Viernes, 5 diciembre, 2008 7:01PM

Como la causa desencadenante del conflicto ha sido la suba de las retenciones a las exportaciones de los productos agrícolas, principalmente de la soja, dispuesta por la resolución ministerial número 125 suscripta por el ex Ministro de Economía Martín Lousteau, considero oportuno formular algunas consideraciones de tipo legal con el único objeto de procurar que se aclaren algunos conceptos legales que a veces aparecen deformados por la mala fe o la ignorancia de quienes los emiten.-
-En primer lugar corresponde aclarar que las usualmente denominadas “retenciones” no son otra cosa que los derechos de exportación, a los que hacen expresa mención los artículos 4 y 75 inciso 1º de la Constitución Nacional.-
-En segundo lugar hay que señalar que por imperio de la Constitución, únicamente el Congreso de la Nación puede legislar sobre los derechos de exportación, tanto en cuanto a su establecimiento como al monto de los mismos. Esto surge claramente del artículo 17 que dice que “solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º ”(entre esas contribuciones se encuentran los derechos de exportación). A su vez el artículo 75 inciso 1º determina entre las atribuciones del Congreso: “Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación..”.-
-El Gobierno Nacional ha venido sosteniendo que la facultad del Poder Ejecutivo para regular los derechos de exportación surge del artículo 755 del Código Aduanero (ley 22.415 del año 1981), que lo autoriza para hacerlo. Si bien es cierto que esa disposición existe, no cabe la menor duda que es absolutamente inconstitucional, por cuanto vulnera las normas constitucionales antes mencionadas. Al respecto cabe agregar que no sólo rige en estos casos el principio de la supremacía constitucional sobre las leyes, sino también que el citado artículo 75 inciso 1º, al ser reformado por la Convención Constituyente de 1994 mantuvo como atribución del Congreso la de legislar sobre los derechos de exportación e importación (que ya estaban establecidos en la Constitución de 1853), por lo que también tiene primacía por ser posterior a la ley 22.415 del año 1981.-
Por si todavía pudiera quedar alguna duda sobre la posición que venimos sustentando, se puede agregar otro argumento que surge de una interpretación integral de la Constitución: si de acuerdo al artículo 99 inciso 3º de la Constitución le está prohibido al propio Poder Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia sobre materia tributaria, con mucha mayor razón le está vedado hacerlo a un Ministro por una simple resolución, como es lo que hizo el Ministro de Economía al dictar la resolución 125 que diera origen al conflicto.- Por otra parte la doctrina ha interpretado correctamente que tampoco puede haber delegación de facultades en materia tributaria, como erróneamente han sostenido algunos defensores de la resolución ministerial 125, toda vez que toda imposición requiere una ley concreta y específica dictada por el Congreso de la Nación.-
El envío que acaba de hacer el Poder Ejecutivo al Congreso para que ratifique la resolución ministerial 125, aunque haya sido motivado más por la reacción popular que por convicción, implica un claro reconocimiento de la ilegalidad de dicha resolución. Resulta en consecuencia contradictorio e improcedente que dicha resolución se siga aplicando hasta que se sancione le ley, como sostienen los funcionarios del Gobierno Nacional. Lo que hubiera correspondido es dejar sin efecto la resolución o por lo menos suspender su aplicación hasta tanto lo decida el Parlamento.-
En cuanto a lo que puede ocurrir en el Congreso, nos apresuramos en señalar que es absolutamente inaceptable la pretensión expuesta por algunos funcionarios gubernamentales, en el sentido de que sólo se puede aceptar o rechazar el proyecto del Poder Ejecutivo sin introducirle modificaciones. Es elemental que por tratarse de un proyecto de ley las Cámaras pueden introducirle todas las modificaciones que estimen necesarias y aún de sancionar un proyecto distinto, dejando de lado el enviado por el Poder Ejecutivo.-
Lo que no podría hacer el Congreso es convalidar el monto establecido por la resolución 125 en concepto de derecho de exportación, por cuanto supera el 33% que ha establecido la jurisprudencia como límite para el poder impositivo del Estado. Por más que el Gobierno sostenga que puede hacerlo porque no se trata de un impuesto, sería igualmente inconstitucional porque se trataría de una verdadera confiscación, prohibida por el artículo 17 de la Constitución Nacional, cualquiera sea la denominación que tenga la imposición.-
Por último quiero destacar que si bien en nuestra Provincia no hay productores de soja o de otros cereales alcanzados por las denominadas retenciones, el incremento desmedido de las mismas perjudica los recursos de coparticipación que nos corresponden, porque ese incremento repercute negativamente en la recaudación del impuesto a las ganancias que, a diferencia de las retenciones, es coparticipable. Digamos de paso que esta es una de las razones por las cuales el Poder Ejecutivo Nacional defiende a rajatabla las retenciones y no opta por percibir la “renta extraordinaria” de los productores por vía del impuesto a las ganancias, que sería en definitiva lo más adecuado. En pocas palabras, los Kirchner no quieren compartir con las Provincias los ingresos extraordinarios que tiene la Nación como consecuencia de los altísimos precios que tienen los cereales en los mercados internacionales.-
En definitiva y considerando la cuestión desde el punto de vista de los intereses provinciales deberíamos abogar por las siguientes opciones: a) que la renta extraordinaria originada en los precios internacionales de los cereales sea captada, dentro de los límites legales, por el impuesto a las ganancias; o b) que los derechos de exportación sean coparticipables. No existe ningún impedimento constitucional para utilizar cualquiera de estas dos vías, para lo cual ya tienen estado parlamentario algunos proyectos de ley sobre la segunda de estas opciones.-