acciones tendientes al desminado, es decir, a la destrucción de las minas ya instaladas y, en cuarto lugar se ha considerado también el aspecto humanitario de esta cuestión, relativo a impulsar acciones conjuntas para reparar y, de alguna forma, indemnizar a las víctimas de estas armas mortíferas que han causado tantos daños, como he mencionado al principio de mi exposición.
Dado que esta reunión ya se ha realizado señor presidente, voy a solicitar la sanción de este proyecto con sus tres primeros puntos, eliminando así el punto cuarto dado que, como he dicho, se refiere a un acontecimiento que ya ha tenido lugar.
En consecuencia, solicito el voto afirmativo de mis colegas para esta iniciativa, porque creo que de esta forma la Argentina va a dar nuevamente señales claras y concretas de que es un país que quiere la paz y lucha por la permanente vigencia de los derechos humanos.