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30-10-2018 – INFOBAE

Los escandalosos y penosos acontecimientos ocurridos dentro y afuera del Congreso de la Nación con motivo del tratamiento de la ley de presupuesto en la Cámara de Diputados el día miércoles 24 de octubre pasado debe movernos a una seria y profunda reflexión sobre los mismos.

No cabe ninguna duda que la intención de varios diputados de la oposición, principalmente de filiación kirchnerista y de partidos de izquierda, fue la de aprovechar los disturbios callejeros para impedir la sanción del presupuesto al comprobar que el oficialismo había reunido los votos necesarios para alcanzar el quórum primero y para aprobar luego la denominada «ley de leyes». Algunos periodistas y políticos del oficialismo afirmaron que los disturbios fueron generados y promovidos por los mencionados sectores opositores, a los fines de tener el pretexto adecuado para interrumpir la sesión, los que por cierto sería más grave.

Los daños materiales a los bienes públicos y privados ocasionados por la turba fueron cuantiosos y similares a los provocados en ocasión de tratarse la reforma previsional en diciembre del año pasado. Los destrozos causados pueden repararse, como ocurrió con los protagonizados en la protesta anterior. Pero lo que no tendrá solución, si no se cambian los comportamientos, es la grave degradación institucional producida en la Cámara de Diputados por el accionar violento e irracional de algunos de sus integrantes que volvieron a protagonizar actitudes reñidas con la conducta y la ética que deben observar los representantes del pueblo.

El Poder Legislativo es el más importante de los poderes del Estado, como lo demuestra el hecho de que casi todas las constituciones del mundo lo colocan en el primer lugar de la estructura estatal, cualquiera sea el sistema de gobierno de esos países. En nuestra Constitución el Parlamento tiene la facultad de enjuiciar políticamente y destituir al Presidente de la Nación y a sus ministros, como así también a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otra parte, en virtud de su pluralismo partidario, es el que mejor representa a la democracia.

Los integrantes de la Cámara de Diputados que vienen protagonizando los escándalos que son de conocimiento público parecen ignorar el rol que deben cumplir como representantes del pueblo. Cuando pretenden interrumpir el desarrollo de las sesiones en virtud de disturbios callejeros a los que no habrían sido ajenos, están incumpliendo con el mandato que les dieron los ciudadanos. Los insultos, los intentos de agresión, la invasión del estrado presidencial, como si fuera un piquete interno de la Cámara, son verdaderamente vergonzosos y bochornosos, al igual que la introducción en el recinto de una gigantografía de cartón.

La Constitución Nacional dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Las bancas legislativas que ocupan esos representantes no les pertenecen a ellos sino al pueblo que los ha elegido para que desempeñen las funciones establecidas por nuestra ley fundamental. Convertir a la Cámara en un reñidero deshonra el mandato ciudadano, vulnera la democracia y atenta contra el orden constitucional y las instituciones de la República. Si los cuerpos legislativos no castigan estos comportamientos aplicando las normas disciplinarias previstas en los respectivos reglamentos, se les perderá todo respeto y alentará para que en el futuro se produzcan hechos similares que, en definitiva, degradan a la República.

Por Eduardo Menem*

* El autor es doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad de Córdoba). Fue senador nacional por la provincia de La Rioja (1983-2005), presidente provisional del Senado (1989-1999) y presidente de la Convención Nacional Constituyente que reformó la Constitución Nacional (Santa Fe – Paraná 1994).