Jueves, 7 abril, 2011 7:29PM

Hace algunos días los medios se hicieron eco de uno de los ya famosos cables publicados por WikiLeaks según el cual el embajador norteamericano en nuestro país, Earl Anthony Wayne, informó a su Gobierno, con fecha 22 de mayo de 2008, que la causa promovida por el Fiscal Alberto Nisman en contra del ex Presidente Carlos Menem y del ex Juez Juan José Galeano, entre otras personas, por supuesto encubrimiento en las investigaciones del atentado contra la AMIA tuvo motivaciones de política local que nada tenían que ver con el desarrollo de la causa.
Según el cable del embajador norteamericano la maniobra del fiscal Nisman fue para congraciarse con el Gobierno Nacional, que le habría dado instrucciones en ese sentido, con la intención de contrarrestar la imagen negativa del Poder Ejecutivo, con motivo del conflicto con el campo y el incremento de la inflación, mediante la noticia de la detención de un ex Presidente, de un ex Juez y de otras personas. Además quedaba bien con el kirchnerismo al perseguir a sus enemigos políticos.
Los que por razones obvias nos interesamos oportunamente por esta causa supimos desde el principio que se trataba de una maniobra maliciosa, aberrante y bochornosa, porque no había absolutamente ninguna prueba seria de la que se pudiera deducir el supuesto encubrimiento de una persona que ni siquiera estaba procesada en la causa. Más aún, el supuesto sujeto encubierto habría formado parte de la denominada “pista siria” mientras que el propio fiscal y la justicia argentina les adjudicó el atentado a personas de origen iraní. El Gobierno Argentino también se pronunció en ese sentido y pidió ante distintos foros internacionales que apoyen el pedido de extradición ante Irán. Esta grave contradicción revela hasta que punto fue burda la maniobra del Fiscal Nisman a la que lamentablemente adhirieron algunos jueces, seguramente influenciados por la repercusión pública que en forma deliberada se le otorgó a esta causa.
Por otra parte el cable también informa que el Fiscal Nisman aspiraba a convertirse en juez federal, dando a entender que esta era también otra motivación para su actuación tan arbitraria. Sobre el particular cabe recordar que la esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, había sido designada por el Gobierno de Kirchner como jueza federal de San Isidro en el año 2006.
Utilizar los mecanismos de la justicia para atentar contra la libertad de las personas es de por sí deleznable, no solo porque afecta uno de los derechos fundamentales del hombre, sino también porque muchas veces ocasionan situaciones irreparables, como lo ocurrido a raíz de este caso con mi hermano Munir que a partir de la falaz acusación de Nisman en su contra entró en un estado de profunda depresión que agravó su salud y lo llevó a la muerte en el pasado mes de noviembre.
Esta causa judicial como muchas otras motivadas por razones estrictamente políticas agrega otra lacra a la justicia argentina