Miércoles, 28 septiembre, 2016 2:47PM

Como autor del proyecto que la Convención Nacional Constituyente de 1994 sancionó como cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, por la cual la República Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, considero oportuno formular algunas reflexiones sobre el referéndum convocado para que sus habitantes se pronuncien acerca de si desean que ese territorio pertenezca a Gran Bretaña.

En primer término corresponde señalar que la misma cláusula constitucional, además de proclamar que la recuperación de las islas para la soberanía nacional se efectuará conforme a los principios del Derecho Internacional, afirma que se hará “respetando el modo de vida de sus habitantes”.

La posición que siempre sostuvo nuestro país sobre los habitantes de las islas es que se tendrán en cuenta sus “intereses”, incluyendo sus costumbres y su modo de vida, pero dejando siempre en claro que quedan excluidos los “deseos” de los isleños, en cuanto a la disputa de soberanía entre Gran Bretaña y Argentina.

Es sabido que los habitantes de las islas, anteriormente denominados como “kelpers”, son y se han considerado siempre ellos mismos como ciudadanos británicos. Y no puede ser de otra forma si se tiene en cuenta que la usurpación del territorio insular, que se encontraba bajo jurisdicción argentina, realizado por el Reino Unido el 1833, implicó expulsar a la población nativa e instalar a súbditos británicos que nunca perdieron su condición de tales a través de las generaciones que les sucedieron.

La República Argentina nunca dejó de reclamar por la usurpación consiguiendo que la organización de las Naciones Unidas reconociera formalmente la existencia de un conflicto de soberanía, solicitando a las partes que lo resolvieran mediante un diálogo que aún no pudo concretarse por la obstinada oposición británica.

Así las cosas el denominado “referéndum” resulta totalmente inoficioso, carente de efecto jurídico y hasta ridículo, porque es sabido cual será la respuesta de los británicos que habitan las islas ante la pregunta de si desean seguir dependiendo de Gran Bretaña.

Desde luego que esta maniobra de la potencia usurpadora tiene la finalidad de esgrimir el argumento de la “autodeterminación” en virtud de la cual muchos países integrantes de las Naciones Unidas obtuvieron su independencia, pero omite maliciosamente de reconocer que ese mecanismo sólo puede ser utilizado por una población nativa y no por la “trasplantada” mediante un acto de fuerza como ocurrió en Malvinas. Las mismas disposiciones internacionales que reconocen el derecho a la autodeterminación de los pueblos nativos establecen que ese mecanismo no puede ser utilizado cuando implica la mutilación territorial de un país, como ocurriría en el caso de nuestras Malvinas.

Los habitantes de las islas merecen todo nuestro respeto, al igual que los británicos que viven en nuestro territorio continental y debemos tratar de tener con ellos las mejores relaciones, como ocurría antes de la guerra de 1982 y como se hizo en la década del 90. Pero ello no significa que se les reconozca el carácter de “parte” en la disputa de soberanía que existe entre Gran Bretaña y Argentina, porque ya están representados por el gobierno de aquel país.
Por otra parte ni los pobladores de las islas ni mucho menos la potencia colonial pueden sentirse agraviados por los actos que realiza la República Argentina, no solo para la recuperación de las islas sino para evitar el saqueo de los recursos naturales (como hidrocarburos y pesca), porque en definitiva son acciones acordes con la defensa de nuestros derechos consagrados en la cláusula constitucional antes referida y que ha sentado las bases de una verdadera política de estado para lograr la restitución de ese territorio patrio a nuestra soberanía.

Eduardo Menem