Lunes, 20 noviembre, 2017 2:03AM

Las patéticas idas y vueltas de algunos partidos y candidatos frente a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias fijadas para el 13 de agosto revelan una vergonzosa actitud de hipocresía que nada tiene que ver con la transparencia y legitimidad que debe tener la expresión de la voluntad de los ciudadanos para determinar quiénes los representarán en el Congreso de la Nación.

Pero el problema no es de ahora sino que viene desde que se dictó la ley 25.611 del 19 de junio de 2002, estableciendo la obligación de elegir los candidatos de los partidos y alianzas electorales para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación y legisladores nacionales, mediante elecciones internas abiertas y simultáneas, determinando que el sistema tendría que ser aplicado para los comicios a realizarse en el año 2003. Cabe recordar que esta ley fue producto de la crisis política de fines del año 2001 cuando se popularizó el slogan “que se vayan todos”, con la presunta intención de dar mayor transparencia y participación ciudadana a los actos electorales.

Con fecha 8 de agosto del año 2002, el presidente Duhalde firmó el decreto 1399/2002 convocando a elecciones generales para una fecha que luego fue modificada por el decreto 2356/2002, quedando fijada para el 27 de abril del 2003 y una eventual segunda vuelta para el 8 de mayo del mismo año.

Lo realmente curioso del caso, y que no registraba antecedentes, es que en el mismo decreto el presidente Duhalde anunciaba que hacía efectiva la presentación de su renuncia para el 25 de mayo del 2003, ante la Asamblea Legislativa que se reuniría para tomar juramento al nuevo Presidente y Vicepresidente de la Nación.

Teniendo en cuenta que el mandato que le había otorgado la Asamblea Legislativa al presidente Duhalde vencía en diciembre del 2003, las razones para adelantar su alejamiento del cargo fueron motivo de muchas especulaciones, entre ellas que había entrado en pánico a raíz de la desgraciada situación de la muerte de los trabajadores Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, como consecuencia de la represión policial conocida como la “masacre de Avellaneda, generando una agitación social con graves incidentes.

Pero el adelantamiento de las elecciones y la obligación de realizar las primarias abiertas y simultáneas, le produjo al gobierno de Duhalde el problema de que no tenía candidato que represente a su sector en el Partido Justicialista y sabía que en una interna de esas características el casi seguro a triunfador sería el ex presidente Carlos Menem, con el cual estaba muy disgustado porque lo culpaba de la derrota que había sufrido ante Fernando de la Rúa.

Ante esa situación, el presidente Duhalde inició negociaciones con dirigentes del Justicialismo (gobernadores, diputados, senadores, etc.) como así también de otros partidos políticos que se resistían a realizar las internas abiertas y simultáneas y acordaron que “se dejarían sin efecto por esa única vez”. Y así lo hizo a través de la ley 25.684 que suspendió la aplicación de la antes mencionada ley 25.611.

Si existía alguna duda de que la verdadera intención del presidente Duhalde era que no hubiera elecciones internas en el Partido Justicialista, quedó disipada al decidir en el tristemente célebre Congreso de Lanús, que el partido no estuviera representado como tal sino a través de candidatos que llevaran su propia denominación. De esa forma, por primera vez en la historia el Partido Justicialista que había sufrido tantas proscripciones terminó “auto proscribiéndose”. En ese lamentable Congreso prevaleció la presión del Gobierno Nacional que, en una difícil situación económica, era el que disponía los fondos que necesitaban las Provincias.

Cuando se trató en el Senado el proyecto de la ley 25.684, expresé cuales eran los verdaderos propósitos de la misma y cuales iban a ser sus consecuencias. El presidente Duhalde puso a todo el aparato estatal y el de las provincias que se prestaron a ello, en favor de su candidato Néstor Kirchner que tenía una intención de voto del 6% y que con la ayuda de sus aliados llegó al 22% en la primera vuelta. Lo demás es historia conocida.

Cuando hoy vemos las maniobras que se hacen en algunos partidos y alianzas para evitar las PASO establecidas por la ley 25.471 no debemos sorprendernos, porque ya se hicieron cosas similares o peores en un pasado no muy lejano. En este verdadero pantano en que se han metido ciertos sectores de la dirigencia política, aplica la vieja expresión: “de aquellos polvos vinieron estos lodos”.

Eduardo Menem es ex senador nacional. Fue presidente provisional del Senado.

22/06/2017 – 00:00 – Clarin.com – Opinión